Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De implementarse el acuerdo final en el menor tiempo posible se podrá avanzar con mayor celeridad en la solución de algunos de los problemas que afronta el país y que por diversos motivos no se han podido resolver como es el relacionado con el problema de la concentración de la tierra y su desaprovechamiento como elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de la economía del país, factor este que contribuyó a desencadenar la violencia y que probablemente podrá ser objeto de una reforma integral del campo una vez terminado el conflicto armado con base en el acuerdo suscrito entre la insurgencia de las FARC-EP y el presidente Santos, quedando pendientes los acuerdos con los demás actores del conflicto para los cuales también tendrá que llegarse a una solución negociada del mismo.
No obstante lo anterior y a pesar del empeño que se ha puesto en este caso, la clave de todo este esfuerzo dependerá fundamentalmente del cumplimiento de los acuerdos, no solo del lado del movimiento guerrillero sino del gobierno que hoy recibe las críticas de varios sectores sociales que se quejan del incumplimiento de los acuerdos suscritos con anterioridad, tal como sucede con los camioneros que aducen la falta de voluntad política del gobierno para cumplir con los acuerdos celebrados durante el pasado paro realizado por dicho gremio.
El otro aspecto preocupante es el que tiene que ver con la apropiación de los recursos disponibles para atender los compromisos y obligaciones derivados de los acuerdos, los cuales no se podrán financiar con las simples ayudas internacionales ni tampoco incrementando la deuda pública y el crecimiento del déficit fiscal, en momentos en que el país atraviesa por un proceso de desaceleración de la economía que se pretende resolver reduciendo los impuestos al empresariado y cargándoselos a la población que vive de su trabajo, en un afán por garantizar la seguridad tributaria y jurídica al gran capital financiero nacional e internacional, para lo cual el gobierno se apresta a presentar una nueva reforma tributaria que recoge en este sentido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Ocde.
La financiación del acuerdo final no podrá hacerse a partir de gravar las rentas de trabajo ni el consumo popular de los productos, bienes y servicios de la canasta familiar. Tampoco se podrá financiar recortando el gasto social en educación, salud, vivienda, alimentación para los niños, saneamiento básico, etc., que por lo demás no pueden tampoco continuar siendo un negocio y una forma descarada de estimular el asistencialismo, la demagogia y el clientelismo político que conducen así mismo al populismo de derecha o de izquierda que hoy se practica en el país.
Invitamos a todos los ciudadanos a exigir públicamente y a través de sus organizaciones políticas y sociales el cumplimiento de los acuerdos en la convicción de que con su aplicación y efectividad no solo es posible acceder a sus beneficios económicos, a la reconstrucción de la verdad histórica, a la aplicación de la justicia y a la reparación de las victimas, si no a afianzar la paz en favor de toda la sociedad, que a través de las generaciones presentes tendrán que defenderla como su mejor patrimonio desde el punto de vista económico, político, social y cultural como premisa esencial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.