Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley de Reforma Tributaria y el conjunto de su articulado presentado por el gobierno al Congreso de la República, se puede decir que el mismo consulta las orientaciones de la Ocde y de la Comisión de expertos designados para dicha reforma. Su principal objetivo consiste en “tapar el huevo fiscal y presupuestal” que según algunos especialistas sobrepasa los 40 billones de pesos, producto de una desacertada política económica, financiera, fiscal y cambiaria que coincidió con la reducción dramática de los precios de los comodities y la devaluación del peso, generándose un desequilibrio en las cuentas internas y externas que maneja el Estado, ligadas al control desordenado de los recursos monetarios que en buena parte se despilfarraron en el mantenimiento y sostenimiento del costoso aparato estatal, particularmente en los relativo a los gastos de funcionamiento y generales, el costo de la deuda pública y del gasto social que terminó usándose para pagar favores políticos (mermelada) y promover el asistencialismo mendicante y electorero de algunos sectores sociales, impidiendo que se pudiera ahorrar lo suficiente para atender las necesidades crecientes en medio de la bonanza petrolera.
La falta de previsión en el cálculo de los ingresos y su relación con los gastos llevaron al gobierno a una situación de un mayor déficit que hoy se pretende superar parcialmente con la imposición de una reforma regresiva, inequitativa y polarizante, que seguramente será aprobada con la anuencia de los partidos de la unidad nacional del gobierno del presidente Santos en medio de la protesta popular del pueblo colombiano.
Con dicha reforma serán reducidos los impuestos al gran capital y se gravará con mayores tributos las rentas de trabajo y los bienes de uso y consumo masivo de los contribuyentes. La clave de todo este andamiaje estriba en la disposición de trasladar a las clases y sectores medios de la población el peso de la carga impositiva que según se dice permitirá que crezca el recaudo del gobierno nacional central de un 14.9% en la actualidad al 16.8% del PIB, lo cual se reflejará en una tasa de inversión del 29.6% o sea 1.7 puntos por encima del escenario de no ser implementada la mencionada reforma. A su turno el ministro de hacienda afirma que durante los dos primeros años de la reforma los costos de la misma se trasladarán a los sectores de alimentos procesados, bebidas azucaradas, textiles, vestidos, servicios públicos, combustibles, periódicos, servicios, celulares, etc.
La experiencia práctica e histórica ha demostrado que no es cierto que con la ampliación de la base tributaria crezca la inversión y el ahorro, ni que se mejore la competitividad y con ella la economía nacional y más aun en un país como el nuestro en donde la evasión y la elusión se han convertido conjuntamente con la corrupción y el ofrecimiento de dádivas por parte del gobierno nacional a la clientela política en un fardo muy pesado de cargar para las finanzas públicas y el cumplimiento de la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.
Es de anotar que los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen legal de los contratos de estabilidad jurídica, continuarán gozando de los mismos beneficios allí establecidos, en tanto que los inversionistas que posean recursos en el exterior o realicen operaciones con moneda nacional o extranjera cuyos capitales y excedentes puedan ser repatriados, se considerarán exentos del gravamen a los movimientos financieros.
Por supuesto que desde algunos sectores de opinión se considera que una verdadera reforma tributaria debe tener como objetivo principal por ejemplo, eliminar las excepciones y deducciones que solo benefician a unos pocos contribuyentes, además de no gravar los bienes de la canasta familiar e imponer mayores impuestos a los dividendos del capital improductivo y a las excesivas utilidades del sector financiero, etc., con lo cual se supone será posible garantizar el equilibrio fiscal y mantener el aparato del Estado, atendiendo al gasto público social que crecerá exponencialmente una vez entren a regir los acuerdos de La Habana con los ajustes convenidos por las partes durante la etapa del post-conflicto.
Con todo lo que representa y defiende el gobierno del presidente Santos en relación con la reforma tributaria, la misma no ofrece una solución integral en favor de los contribuyentes, pequeños y medianos comerciantes e industriales del campo y de la ciudad, como tampoco constituirá un alivio a las personas naturales que en lo fundamental viven de su trabajo y que tendrán que pagar más IVA, además de los impuestos de consumo y a las rentas provenientes del trabajo, mientras que a los grandes empresarios, monopolios y conglomerados económicos se les dará un tratamiento diferenciado, que hacen de esta reforma un instrumento de inequidad y desigualdad social.
Y de ahí la necesidad de que los ciudadanos dejen oír su voz de protesta en contra de dicha reforma que privilegia a unos pocos y castiga a la inmensa mayoría del pueblo colombiano en contravía de lo que establece la Constitución Política en el sentido de que la tributación debe ser justa, equitativa y progresiva y ampliamente discutida de manera democrática en el órgano legislativo.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social