Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En Colombia como en muchos otros países los ciudadanos tienen el deber constitucional y legal de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, lo cual se lleva a cabo a través del pago de los impuestos que recaudan las autoridades tributarias. No obstante lo anterior no todos los ciudadanos cumplen con dicha obligación, pues no solo es que no pagan sus impuestos sino que además pagan un porcentaje mínimo, en este caso contando con el beneplácito de los gobiernos que logran que los Congresos y Parlamentos aprueben un tipo de reformas tributarias que tan solo benefician a determinados sectores económicos y sociales, en tanto se descarga la mayor parte de los impuestos sobre las clases y grupos sociales, que en su condición de asalariados, pequeños y medianos propietarios y comerciantes de viviendas y negocios, se ven obligados a pagar diversos gravámenes que en su conjunto afectan sustancialmente su capacidad económica y su bienestar social.
Todo esto es posible en medio de unas condiciones económicas y políticas en las cuales el Estado no expresa por igual los intereses de todos los ciudadanos dándose un trato desigual entre aquellos contribuyentes que poseen grandes recursos económicos frente a aquellos que no tienen mayores recursos y en lo fundamental viven de su trabajo, circunstancia ésta que por lo regular se refleja en cada una de las reformas que se han aprobado recientemente en el país.
En la actualidad en el mundo capitalista globalizado los Estados se financian en gran medida con los recursos de los denominados impuestos indirectos, que gravan en igual proporción al pobre y al rico que demandan de bienes de uso y consumo, incluyendo aquellos que integran la canasta familiar. En este sentido dicha práctica no resulta ajena a la que se realiza en nuestro país, la cual se extiende a toda clase de productos y servicios, reflejándose en el proyecto de reforma tributaria, que por lo demás reduce los impuestos con que se gravan las rentas de capital. No sobra agregar que en nuestro Nación los gobiernos de las dos últimas décadas han venido financiándose con la venta de las empresas públicas que ofrecen por debajo del costo de oportunidad, acabando de ésta manera con una de las fuentes principales de ingresos que posee todo Estado para atender las necesidades sociales de la comunidad y los proyectos de inversión en diversas áreas de la producción y de la economía nacional.
Desde luego que la raíz del problema no radica simplemente en que los sectores más pudientes no pagan lo que debieran pagar y en consecuencia el Estado no cuenta por tanto con los recursos disponibles para atender sus compromisos constitucionales y legales, lo cual ha servido de pretexto para dejar de cumplirlos y abandonar las regiones más necesitadas del país, en donde el Estado continúa siendo el gran ausente e impulsor del progreso económico y social, al tiempo que invierte parte de los recursos del presupuesto en aquellos municipios y departamentos en donde tienen asiento las clases y las fuerzas económicas y políticas que integran el partido o partidos de gobierno que dirigen el país.
Ahora bien, es sabido que buena parte de los recursos del presupuesto que hoy ascienden a 224 billones de pesos aproximadamente, se utilizan para cumplir con el pago de la deuda pública interna y externa, el gasto militar y el sostenimiento de la burocracia y demás gastos generales, equivalente a un porcentaje que en este momento sobrepasa los ingresos tributarios y no tributarios del Estado, generándose un gran déficit fiscal y presupuestal que según algunos estimativos ascienda a 40 billones de pesos. Lo más grave de todo esto radica en el hecho de que de no poderse recaudar los impuestos que contiene la reforma tributaria, se afectarán sensiblemente según dice el ministro de Hacienda, la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento básico y la entrega de subsidios destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Algunos sectores de opinión consideran que sí todos los colombianos pagaran sus impuestos, el Estado podría además de cumplir con sus obligaciones sociales, impulsar el crecimiento y el desarrollo de la economía, aumentar el empleo y garantizar el bienestar general de todos los colombianos.
Dicho argumento aparentemente lógico y racional entra en contradicción con una realidad social que nos indica que los que tienen menos pagan más, en tanto que los tienen más pagan menos, circunstancia esta que se desprende del contenido mismo del proyecto de reforma tributaria, con el cual se busca reducir el impuesto de renta al gran capital, imponer un impuesto irrisorio a los dividendos y mantener los beneficios tributarios a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, que tampoco pagan impuestos sobre las remesas de dinero que trasladan a sus casas matrices o a sus paraísos fiscales.
De acuerdo con el citado proyecto de ley, se autoriza a los Concejos municipales para modificar la tarifa de impuestos de industria y comercio y se crea un nuevo impuesto sobre el servicio del alumbrado público, que tendrán que pagar todos los propietarios de bienes inmuebles, independientemente de que los mismos estén desocupados o no, lo cual incrementará la factura de los servicios públicos.
Bien vale la pena traer a colación las consideraciones del actual director de la DIAN, quien admite que con la reforma se incrementará la inflación como consecuencia del aumento del IVA del 16% al 19%, siendo este impuesto el más regresivo e inequitativo que conjuntamente con el del consumo, conseguirán depreciar aun más el valor del salario de los trabajadores y al contrario de lo que sostienen sus defensores, generará mas desempleo, recesión y con ello mayor desigualdad e injusticia social.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social