Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque el Estado destina un porcentaje del presupuesto nacional para atender diversos programas sociales que cubre con la entrega de subsidios en favor de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad (familias en acción, mayores adultos, viviendas gratis, etc.), el país sigue siendo el más desigual de la región, de menor bienestar general y pocas oportunidades de trabajo. Y de ahí que se considere al sistema fiscal y presupuestal como el factor más importante de redistribución de las rentas orientadas a atender las necesidades y a limitar o por lo menos a atenuar las diferencias entre las diversas clases y grupos sociales en que se encuentra dividida la sociedad. Sin embargo la experiencia práctica y el análisis de los fenómenos y procesos sociales nos indican que cualquier cambio en la distribución material de la riqueza es imposible de llevar a cabo sin modificar la estructura económica de la sociedad en lo atinente a las relaciones de producción, distribución y consumo basadas exclusivamente en la propiedad privada sobre los medios de producción de los bienes y servicios que se producen con el trabajo de vastos sectores de la población, en tanto que desde el punto de vista fiscal, únicamente existe la posibilidad de que aquel que recibe más altos ingresos pague mayores tributos, cuando no es que en la propia legislación tributaria aparecen pagando aquellos contribuyentes que en lo fundamental viven de su trabajo, tal como sucederá de aprobarse la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República.
Es de conocimiento público que en Colombia se acrecienta la tendencia a reducirle los impuestos al gran capital, extendiéndose la base gravable a aquellos contribuyentes que trabajan o son propietarios de sus viviendas y pequeños negocios, al tiempo que se incrementan los impuestos indirectos con los cuales se gravan en igualdad de proporciones a ricos y pobres, transgrediéndose de esta manera el principio de progresividad establecido en la Constitución.
Por otra parte respecto de la fijación del salario mínimo que debe ocurrir en el próximo mes de diciembre habrá que decir que su incremento anual seguramente no corresponderá a un aumento real del salario en proporción con los precios de los artículos sino con la recuperación parcial de la capacidad de compra de los trabajadores que siempre está por debajo del valor de la canasta familiar y que por supuesto hará que estos resulten afectados con la nueva reforma tributaria.
Es de anotar que la decreciente pérdida del valor del salario deriva del alza en los precios de los artículos de uso y consumo y de la inflación cercana al 7%, que genera a su vez una baja en la producción y por consiguiente una disminución de la actividad laboral que se traduce en un mayor desempleo que se agrava aún mas con el aumento de la demanda de trabajo barato, el incremento de los precios de los bienes y servicios, de los impuestos, la desaceleración económica y la implementación de nuevas tecnologías, etc.
La realidad es que en países como Colombia el Estado capitalista neo liberal no tiene la capacidad de contener las fuerzas espontáneas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios acorde con la ley de la oferta y la demanda, como tampoco pueden impedir que los monopolios impongan los precios que les convienen en medio de la competencia y con la anuencia de las autoridades y los partidos políticos, cuyo papel es consolidar los lazos entre los gobernantes y los conglomerados económicos del gran capital nacional e internacional que constituyen el verdadero poder tras del Estado.
Los trabajadores y en general los ciudadanos del común deben estar atentos y reaccionar ante la posibilidad inminente de que el gobierno Santos termine reduciendo el gasto social, imponiendo nuevos impuestos y decretando el pago de un salario mínimo muy por debajo de la capacidad de compra del pueblo colombiano con lo cual se desmejorará su condición social y su estado de bienestar general.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social