Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Ante la ineficiencia e inoperancia de la administración pública los caleños se han visto en la necesidad de acudir a la justicia para que esta rectifique las medidas y políticas públicas, tal como acaba de suceder con una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle relacionada con el sistema de transporte masivo MIO.
Lo grave de lo anterior es que se esperan nuevas decisiones sobre el particular que dejan entrever la forma equivocada como se realiza la gestión pública en la ciudad de Cali.
Mientras tanto se repite la historia con la aplicación de otras políticas públicas que se mantienen a pesar de sus falencias, improvisación y sobrecostos con las cuales no solo se afecta a la población sino que se genera un claro detrimento patrimonial.
El problema radica en buena parte en la concepción de ciudad que tiene el gobierno que considera que su labor debe circunscribirse a solucionar exclusivamente los problemas de algunos sectores específicos y de algunas capas medias de la población, olvidándose de los problemas generales y estructurales que afronta el conjunto de la población caleña.
En este caso todo se resuelve con soluciones coyunturales que terminan agravando los problemas y dificultando las soluciones de los mismos. Pero además tampoco se resuelven de manera adecuada aquellos problemas particulares que hoy se han convertido en una constante del abandono, la desidia y la ineficiencia administrativa, como son la necesidad de mantener en buen estado la malla vial de la ciudad, mejorar la construcción de los alcantarillados, construir nuevos andenes en el centro y demás sectores de la ciudad, etc.
Paradójicamente estas preocupaciones y otras de mayor trascendencia para la vida de los caleños surgen cuando en la ciudad se presenta una tragedia anunciada como la sucedida en Siloé en donde perdieron la vida varios de sus habitantes como consecuencia del desbordamiento de las aguas lluvias ante la inexistencia de redes de alcantarillado que debieron construirse de tiempo atrás, obra ésta que no constituye ninguna prioridad para la administración y respecto de la cual EMCALI y Planeación Municipal tienen una gran responsabilidad social y administrativa respectivamente.
Por supuesto que estos problemas no se resuelven con la implementación de la pomposa reforma administrativa que entrará en vigencia el próximo año y que como se ha podido establecer concentra y centraliza aún mas el poder de decisión del alcalde que hará gala de su autoritarismo e incluso cercenará la iniciativa y autonomía de sus funcionarios subalternos encargados de la gestión pública a través de las secretarías y departamentos administrativos.
Los ciudadanos tendrán que hacer el balance de la gestión del actual alcalde a propósito de la terminación del primer año de su gobierno, en la seguridad de que será posible constatar que su gestión poco o nada ha contribuido con llevar el progreso y el bienestar al conjunto de la comunidad caleña que se siente defraudada con la gestión desarrollada hasta la presente por el alcalde, únicamente valorada por aquellos sectores sociales minoritarios que aplauden las medidas populistas de corte asistencialista y de algunos otros grupos sociales que se benefician con la contratación oficial.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social