*Marcel Lopez – Edil comuna 6
El dique de protección de los ríos Cali y Cauca, más conocido como Jarillón, fue construido entre los años 50 y 60. Bordea los costados norte y oriente de la ciudad de Cali y tiene por lo menos 11 asentamientos reconocidos por la Alcaldía. Por ejemplo, el sector conocido como La Playita es una comunidad afrocolombiana reconocida como tal por el estado, cuyos habitantes han demostrado que han habitado las inmediaciones del río Cauca por más de cien años. Otros sectores del Jarillón fueron habitados entre los años 1970 a 1990 con un común denominador, la permisividad estatal para construir en el dique.
El Jarillón se fue poblando en las narices del Estado, que en algunos casos alquiló los terrenos para el desarrollo de actividades agrícolas, en otros, los terrenos fueron adjudicados a propietarios que hoy poseen escrituras por las mejoras y pagan impuestos como el predial e industria y comercio (en el caso de las unidades productivas). En todos los sectores la Alcaldía asignó nomenclatura a las viviendas y tendió redes de servicios públicos. Por su parte, en el Jarillón de Navarro, la escuela pública y el centro de salud del corregimiento están ubicados en la pata húmeda del dique, así como la Inspección de Policía. En resumen, el Jarillón fue poblado con la total anuencia, permisividad e incluso apoyo del estado.
Miles de familias se asentaron en el Jarillón y muchas desarrollaron una vocación agrícola que hoy se mantiene y otra buena parte de ellas creó empresas que en la actualidad dan empleo. La Personería Municipal ha reconocido que existen por lo menos mil unidades productivas en el Jarillón.
En consecuencia, en los 26 kilómetros de extensión que tiene el Jarillón existen 8 mil hogares que corresponden a 25 mil personas, aunque en realidad podrían ser más si se tiene en cuenta que el censo aplicado por la Alcaldía en el dique , presentó irregularidades. Tanto, que la Personería señaló en un informe del año pasado que “al momento de realizar la verificación muchas personas quedaron por fuera, porque no se encontraban en el momento de la aplicación de la ficha, no se presentó claridad sobre la identificación de los núcleos familiares distintos. Tampoco se conoce la metodología utilizada para la aplicación de la ficha de verificación”. Los habitantes del Jarillón no sabían ni que los iban a censar ni cuál era el propósito de dicho censo.
Es decir, son miles de familias las que la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional quieren reubicar a la fuerza . Lo anterior es importante señalarlo dado que el proceso de desalojo del Jarillón puede ser el de mayor dimensión que ha vivido la ciudad por causas no violentas.
Ante los argumentos estatales y aún con cierto escepticismo, las comunidades afectadas han solicitado diálogo y concertación, pues ellas también tienen sus razones y argumentos para ser tratados como derechosos de esta zona de la ciudad. Sin embargo, la Alcaldía de Maurice Armitage, tal como la de su antecesor Rodrigo Guerrero, se han empeñado en darle al problema del Jarillón un tratamiento antidemocrático y violento. En este despropósito, a ambas administraciones no les ha faltado el apoyo del Gobierno Central en cabeza de Juan Manuel Santos, que en una ocasión envió a Cali al super – ministro Néstor Humberto Martínez (hoy Fiscal General de la Nación) a amenazar, literalmente, a quienes osaran oponerse a los planes de la Alcaldía en el Jarillón.
Y es que con justa razón los habitantes del Jarillón han denunciado el maltrato por parte de las autoridades, pues desde el 2014 se han realizado una buena cantidad de operativos de desalojo. La Secretaría de Gobierno del Municipio ha ordenado la demolición de cientos de viviendas amparada en un fallo judicial que en nada tiene que ver con el Plan Jarillón, hecho que es ocultado por la Alcaldía y los medios de comunicación tradicionales de la ciudad.
Los desalojos han sido posibles mediante la fuerza pública, en ellos participan centenares de miembros del ESMAD, un buen número de efectivos del GOES y cuadrillas enteras de contratistas que derriban las casas indiscriminadamente. Han sido de tal magnitud los atropellos, que la misma Personería Municipal ha señalado que: “con relación al proceso de desalojo se han presentado varias problemáticas con respecto a las notificaciones de las diligencias a los hogares; y el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, quejas que se encuentran en investigación”.
Los sectores más afectados han sido Venecia y Las Vegas, quienes a pesar de invocar argumentos socioeconómicos y jurídicos sobre la inconveniencia de seguir los desalojos violentos, siguen sufriendo los más despiadados tratos por parte de las autoridades.
En una lógica perversa, la Alcaldía obligó a los ciudadanos a tomar posesión de unos apartamentos que no superan los 50 metros cuadrados, ¡para que sean ocupados por familias de 4 o más integrantes!. Muchos hogares del Jarillón tuvieron que ubicarse junto a familias de distintos sectores de la ciudad, lo que generó que en estos proyectos habitacionales (Potrero Grande, Llano Verde y Río Cauca) se reproduzcan problemáticas como la violencia, el consumo de SPA, y en últimas, la pobreza, pues muchas de estas familias ven reducidas sus oportunidades de empleo y por consiguiente, la falta de capacidad de pago de rubros elementales como los servicios públicos domiciliarios.
La oferta del gobierno para las familias del Jarillón se limita al otorgamiento de un subsidio de arrendamiento irrisorio durante un plazo que no supera los seis meses. Es decir, hoy la Alcaldía no tiene ninguna oferta de vivienda para los habitantes, entre otras razones, porque el proyecto que se erigía como la solución final, se frenó abruptamente, estamos hablando de EcoCiudad Navarro, llamada después Ciudadela CaliDA, una iniciativa que busca construir 6 mil apartamentos colindantes con el antiguo relleno sanitario de la ciudad, que por fortuna fue señalado por la comunidad científica y la Contraloría de Cali como inviable.
Mientras que la Alcaldía se empeñe en mantener como una oferta los subsidios a corto plazo, viviendas diminutas, o peor aún, los apartamentos construidos al lado del antiguo basurero, el problema del Jarillón no tendrá una salida de corto plazo.
Recientemente se instaló una mesa de concertación entre las comunidades y la Alcaldía a instancias de la Defensoría del Pueblo, lo que podría ser, si existe la voluntad de diálogo gubernamental, un buen escenario para buscar acuerdos que permitan dar una salida efectiva y respetuosa con la gente. Mientras tanto, y aún con la mesa de concertación convocada, los desalojos en Venecia y Las Vegas continúan. Gracias a Armitage, los vecinos del sector viven una amarga navidad.
REFERENCIAS
“Seguimiento al Plan Jarillón de Cali – PJC Línea de Acción Reducción de la Vulnerabilidad Social, por el Derecho a la Ciudad”. Procuraduría Provincial y Personería Municipal de Santiago de Cali. 2015.
Ciudadela CaliDA ¿Eco-sostenible?:
http://comunicaciones.univalle.edu.co/InformesPrensa/2014/septiembre/OC-359-2014.html
“Zona aledaña al antiguo Navarro no debe habitarse”:
http://comunicaciones.univalle.edu.co/InformesPrensa/2014/septiembre/OC-380-2014.html
Contraloría de Cali alerta sobre riesgos de construir en Navarro:
*Marcel López, Edil de la Comuna 6,
Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle y ex-representante estudiantil al Consejo Académico de la misma.
Colaborador académico del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo.