Por Emilio Escobar Gutiérrez
A pesar del título, no me referiré a la gravísima situación de inseguridad que se vive en nuestra ciudad en donde se ha vuelto una verdadera odisea realizar tareas rutinarias tan elementales como retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos o en ventanillas de bancos, para pagar la mensualidad del vigilante de la cuadra, o el sueldo de nuestra abnegada empleada encargada de los servicios domésticos, por acción de infinidad de bandas de hampones que nos acechan para atacarnos en un semáforo o a la entrada a nuestras casas.
El tema del día es la pugna que se ha establecido por cuenta de un gobernante municipal, sus secretarios y un Concejo de bolsillo que se han creído omnipotentes y omnisapientes, y que han tratado de imponer sus planes sin tener en cuenta la concertación ni el consentimiento de la comunidad.
Esta actitud ha generado un sentimiento de rechazo por parte de ciudadanos quienes se han visto atropellados por quienes, en lugar de gobernar con y para ellos, se han dedicado a modificar leyes y estatutos para lograr sus propósitos aún a costa de violaciones y abusos como es la IMPOSICIÓN y no CONTRIBUCIÓN para un paquete de obras, algunas necesarias que pueden contribuir al desarrollo de la ciudad, y otras realmente absurdas que nada aportan al mejoramiento de la urbe.
A quienes no transigimos con los abusos de quienes han sido elegidos para que nos procuren un mejor vivir y no para que se lucren de su posición, se nos ha vuelto casi una pesadilla y una afrenta el recibir cada mes unas facturas por concepto de “VALORIZACIÓN”, con sumas por pagar considerables en razón a que han sido establecidas, más no calculadas, con base en “presupuestos” que no corresponden a proyectos debidamente madurados, o que no generan mejoramiento alguno en el avalúo comercial de nuestra residencia.
Así, nos sentimos en una guerra en la cual nuestros “elegidos” nos bombardean implacablemente mientras nosotros, inermes, debemos permanecer acorralados, amenazados y embargados por cuenta del traslado inconsulto de costos de lujosos colegios que debieron construirse con dineros del Ministerio de Educación, o plazoletas dotadas de locales y parqueaderos que otros van a explotar económicamente, o inútiles hundimientos de vías que, en vez de solucionar problemas de movilidad, van a generar aislamientos y áreas de alto riesgo. Es la guerra entre quienes quieren imponernos a toda costa sus planes y quienes debemos pagar, con intereses de mora, por lo que no se nos ha dado o, al menos, por lo que no nos corresponde costear.
A pesar de que sus zonas de influencia están a varios kilómetros de mi casa, contribuiría con gusto a la continuación de la avenida circunvalar, a una solución vial al cuello de botella frente al hospital San Isidro, a los puentes de la intersección de la calle 70 con carrera octava.
Pero, por el contrario, en mi barrio, La Flora, hemos tenido que asistir a cierres prolongados de vías importantes por acción de ineficientes y lentos contratistas, para efectuar cambios de redes de servicios públicos que, entre otras cosas, también nos están cobrando por Valorización cuando esos trabajos deben ser realizados con el presupuesto de EMCALI, a una sobre utilización de la avenida cuarta, vía que fue construida para el tráfico liviano de un sector netamente residencial y que por obra y gracia de los magos de la Alcaldía, se convirtió en un caos de tránsito, en una ruinosa vía que, por su mal estado, hace que se sobre-utilicen también otras calles del barrio, aumentando el daño en nuestro entorno y que ha generado una oferta inusual de propiedades en venta, factores éstos que han dado, como resultado, la disminución del valor comercial de todas las propiedades.
En virtud de tanto desacierto o maniobras anormales del alcalde y sus “colaboradores”, cada mes, al recibo de la aborrecida factura de Valorización, se sienten deseos de devolverla sin pago al CAM con una nota de rechazo, como lo haría cualquier cliente a quien le cobran bienes que no le han dado, servicios que no le han prestado, o por concepto de algo cuyo valor deben pagar terceros.
¿Por qué no lo hacemos quienes sentimos que se nos están vulnerando nuestros derechos, como un acto de defensa de nuestros intereses en esta guerra urbana?