Por Emilio Escobar Gutiérrez
“Cambios en las redes de Servicios Públicos deben ser costeados por las empresas que los prestan”
Es indiscutible que toda ciudad requiere obras de mantenimiento, de desarrollo y de adaptación a su crecimiento, para brindar comodidades y calidad de vida a sus habitantes.
Pero lo que es inaceptable es que un gobierno municipal tome, como bandera, la ejecución de proyectos sin planeación ni concertación, sin sustentar sus beneficios, sin elaborar los presupuestos necesarios para calcular la consecución de los recursos económicos y la financiación adecuada y, para colmo de males, se empecine en la ejecución de monumentos de concreto, metal y vidrio sin una concepción práctica para su utilización, como es un centro educativo gigantesco, en un sector de grandes necesidades, circundado por vías de alto tráfico, sin facilidades de acceso para educandos y padres de familia, en vez de adecuar o reconstruir otras edificaciones ya desvencijadas y presas del abandono, pero distribuidas por todo el sector, cerca de los hogares que van a recibir su beneficio.
Construir plazoletas con locales comerciales y parqueaderos para el beneficio y explotación futura por parte de terceros, es un despropósito, máxime cuando su costo saldrá, mediante imposición oficial, del bolsillo de los propietarios de bienes inmuebles de la ciudad.
Además, la ejecución de cambios de redes de servicios públicos que deben ser a cargo de las empresas que los prestan, o reposición de pavimentos para lo cual existen recursos específicos en el erario municipal, amén de proyectos absurdos que en nada solucionan problemas de movilidad y que, por el contrario, constituyen un riesgo potencial para los transeúntes, constituyen el paquete de desaciertos e irregularidades en las que ha incurrido la actual administración municipal de Santiago de Cali.
Todo lo anterior, sumado a las irregularidades en las contrataciones de su ejecución y al cobro abusivo del IMPUESTO, que no CONTRIBUCIÓN, por concepto de Valorización por Beneficio General, con embargo de bienes incluido, han generado un aura de rechazo al proyecto de supuesto plan de MEGAOBRAS emprendido en forma desordenada por el alcalde, al punto que la recaudación que esperaba ha sido deficitaria, en parte por la incapacidad económica de muchos caleños para atender esta carga adicional a su maltrecho presupuesto familiar, o a la decisión firme de quienes, gozando de una situación económica más cómoda, se niegan a dejarse desplumar con cobros oficiales abusivos por obras que la ciudad no necesita, o que no les corresponde costear porque en nada generan valorización a sus predios. Muchos de estos últimos se mantienen en una posición firme ante el gobierno local, de no aportar a esta exacción, hasta tanto sea revisado el proceso general, se descuenten costos de las obras que no se realizarán y las que no les corresponde, condicionando su pago a una nueva liquidación justa y equitativa y, como esto no se va a dar en el presente mandato obstinado y sordo a las solicitudes de los ciudadanos, esperarán a que se posesione el nuevo alcalde, confiando en una normalización de tan torcido proceso.
Así las cosas, quien ocupe el cargo de mandatario local a partir de enero próximo, deberá hacer un alto en el camino, preferiblemente cambiando el desprestigiado plan de MEGAOBRAS que entre otras cosas, de MEGA sólo tienen el costo y el número de ilegalidades que lo rodean, por un PLAN MAESTRO DE OBRAS DE DESARROLLO DE SANTIAGO DE CALI, CALI-OBRAS, bien estructurado, acorde con la ley, con procesos concertados, transparentes y sin el odioso ingrediente de la coacción y amenazas que ha distinguido al proyecto de Jorge Iván Ospina.
En la etapa final de la contienda electoral, es recomendable que los candidatos clarifiquen su programa frente a este tema, si quieren capturar votos de ciudadanos indecisos. Palabras como las expresadas por la señora Clara Luz Roldán, quien conserva la línea amenazante del actual alcalde (embargar a “quienes no les da la gana pagar la contribución”), apoyando la continuidad de su proyecto, pocos votantes van a cautivar. Debe recordar que quien querer pagar lo que le cobran sin que le hayan suministrado lo facturado, no incurre en un acto de rebeldía sino de defensa de su patrimonio y de su dinero.