Cómo van a salvar el semestre en UNIVALLE:
En medio de la planeación del retorno a clases el Consejo Académico de la Universidad del Valle acordo con los estudiantes dar dos semanas de flexibilidad académica a partir del momento en que se suspenda el paro y garantizar fechas para la cancelación de asignaturas y de semestre de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. Se acordo tambien que se recuperaría el 100% del semestre y sus contenidos. Estas fechas están supeditadas a la hora cero de la suspensión del paro que sería discutida este lunes por los estudiantes.
En el contexto General:
Después de que empezara el proceso regional de deliberación sobre las condiciones en que cada universidad enfrentará el regreso a clases y el gran reto de construcción de una nueva reforma a la educación superior, las preguntas se dan en torno a las posibilidades de acuerdo entre el gobierno y los estudiantes. ¿Hasta dónde llegarán las exigencias de profesores, estudiantes y universidades? ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno frente a estas?
Las pistas para la respondernos la primera pregunta están en el llamado Programa Minimo; pero en lo que respecta a los limites del gobierno no hay nada escrito.
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane. Ha empeñado de nuevo su palabra con la comunidad estudiantil al platearse como meta la construcción de formas de participación efectivas de todos los estudiantes en la construcción de la reforma. Garantizar esta posibilidad es algo que puede ralentizar el proceso pero parece ser la primera exigencia lógica de un movimiento que desde el principio se planteó a sí mismo como un encuentro de diferencias.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha bajado el tono y la forma en que encara la comunicación con los estudiantes después de que lograran que el gobierno reconociera la improcedencia de una reforma que no se había construido con la participación de las universidades y sus estudiantes.
Ahora el Gobierno está hablando de empezar los diálogos lo más pronto posible. Lo anterior puede ser otro encuentro desalentador conociendo los ritmos con los que se mueve el multitudinario movimiento. Los voceros de la MANE lo han dejado claro al recordarle al gobierno que sólo podrán sentarse a la mesa cuando las asambleas estudiantiles de cada universidad tomen sus decisiones y los autoricen a continuar con su vocería y establezcan los términos.
En las universidades se definen los acuerdos que permitirán concretar los diálogos con el Gobierno, así como la forma en que se “salvará el semestre” y los voceros de la Mane que debatiendo el proyecto frente al gobierno.
Al parecer el proceso de diálogo con el Gobierno dependerá de las decisiones que tome la Mane los días 3 y 4 de diciembre. De allí saldrían la metodología y el cronograma que se le propondría al Gobierno.
Allí es donde se pondrá a prueba la organización estudiantil y su capacidad de llegar a acuerdos al interior del mismo movimiento.
Una pregunta ronda las mentes de los involucrados ¿Por dónde arrancar?
Mientras el gobierno espera basarse en la Ley 30 vigente, según afirma la ministra. Los estudiantes podrían estar trabajando en otra propuesta alternativa. Una qué podría ir un poco más allá de la “buena voluntad” del gobierno.
Está clarísimo que para el movimiento estudiantil colombiano ni la Ley 30 ni el proyecto de reforma son un punto de partida. La primera sería la culpable de la situación de “banca rota” y des financiación de las universidades y la segunda se les presenta como una profundización del modelo que llegaría a acabar con cualquier rastro de calidad, autonomía y carácter verdaderamente público y social.
El verdadero fondo del asunto está en la posibilidad de una educación superior gratuita, de mayor cubrimiento y calidad. Y en los cambios radicales en cuanto a su financiación, un tema en el que se mezclan cuestiones económicas bastante “difíciles” cuando se las ve desde el modelo, digamos, “ liberal” del Estado Colombiano y sus políticas para incentivar la inversión extranjera, la minería y otros rubros que tarde o temprano tendrían que llamar la atención de los colombianos.
El punto de partida sería el programa mínimo al que con mucha dificultad a llegado la MANE, son seis puntos que contienen propuestas y exigencias al Gobierno en materia de financiación de la educación superior, autonomía universitaria, bienestar, calidad académica, libertades democráticas y relación entre la academia y la sociedad.
El programa mínimo
Resumen del programa mínimo
FINANCIACIÓN.
• Asegura la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.
• Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; de igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.
• El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.
• Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.
• El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.
DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA
• Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.
BIENESTAR
• Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
• Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.
CALIDAD ACADÉMICA
• Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
• Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.
RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD
• La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
• Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
• El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.
La construcción de una nueva ley de tal complejidad podría durar años. Pero este tiempo que parece largo es desde un punto de vista histórico insignificante. Es por ello que tal vez ese sea el punto que menos parece preocuparles a los estudiantes.
Mientras el gobierno ve el problema en términos de la duración de su propia gestión y de los costos y dificultades que implica no tener una ley que resuelva problemas “urgentes” que la universidad afronta hace casi una década.
Los actores en este gran proyecto de rediseñar la educación superior y la universidad pública no son sólo los estudiantes y el gobierno, allí van también los profesores y se espera la participación de otros sectores de la sociedad que vendrían a dar mayor legitimidad al proyecto; y por qué no, a complicar aún más el asunto.
LA COMISIÓN SEXTA
El retiró de la Ley que vino con un amague de ausentismo a la primera oportunidad, y que los medios parecen haber dejado en el olvido. Es un síntoma que nadie quiso interpretar. Finalmente sólo once de los 18 representantes dieron su voto a favor; mientras otros 7 se consagraron como los siempre ausentes.
SERGIO FERNANDEZ RESUME ASÍ LO OCURRIDO HASTA HOY
En un reciente video Sergio Fernandez, Líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, da una visión general sobre el movimiento estudiantil y el paro que esta en proceso de suspenderse. Explica támbien cómo la firma de Colombia del TLC con Estados Unidos influyó directamente en la redacción del proyecto de reforma a la ley 30. Se refiere tambien al importante papel y el acierto de las decisiones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) para lograr el hundimiento de la reforma y cuál es su compromiso con el movimiento estudiantil para proponer un nuevo modelo educativo para Colombia. Termina invitandonos a todos los colombianos a la nueva MARCHA LATINOAMERICANA POR LA EDUCACIÓN. Convocada por Chile y Colombia para el 24 de Noviembre.