Por Benjamín Barney Caldas
Aparte de sus funciones tradicionales y de las coyunturales propuestas por los alcaldes, debería garantizar el control de la vida cotidiana de la ciudad. Es decir, que se cumplan unas mínimas normas de comportamiento y convivencia en ella, obligatorias para todos los ciudadanos y acordadas por el Concejo Municipal. Igualmente se debería ocupar de la seguridad en las vías públicas, y monitorear su limpieza y buen estado, su uso de acuerdo con las normas y de que no se altere su estética, por lo que debe tener jurisdicción sobre las fachadas, antejardines y pórticos de los edificios que conforman las calles, las que hay que entender como públicas.
También debería ocuparse de la vigilancia de las plazas, parques, zonas verdes y, por supuesto, de las cuencas de los ríos que atraviesan la ciudad, y desde luego a lo largo de todo su recorrido. Lo mismo que de las reservas naturales vecinas, las que deben constituir, junto con las explotaciones agropecuarias inmediatas al casco urbano, un amplio cinturón verde, sobre todo cuando la base económica de la ciudad está en la industria agropecuaria, como es el caso de Cali y demás ciudades del valle geográfico del Río Cauca, y que por lo tanto lo debería hacer en estrecha coordinación con la Gobernación del Departamento, cosa que no ocurre actualmente.
Igualmente debería velar por la protección del patrimonio construido de la ciudad, pero no apenas de esos edificios y espacios públicos considerados como bienes de interés cultural, sino todo lo edificado en ella, considerando que representa una considerable inversión económica, energética y social, cuya propiedad privada no lo exime de su responsabilidad para con la imagen de la ciudad, su sostenibilidad y los usos aprobados del suelo. Por lo tanto, debería velar porque se cumplan las normas urbanísticas y arquitectónicas en las construcciones, ya sean nuevas o que se trate apenas remodelaciones, por más pequeñas que sean, o que sean públicas o privadas.
Para todo lo anterior la Secretaría de Gobierno se debería apoyar en una policía municipal, con un pie de fuerza suficiente, debidamente uniformada, y equipada como policía y no a la manera de tropa de combate, como pasa actualmente con nuestra Policía Nacional, la que incluso ahora es parte de las Fuerzas Armadas y no del Ministerio de Gobierno como antes y como debería ser. Una policía civil o municipal existe en muchas ciudades del mundo y la hubo en las de Colombia hasta mediados del siglo XX, y desde luego lo del uniforme no es una bobada como no lo es tampoco elegir bien su nombre, el que podría ser “Guardia Urbana”.
Esta Guardia Urbana debería vigilar el tráfico y garantizar la seguridad de los ciudadanos en los espacios públicos y el mantenimiento del orden público, a las órdenes de las autoridades de la ciudad, dejando que la Policía Nacional y las nuevas entidades que reemplazarán el DAS se ocupen de los delitos y el crimen organizado, pero con las que por supuesto debe estar debidamente coordinada, lo mismo que con la INTERPOL. Lo peor, desde luego, son esos policías en la calle pero con funciones especializadas; los de tráfico ven un raponero en acción y no hacen nada, y los armados ven a alguien pasarse el semáforo en rojo y no lo pueden multar.