La pobreza, la violencia, la mala administración del gobierno, la baja escolaridad, la desigualdad social y, sobretodo, el desempleo, son las causas de que la venta informal de bienes sea un trabajo prácticamente normal para nosotros los colombianos.
Por Andrés Belalcázar
En Colombia existen muchos tipos de venta informal, pero una en particular ha cobrado protagonismo: la reventa informal de minutos de celular. El impacto de esta tecnología de comunicación sobre la vida de los colombianos no sería el mismo sin los revendedores.
Los colombianos que no pueden pagar un plan de minutos mensualmente parecen ser mayoría, de entre ellos, quienes compran celulares en contratos de pre-pago son disuadidos de usarlos por las exageradas tarifas que alcanza esta modalidad. Todos, con plan o no, hacen uso ocasional o diario de los revendedores.
Hasta en 100 pesos se pueden encontrar las tarifas. Cifras anunciadas en telas fluorescentes, casi siempre verdes, que se van percudiendo con el hollín de los escapes hasta tomar esa apariencia de harapo que identifica los negocios consolidados.
La reventa informal de minutos de celular genera en la economía, y en el orden público, un impacto tanto a las empresas distribuidoras de minutos de celular como a las personas que tienen negocios de cabinas telefónicas. Las tensiones más fuertes siempre se dan allí, donde se ve circular la plusvalía y un buen punto de reventa de minutos puede mover hasta medio millón al día según uno de sus empresarios.
Si se suman los lugares exitosos, por ejemplo en el centro de Cali y pensamos en la expansión del fenómeno a todos los barrios, de todas las ciudades y pueblos de Colombia, podemos imaginar por qué las empresas están en guerra con estos informales. No se conocen cifras exactas pero son miles de millones de pesos que las empresas dejan de percibir por el hecho de que en las esquinas se consiguen minutos en cien o ciento cincuenta pesos. Todo ese dinero que se les escapa de las manos (por culpa propia), se reparte entre unos revendedores mayoristas y los minoristas que viven al día en la calle.
Todo empezó por que las tarifas preferentes en los planes pos-pago pueden llegar a ser ridículamente bajas, mientras el servicio en pre-pago se caracteriza por manejar tarifas por encima de los 250 pesos, cuando se llama al mismo operador, y hasta 500 pesos cuando el destino es un teléfono fijo o la competencia.
Este sin sentido de justificación en unas lógicas de mercadeo que retan el sentido común, pero que las compañías se aferran con todos los dientes. Solamente Tigo ha intentado romper con estos abusos apostando por una masificación más justa, así como tarifas menos desiguales. Pero el daño que había sufrido en su imagen y su credibilidad en sus inicios perdura en la mente lenta de los colombianos que siguen fieles a las otras dos empresas y sus tarifas ridículas.
El primer revendedor de minutos fue alguien que había accedido a tarifas increíbles, ya por antigüedad o por tener planes corporativos, la “ilegalidad” arrancó desde arriba. Fomentada por la forma en que se habían estructurado las tarifas. También existieron en los inicios los llamados teléfonos brujos. Líneas clonadas o ligadas irregularmente a la red por las que sus propietarios pagaban una sola vez y aprovechaban ilimitadamente hasta que sencillamente dejaban de funcionar.
Hoy por hoy cualquiera que quiera empezar su propia reventa de minutos puede ir al centro y comprar un chip desde 35 mil pesos, vienen cargados y con fecha de cierre. El problema está en donde ubicarse, no solo porque está prohibido ejercer este tipo de oficio en espacio público, sino porque existen mafias que controlan las calles, incluso se dice que en Medellín todas las ventas de minutos del centro pagan impuesto a ex-paramilitares y sicarios, que se han ido organizando alrededor del comercio informal, como en su tiempo lo hicieron las mafias italianas en E.U. Allí se cobra por protección y por derecho al trabajo. No se sabe si existe la misma situación en Cali pero es de esperarse que así sea.
Por otro lado se encuentran los negocios de Cabinas
“Quienes estamos haciendo un esfuerzo económico, tenemos un establecimiento y pagamos impuestos, arriendos, obligaciones laborales con empleados, carga tributaria de IVA, retención en la fuente y demás tributos fiscales, estamos en desventaja frente a quienes venden minutos en la informalidad”, dice doña Olga, dueña de un negocio en el barrio Ciudad 2000 de Cali.
Se ha vinculado a la venta de minutos una modalidad de estafa por celular en la que sus víctimas realizan cargas a teléfonos desconocidos como requisito para reclamar un premio que han “ganado”, del que les notifican por mensajes de texto. Estas recargas se convierten en dinero contante y sonante en las esquinas donde se venden los minutos.
El origen dudoso de los minutos que circulan por la calle, en algunos casos a precios irrisorios, no es una preocupación para los usuarios. El hecho sencillo es que venden más barato que los mismos operadores y eso es lo que le importa al usuario. Por esta razón negocios legales de cabinas telefónicas se han visto afectados.
Los negocios de cabinas telefónicas legales están registrados ante la cámara de comercio. Ello quiere decir que deben seguir un especificado de normas como el pago de impuestos, el pago al ministerio de industria y comercio, etc. También pagan por el arrendamiento del local y energía, el agua, teléfono. Es por ello que casi siempre sus servicios son diversos y en ellas podemos encontrar desde alquiler de equipos para Internet, hasta seguros para automóviles.
“Mucha gente saca planes de dos o tres meses a nombre de otras personas, dejándolas reportadas luego en Datacrédito, venden los minutos y las líneas luego son catalogadas como un fraude y perdemos dinero” Declara Fabián Moya Rojas, Gerente Regional de Singular.com en Cali, empresa distribuidora de servicios de telefonía celular.
Movistar, la segunda empresa con mas usuarios después de Comcel genera pérdidas de 10’000.000.000 de pesos anualmente, de las cuales la sanción o suspensión de equipos constituyen entre el 1 y el 3.2% en su totalidad. Además de ser sancionadas por fraude, las empresas distribuidoras de minutos de celular están perdiendo cada vez más plata por la gran reducción en las ventas de tarjetas de minutos de celular, en gran parte, por los bajos costos a los que una persona paga por un minuto en la calle.
El crecimiento de la reventa informal de minutos de celular ha traído como consecuencia la creación de leyes para el control de este tipo de empleo.
La ley 1032 del 2006 fue creada como mecanismo para controlar la reventa informal de minutos. Esta ley establece los parámetros bajo los cuales una persona puede ejercer este tipo de labor sin ocasionar daño alguno a las cabinas telefónicas o a las empresas distribuidoras de minutos de celular. Asimismo, el decreto 1900 de 1990, en su artículo 50 estipula: “cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización previa, será considerado como clandestino y el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía, procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos.”
Vivimos en un país que, según la Constitución, se define como un estado social y democrático de derecho. Eso quiere decir que a cada persona se le debe proporcionar un mínimo vital, ¿cómo se logra esto? Lo que si esta a la vista es un país lleno de pobreza y de corrupción, donde el más rico es cada día más rico y el más pobre sale a las calles a buscar la comida, siempre a punto de cruzar la línea de la miseria. Ésa con la que juegan el gobierno y sus estadísticas.
