Ley Lleras, cerebros castrados – Archivo Caliescribe

Por Alex Sterling

La cumbre de las Américas era la ocasión perfecta. Una vez aquietados los ánimos más hormonales de la primera ola de protestas por la llamada Ley Lleras el Congreso la aprobó en vísperas de la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Es difícil no relacionar ambos hechos, sobre todo en el marco de un tratado de libre comercio, que el parlamento del país del norte enredó con exigencias puntuales sobre un tema que es una papa caliente para el gobierno colombiano: Los derechos humanos. Salvada esta petición expresa se firma un tratado que tiene unas implicaciones directas sobre la legalidad del traspaso de archivos en la red. Un acto básico de la cotidianidad moderna, indispensable en la mayoría de los casos, eficiente, base de la adquisición de conocimiento del hombre de hoy en día. La preocupación de los estudiantes, profesores y usuarios en general de la red fue inmediata, masiva y furiosa.

La ley aprobada por la plenaria de la cámara de representantes y el Senado de la Republica trae consigo consecuencias directas para los trabajadores del área audiovisual, para artistas de todas las disciplinas, estudiantes y el público regular, que busca, por ejemplo, escuchar una canción determinada de un grupo musical cualquiera. De ser cierto los rumores apocalípticos que circulan en la red, que reparten en volantes en los semáforos, se estarían penalizando gran parte de nuestras costumbres más regulares respecto a compartir archivos.

Yéndonos la letra de la ley, vemos que por ejemplo se amplió la protección de derechos de autor para obras creadas por personas jurídicas de 30 a 70 años. Un incremento escandaloso, más del doble, en un area en que la informática y el sistema de transmisión de la información desborda la capacidad real de control, y de pertinencia, de esta medida. Este punto en particular afectará a realizadores audiovisuales que tenían un banco de bandas sonoras a su disposición con caducidad amplia. Aterrizado, esto significa que, a la fecha, no se puede utilizar material producido después 1942, dejando por fuera del uso libre a centenares de autores locales y extranjeros que produjeron sus obras y que en gran parte ni siquiera están vivos como para que el sentido común y la decencia nos hagan sentir que robamos su trabajo. Si bien es cierto que mucho del material pirateado es de actualidad, producciones artísticas e intelectuales recientes, este punto particular perjudica la obra misma de estos autores de antaño, que ahora van a ver frenado la difusión del legado que se tardaron tanto en construir.

En Palacio tenían la agenda clara: A la cumbre había que llegar con ese asunto firmado, para poder sancionarlo ahí mismo, frente a Barack Obama, quien representa los intereses de los más afectados por el fenómeno del libre intercambio de información en la red: las disqueras y demás casas productoras de bienes culturales, que ven despellejarse las lógicas de su mercado, ante el derecho reclamado, por fin, de una aldea global que quiere educarse.

Pero, ¿qué tanto coarta el derecho a la información la susodicha ley? En general la ley agrega líneas y modifica las leyes de derechos de autor que ya existían, amparándose en el derecho que tienen los autores de recibir una contraprestación por su trabajo. Dada esta interpretación, difundida en los medios oficialistas por el gobierno que la propone, se podría pensar que son los autores los principales beneficiarios de esta medida que pone un alto a los admiradores parásitos de su trabajo. La contra pregunta es inconfundible: ¿Sí fue pensando en ellos que se redactó esta ley? O mejor… ¿qué piensan ellos, los verdaderos interesados, del proyecto?

Para responder a esto primero recordemos que la Ley SOPA, que no fue aprobada en su texto original por el congreso estadounidense, ya abrió una discusión similar a nivel mundial. Los artistas, en su mayoría, se pronunciaron a favor del libre intercambio y muchos, sobre todo algunos de mucho peso como Tom Yorke, líder de la banda británica Radiohead, se oponen de una manera militante a estas medidas. Algunos incluso le vaticinan una pronta y feliz muerte a la industria discográfica, tal como la conocemos. Muchos grupos han estado produciendo sus propios discos, distribuyéndolos a través de su página oficial por internet, dejando a la conciencia del que descarga el valor de su contribución. Medidas que se han llevado a cabo con éxito, demostrando que un aporte voluntario es suficiente para mantener, incluso, su extravagante y costosísimo modus vivendi de rock star.

Sin el apoyo de los “defendidos” por la ley, todas estas medidas se quedan sin piso moral. El aparato pedagógico se ve limitado por la amenaza que se cierne sobre los centros de fotocopiado cercanos a los centros universitarios. ¿Se calculó la capacidad real de compra de libros originales, que puede sobrepasar los 100000 pesos por unidad, por parte de un estudiantado que, en su mayoría, hace maromas para pagar su semestre o comer?

Es falso, como se anuncia por la redes, que se vaya a penalizar la reproducción de material que ya está colgado en la red. Se penaliza y se castiga con multas a los que se lucran con el ejercicio de dicha reproducción y no a los que comparten por amor al conocimiento. Sin embargo, el atacar a las páginas que distribuyen, agrupan o permiten el intercambio directo de archivos entre usuarios, se está produciendo un efecto devastador en la psiquis de navegante de redes. Ahora la ilegalidad del intercambio electrónico va a poner en ese mismo campo al usuario, o sea, lo va a convertir en un delincuente ocasional, o frecuente, casi que de una forma inevitable, ya que los usos del internet, dada su plataforma tecnológica están edificados sobre esta lógica de traspaso libre. Queda en nuestras manos, como personas libres y sedientas de información que somos, permitirnos discutir a nivel nacional los alcances de esta ley que está por transformar la manera en la que aprendemos y recibimos información del mundo.

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