Cuarta entrega de la serie periodística de Caliescribe.com que evidencia como Cali está perdiendo sus patrimonios ambientales.
Por Oscar López Noguera
Comunicador Social – Periodista de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, ganador de 20 premios de periodismo, Corresponsal para NTC Noticias, Noticiero AM PM y Noticias Uno. Jefe de redacción y editor general de Noti 5. También ha trabajado con el noticiero 90 Minutos, Noticias CVN. Fue director de comunicaciones de la Universidad Icesi y asesor actual de la sala de prensa de la Pontificia Universidad Javeriana – Cali. Productor de vídeos institucionales y documentales.
El patrimonio ambiental de Cali, ha tenido una serie de consecuencias, producto de la falta de organización, planeación y políticas de protección, de las zonas verdes y los entornos que les ofrecen a los habitantes de está ciudad una mejor calidad de vida. Un ejemplo de estas situación es evidente, en lo que eran zonas verdes, y los “pulmones” para familias de unidades residenciales de esta capital, y que se convirtieron desde hace varios años, en “cementerios de carros y motos”, en donde toneladas de chatarra contaminan estos sectores.
Paralela a estos ”cementerios” ha avanzado, una historia de demandas, tutelas, cambios de gobiernos, y el desespero para más de 2000 familias de esta ciudad, que han resultado afectadas por estos espacios contaminados con todo tipo de vestigios de motores hasta carrocerías, y que han estado impotentes observando el pasar del tiempo y como se llevan los carros y motos, de un lado para el otro, sin que haya soluciones de fondo a esta problemática ciudadana ambiental.
Y ¿Cómo llegó Cali a tener estos “cementerios” de carros y motos?
Sin que se hubiera proyectado un sitio alejado de las zonas residenciales, durante años, se fueron concentrando carros y otros automotores inmovilizados por la Fiscalía y el Tránsito, y especialmente considerados pérdida total después de accidentes, en un lote ubicado justo al lado de la Secretaria de Tránsito local en el barrio Salomia.
A finales de los años noventa, los vecinos del sector interpusieron una acción de tutela, para que retiraran de ese lote todos los automotores, basándose en las consecuencias que les generaban en el ambiente está contaminación. Los habitantes de Salomia ganan la tutela y se le dio la orden a la Secretaria de retirarlos. Así se logró clausurar el primer “cementerio”, pero al no tener otras áreas en dónde ubicarlos, se procedió un trasteo, que hoy sigue generando consecuencias para los sitios a los cuáles se han guardado estos vehículos.
Coyunturalmente a esta acción de tutela, el gobierno del Exalcalde Ricardo Cobo, abrió una licitación, para el manejo de tres aspectos: parqueo de vehículos por inmovilización, por la fiscalía y agentes de tránsito. Y esto iba ligado al servicio de las grúas. El segundo tema, para el manejo de parquímetros y adicionalmente un tercer aspecto, para coordinar la publicidad en las vías. En diciembre del 200 la administración Cobo firmo un contrato con la UTARU, para que se encargara hasta el 2015 de estas labores.
Tres firmas establecieron la UTARU, Unión Temporal de Recursos Urbanos. Ganan el contrato y una de las empresas, Urban Resources Management LLC, comienza a administrar el tema de los parqueaderos y grúas, y por ende, la reubicación en otras zonas del inventario que guardados en
Salomia, y que fue llevado a un lote contiguo al Estadio Pascual Guerrero en el barrio San Fernando, desde el año 2001.
Tras finalizar el gobierno Cobo con la llegada de Jhon Maro Rodríguez, la suerte de la UTARU y su vinculación con el tránsito local tuvo un viraje pues comenzó a cuestionarse la legalidad del contrato. Posteriormente en mayo del 2005, el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, mediante laudo arbitral declaro la nulidad del mismo durante el gobierno del entonces alcalde Apolinar Salcedo. El municipio procedió a liquidar unilateralmente el contrato.
Según el abogado Hernando Morales:” A pesar de que se trataba de una liquidación del contrato, en esta resolución no se hizo manifestación alguna sobre el retiro de los vehículos que se encontraban en los predios utilizados por la unión temporal, lo que ocasiono que uno de los miembros de esta, Urban Resources, continuara con la custodia de los automotores inmovilizados”.
En este momento comenzó un pulso jurídico entre la UTARU y el Municipio de contrademandas y tutelas. Procesos de responsabilidad fiscal, y mientras tanto los carros continuaron guardados y llegando cada día al parqueadero de San Fernando.
De acuerdo con el abogado Morales: “En su momento se ofició a la alcaldía para que retirara loa caros y motos pero no se hizo nada”. Mientras tanto esta situación, se convirtió en un “taxímetro” marcando costos para la Alcaldía.
Con la llegada al gobierno de Jorge Iván Ospina, desde enero de 2008, el tema del contrato con la UTARU y la situación jurídica que había tomado, después de que esta Unión Temporal interpuso un recurso de reposición, con el agravante de los carros y motos, que ingresaron por accidentes de tránsito e infracciones, y que no eran reclamados por sus propietarios, seguía creciendo, esto generó la preocupación en la alcaldía.
Urban Resources demando por una reparación directa en contra del municipio por el costo del parqueo de los vehículos que no fueron retirados, y una vez quedó en firme el laudo arbitral que declaró la nulidad del contrato. La Administración Municipal quedo supeditada a pagarle $8000 millones de pesos porque incumplió el contrato que se suscribió para la administración de los parqueaderos.
El 23 de enero del año 2009 se aprobó el acuerdo conciliatorio entre Urban y la Alcaldía por el tema de los vehículos: pero en su momento surgió otra polémica legal.
Finalmente el 3 de abril del año de 2010 se firmó el acta de entrega de los vehículos inmovilizados y que estaban bajo la custodia de Uban Reosurces. En su momento el Municipio recibió 1141 Motocicletas, 177 automóviles, 2 buses, 18 camiones pequeños, 10 camperos y 1743 motocicletas.
Posteriormente la Secretaria traslado al norte de Cali, justo al lado de una de las principales avenidas de la ciudad, en la entrada al sector residencial y aledaño un centro comercial de grandes superficies, en el barrio Santa Bárbara, buena parte de ese material que estaba en el anterior parqueadero.
Al otro lado de la ciudad, justo en los linderos de un conjunto residencial, la Alborada, que se caracteriza porque es una de las más grandes en esta zona de la ciudad, funciona otro “cementerio de carros y motos” en el que abundan chasis estrellados, y unos pastizales de las cuales, lo único que salen son roedores, zancudos, contaminación.
En este caso los vecinos han resultado afectados desde hace más tiempo y no han logrado solución alguna a su situación.
En la Secretaria de Transito local, Javier Arias del área Administrativa indicó "lo que menos quiere el municipio es vulnerar la tranquilidad y los derechos de los moradores de estos sectores, por esa razón en estos momentos se están trasladando los vehículos". Situación que de acuerdo con algunos de los vecinos afectados en Santa Bárbara, como Mery Gordillo afirma, las cosas parece que siguieran igual, y hasta el momento no se han llevado los carros. Si hay run runes de que esto lo van a hacer, pero hasta el momento nada.
Por el momento dos espacios que podrían ser zonas verdes que podrían estar ofreciendo esparcimiento a muchas familias caleñas, seguirán condenadas a ser cementerios de carros y motos, con unos inventarios que solo generan proliferación de zancudos, roedores, y factores de contaminación de toda índole.
