Se “raja” el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Por Oscar López Noguera.
Las cifras no mienten, “de cien mil muchachos que han sido detenidos como infractores, desde que entró en vigencia el sistema penal de responsabilidad de adolescentes en Colombia, solo se procesó a un 30%. De este, sólo un 20% tuvo una medida de aseguramiento; es decir, 6000 jóvenes” asegura el Director de Ciencia Política de la Universidad Javeriana Cali, Ricardo Zuluaga.
En un Seminario adelantado en esta Universidad sobre Violencia juvenil, quedó en evidencia, que el Sistema Penal para adolescentes no ha ofrecido ni las garantías, ni las condiciones para la resocialización de los muchachos. De acuerdo con el abogado Zuluaga: “El Sistema Penal de Responsabilidad es nuevo. Fue puesto en vigencia recientemente y los resultados, son bastante negativos para el estado y la sociedad”.
Desde mayo del 2007 entró en vigencia en el país esta norma (Ley 1098 de 2006), que en el libro II hace referencia explícita sobre el procedimiento para investigar, acusar y juzgar adolescentes entre 14 y 18 años que cometen delitos, esto incluye la ruta que deben seguir las autoridades competentes para adelantar el proceso.
La congresista Ángela María Robledo, psicóloga de la Universidad Javeriana y quien fue Decana de la Facultad en Bogotá, insiste en que “no se sabe si hay más violencia juvenil ahora. El Sistema de responsabilidad de adolescentes es muy nuevo y debería estar operando, pero no hay una información concreta. La fiscalía reporta unos datos y el Bienestar familiar reporta otros resultados. No hay un ente judicial que vele por toda esa complejidad y como no opera, los jóvenes son unos chivos expiatorios de un sistema que no los está resocializando”.
De otra parte un estudio de las reconocidas abogadas especialistas en derechos de niñez y adolescencia Beatriz Linares y María Eugenia Gómez , sobre la aplicación del sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia, evidencia la falta de programas en donde los adolescentes cumplan las sanciones y delitos no judicializados, de conocimiento sobre la responsabilidad penal que tienen padres y cuidadores de menores de 14 años que cometen delitos graves (homicidio, lesiones graves, secuestro y delitos sexuales), de entendimiento sobre el papel de los defensores de familia y los inspectores de Policía en el sistema de responsabilidad penal juvenil, y en general del espíritu y filosofía del Código de Infancia y Adolescencia.
Además encontraron en su estudio que más del 80% de los municipios del país carecen de recursos para construir infraestructura y levantar centros especializados donde confluyan los intervinientes del proceso. Hoy no cuentan con lugares físicos para internar a aquellos adolescentes que son capturados en flagrancia y por ello la Policía se ha visto obligada a entregarlos a sus familias o conducirlos a las Comisarías de Familia.
En múltiples ocasiones el sistema, como ocurre en Cali, no asegura los cupos para la reclusión de los muchachos infractores, razón por la cual el sistema viene dejando todo tipo de vacíos en el trabajo de las autoridades frente a un fenómeno de violencia de menores de edad y de jóvenes infractores sin los correctivos de ley.
En el Seminario Adelantado en la Javeriana Cali, Diana Brito experta en temas de justicia restaurativa señaló: “el sistema no atiende las lógicas de la violencia que viven los jóvenes, y en los centro de reclusión no se les apoya para que puedan salir con otra mentalidad”
De acuerdo con algunos estudios, en Colombia se estima que, todos los días 115 preadolescentes y adolescentes son detenidos por cometer un delito. En Cali, durante el fin de semana se atienden hasta 24 casos promedio de menores infractores.
En las estadísticas hay una tendencia y es que los menores comienzan a infringir las normas a los 13 años, lo que refleja el impacto de una sociedad excluyente y donde cada día hay menor tolerancia, y que lleva a los muchachos a delinquir.
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e otra parte los jóvenes también son una estadística de víctimas que es preocupante. De acuerdo con la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta el 30 de agosto anterior en Cali, 78 menores de edad habían sido asesinados, lo que deja en concreto el promedio de un joven muerto cada tres días a causa de un hecho violento. Los hechos de violencia en contra de los jóvenes de esta capital se manifiestan en hechos con balas perdidas y homicidios, principalmente.
En barrios al oriente de Cali, como Potrero Grande hay una ley “el que cruce la frontera la encuentra”; es decir, si los jóvenes de un sector pasan al otro, son atacados con armas blancas o en algunos casos con pachas, pistolas hechizas que alquilan por ochenta mil pesos en sitios en los que ingresan y salen convertidos en “justicieros letales”.
Uno de los integrantes de estos grupos le manifestó a caliescribe.com: “Yo si he tenido ganas de salirme de esta joda. Pero cada vez que trato de pasar por esas otras cuadras, salen y me toposean. Como le digo, me la buscan y ya me han pegado varias puñaladas. Además esos manes mataron a mi hermano y por eso son mis liebres”. En el lenguaje de la calle, “liebres” son los enemigos. “Toposear”, significa buscar pelea. En estas calles la sobrevivencia es a diario.
Este muchacho, además insiste en que el consumo de droga en Potrero Grande está disparado “acá los peladitos meten desde los nueve años y no paran: Un cigarrillo de marihuana vale 500 pesos y se hace lo que sea por conseguir uno”
Y ese reto de conseguir para comprar la marihuana, o en otras calles el bazuco, sumado a la aparición de las denominadas “oficinas de cobro”, hacen que muchachos como este, arriesguen su integridad y una libertad que no entienden. Por eso son varias las detenciones en el Centro de Reclusión Valle del Lily que lleva, pero él está consciente, que en cualquier momento podría volver a ser detenido.
En diálogo con Caliescribe.com, la representante a la cámara del partido verde, Ángela María Robledo señaló: “Un diagnóstico de seis meses, adelantado por la mesa de seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que integran la Fiscalía, Procuraduría, El Consejo Superior de la Judicatura, entre otras instituciones, dolorosamente, entregó el resultado de que no está cumpliendo su tarea”
Y añade la Congresista: “Solo tenemos unos espacios con hacinamiento, tal y como pasa con las cárceles de adultos. La mayor cantidad de muchachos están por hurto y microtráfico, pero al no tener unos programas importantes de atención en estos centros de detención, los jóvenes en muchos casos se tornan más violentos y reincidentes en sus prácticas delictivas. Y surgen preguntas: si vivimos en una sociedad que no imparte justicia, y dónde no se cumple la ley, ¿Qué futuro podrán tener estos muchachos? ¿Qué tipo de sujetos estamos formando en estas condiciones?. Creo que aquí nos estamos equivocando”
Para la experta en el tema de Justicia Restaurativa, Diana Brito, “Colombia tiene un sistema de responsabilidad penal para adolescente y no penal para adultos. Hay que hacer una diferencia, que no se está evidenciando. Son menores con los que la sociedad tiene una responsabilidad. Han cometido un delito que debe ser sancionado, pero no se les puede olvidar; hay que protegerlos, no se trata de fomentar su impunidad, lo que pasa es que lo que está orientando este sistema, sin instituciones para resolver el tema del delito. No podemos seguir con la lógica de que todo el que comete un de lito hay que llevarlo a una cárcel. Lo que se plantea es que el País está en mora sobre otras forma de manejar a los delitos, y sobre todo recuperar el daño en las victimas y que los infractores asuman sus responsabilidades”.
Mientras tanto al otro lado de la ciudad en las “fronteras” entre un barrio y otro, o entre cuadras, muchos jóvenes esperando que al final del túnel haya una luz y una esperanza para salir adelante y por lo menos seguir con vida.