Por Moisés Banguero Pinillo
A partir de la constitución de 1991, las gobernaciones quedaron convertidas en fortines burocráticos, sin fuentes de ingresos estructuradas en el crecimiento económico de sus regiones como son los impuestos a las rentas, o a los patrimonios de sus empresas o personas naturales. Quedaron atadas a las rentas de los vicios y algunos otros impuestos, entre ellos el impuesto a los licores y a los cigarrillos.
Cuando se analizan las responsabilidades en la estructura del estado, es fácil deducir que la relación lógica es entre gobierno central y gobierno local o municipal. Los municipios que componen un Departamento jalonan cada uno su propio desarrollo, con grandes recursos como se explica el caso de Santiago de Cali, que tiene mucho más recursos que la Gobernación del Valle. Por eso muy pronto el estado tendrá que pensar en la estructura ciudad – región y cambiar este esquema paquidérmico y burocrático de 32 Departamentos
Los Departamentos, en su gran mayoría tienen grandes estructuras burocráticas, que las poquitas rentas copan más allá del 60% en gastos de funcionamientos, el resto en pago de deudas y hacen muy pocas inversiones. Su posibilidad de inversión está limitada a bajar recursos del presupuesto nacional, recursos que podían llegar directamente a los municipios evitando tantos intermediarios o más participantes en la torta.
Su gran fuente como lo dije antes esta principalmente en el consumo de licores, por esa razón los gobernadores en los Departamentos donde existen licoreras oficiales han abusado de ellas de muchas maneras: han aprovechado su presupuesto para hacer inversiones que no van focalizadas al fortalecimiento de sus ventas; han aprovechado su burocracia; han exprimido la capacidad de ventas utilizando la debilidad de la norma en la tipificación del impuesto, que siendo un impuesto de consumo se cause con la facturación.
Para sacarle provecho a las empresas licoreras oficiales, sacan pecho los gobernantes diciendo que las empresas son de propiedad de los Departamentos, pero se olvidan de la autonomía administrativa, financiera y jurídica que de acuerdo a la ley 489 de 1998 cobijan a las EICE. Lástima que de la misma manera, no hayan tenido la responsabilidad de estructurar políticas claras para que las ultimas que quedan (FLA, ILC, ILV, Cundimarca y Cauca) no desaparezcan por liquidación forzosa o quiebra. Por ejemplo, las estrategias contra el falsificado, contrabando y adulterado son débiles, insulsas e ineficaces.
Si, los gobernantes tomaran con seriedad el futuro de sus empresas licoreras plantearían cambios estructurales como:
Cambiar la manera de nombrar a sus gerentes o representantes legales, con procedimientos transparentes como la meritocracia, con periodo fijo de 5 años. Cambiar la composición de la junta directiva como máximo órgano administrativo, tanto en la calidad de sus miembros como en la representación y, en la remuneración. Modificar la distribución de las utilidades, permitiéndole a las mismas capitalizar por lo menos el 50%. Hacerlas más competitivas desgravando la materia prima, y las inversiones en mercadeo de impuestos indirectos como las estampillas, tasas y contribuciones. Exonerarlas del pago de predial e industria y comercio a cambio de desarrollo de la actividad económica del municipio donde están ubicadas. En concordancia con los TLC, buscar equilibrio en el impuesto con los licores extranjeros, la cerveza y otros (cambiar el impuesto por grado alcoholímetro). Así, como se enseñan en publicidad y campañas agresivas para el no consumo. También construir escenarios que permitan el consumo sano y responsable.
Está comprobado que las empresas de licores oficiales no evaden, ni eluden los impuestos; también está claro que el recaudo de impuestos por el consumo de los productos extranjeros es supremamente bajo a pesar del alto consumo que se percibe. Con este panorama el gobierno nacional con la federación de departamentos, debiera plantear la posibilidad que los importadores directos o indirectos de estos productos fueran las licoreras oficiales, empezando por desmontar acuerdos absurdos como el cupo otorgado a comunidades de la frontera con Venezuela para importar whyskie con cero arancel y, políticas como la de estampillar en zonas francas o aduaneras cuando lo eficaz es hacerlo en la propia planta de los productores, como se lo quieren exigir a las licoreras nacionales.
Si dejamos que el barco siga como va, que se sigan malgastando los recursos; que las empresas se sigan manejando como institutos descentralizados; que no se aplique un cambio estructural en lo administrativo como en lo legal; que la política contra el falsificado y el contrabando en lo normativo como en los controles sea laxa; que la politiquería sea el pulmón en la toma de decisiones; que los departamentos sigan confundido con el significado de monopolio. Muy pronto el monopolio de los licores quedará en manos de los privados, las rentas por este concepto caerán en un 50%, los departamentos como el Valle del Cauca aumentaran sus pasivos, una gran cantidad de trabajadores verán su sueño truncado, los municipios tendrán que meterse la mano al bolsillo para celebrar sus ferias y, los gobernantes futuros no tendrán caja menor.