Por Moises Banguera Pinillo
Cuando hay remordimiento de una actuación dolosa o culposa, inclusive una traición a la costumbre o buenos modales, el culpable trata de tapar los hechos para pasar rápido la página y culpar a otros del adefesio. Esto es más o menos lo que ocurre con el gobierno actual cuando pretende convencer a incautos y poner cortinas de humo con la mal llamada reforma de equilibrio de poderes.
La columna vertebral de la reforma es terminar con la reelección presidencial: ¡que cinismo!, en las elecciones del 2006 donde por primera vez se estrenó esta figura, la opinión colombiana no quedo jarta del proceso ni culpó al gobierno de la derrota de los opositores. Todos reconocieron la sintonía del pueblo colombiano con el mandatario de entonces y de los grandes progresos de su gobierno, el problema no es el articulito de la reelección, el problema fue el actuar abusivo de un gobierno con resultados malos, sin sintonía con el pueblo y que se hizo reelegir a cualquier precio, despreciando en lo más mínimo las reglas de la democracia.
El colombiano pensante se está preguntando en qué cambia el país acabando con la reelección, para gastar tanto poder político, mediático y de opinión en un tema que no tiene trascendencia desde el punto de vista de la efectividad sobre los problemas de Colombia, porque su aplicación es imposible, debido a que por estos años no habrá mas reelecciones inmediatas así esté en la constitución. Porque no nacerá otro Uribe en el siglo XXI, ni habrá otro presidente tan abusivo y mentiroso como Santos.
Voto Obligatorio: es necesario y estoy convencido que reduce la compra de votos, la corrupción electoral y acaba con los gobiernos de minoría, pero para aprobarlo se deben corregir muchas cosas, de lo contrario sería una norma superflua. En primera medida se debe aprobar que las elecciones sean un día laboral para que el trabajador sienta que compensa el día de trabajo con el voto; preparar el sistema electoral para que los colombianos puedan votar en cualquier lugar del país; acabar con las inscripciones; ampliar la jornada de votación; mejorar la seguridad; que la sanción por no votar sea negar el acceso a licencias de tránsito, sisbén, becas, cupo en universidades públicas, pasaporte, visas, etc., trámites que toquen a los pobres y ricos.
Reducir las facultades del procurador para disciplinar a funcionarios públicos: error de aquí a Pekín, si algo ha funcionado contra la corrupción es la Procuraduría, ¿Por qué privar al pueblo colombiano de la única herramienta efectiva?. El único argumento lánguido por cierto es la sanción al señor Gustavo Petro, que por ser de izquierda tiene que estar por encima de la ley, la faculta legal que aplica el procurador evita que un funcionario corrupto o irresponsable en el manejo del Estado siga poniendo en riesgo los recursos o la estabilidad administrativa. Esperar un proceso penal o la decisión de un juez protege al delincuente o al irresponsable y pone en peligro la buena marcha de la administración pública.
Siendo así, el anuncio pomposo como todos los del gobierno de la mal llamada reforma de equilibrio de poderes, no mejora en nada la calidad de vida de los ciudadanos, no ataca el despreciable sistema electoral, debilita al estado en la persecución de la corrupción, mantiene los privilegios judiciales, fortalece el centralismo y al ejecutivo que no son tocados para nada en el laberinto que armó Santos por tratar de tapar su abusivo poder en la búsqueda de su reelección.
Ahora hay que rezar posiblemente a nombre de Satanás el único capaz de permanecer constantemente en el congreso, para que así huela a “mermelada” no aprueben la unificación de periodos de las elecciones y a su paso den entierro de primera a la reelección de los actuales mandatarios regionales bárbaro compromiso promesa de campaña.
No todo es malo, la reforma trae cosas buenas como la lista cerrada que elimina el voto mercadeo corrupto, pero lamentablemente le metieron la lista cremallera, que dificulta las elecciones primarias para escoger la ubicación dentro del tarjetón. Este ejercicio es bueno para el equilibrio de géneros, pero se acomoda mejor si se exige en los mecanismos democráticos para componer las listas y no en las definitivas. En lo referente al tribunal de aforado el único que debe tener antejuicio político es el presidente.