Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El país no termina de sorprenderse con el cúmulo de denuncias sobre el estado de corrupción al que se ha llegado hasta el punto de que ya no existe institución que no haya sido permeada por dicho flagelo que corroe buena parte del entorno estatal y privado de la sociedad. Desde luego que el fenómeno de la corrupción no es algo nuevo, en tanto que su origen y acrecentamiento en general está motivado por el ánimo de lucro y el afán de obtener máximas ganancias, introduciendo en el individuo la conciencia del dinero fácil como norma de conducta que conduce al enriquecimiento ilícito cuyo ejercicio demanda de la utilización de toda clase de medios tanto legales como ilegales e inmorales.
En esta etapa de la vida nacional las prácticas corruptas han degradado todos los valores y principios que sirven de fundamento a la convivencia social y desinteresada que hoy se dispensan en función del dinero que lo compra todo en medio de una sociedad en que las relaciones entre las personas adquiere el carácter de cosas (mercancías) y el poder del dinero se convierte en un factor determinante con que se justifica cualquier cosa, incluso el delito y el empleo de la violencia.
En el país la corrupción ha permeado con igual fuerza no solo buena parte del régimen privado sino también las instituciones del Estado, capturadas por los contratistas, banqueros, políticos profesionales, que en asocio de grandes capitales nacionales y extranjeros se apropian ya sea de los ahorros de los ciudadanos (INTERBOLSA, FONDO PRIMIUM, FIDUPETROLEO, DMG, etc.), o del presupuesto nacional o regional a través del sistema de regalías, transferencias, cupos indicativos, etc.
Luego de conocer a través de los medios el nuevo escándalo de corrupción suscitado en el seno de la Corte Constitucional en cabeza de su presidente el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Ch, cuyos antecedentes y nexos económicos y políticos lindan con algunos cuestionamientos morales, ha quedado demostrado una vez mas que la corrupción no tiene limites y que en las actuales condiciones esta se ha convertido en algo inherente a la naturaleza de una sociedad permisiva que vive y se nutre de la misma, particularmente a nivel de las altas esferas del poder atinente a los asuntos del Estado y de la sociedad.
Lo sucedido en dicha Corte no puede reducirse a un asunto personal ni de simple imagen institucional, todo lo cual demanda de un debate profundo sobre las verdaderas causas que generan la corrupción que se extiende a la rama judicial desde tiempo atrás y que por supuesto no afecta la existencia de jueces y magistrados probos que nada tienen que ver con prácticas corruptas ligadas a las decisiones de sus despachos judiciales.
En medio de la crisis moral y política del sistema vastos sectores sociales se oponen a la descomposición de aquellos principios morales y políticos de carácter democrático que suscitan la confianza en el ser humano, el trabajo honrado, la solidaridad, la defensa del interés general y la necesidad de ejercer un control efectivo de la función publica y social en contra de las costumbres degradantes que encarnan la moralidad de los depredadores del Estado y de la sociedad, que se benefician con la corrupción cuyos efectos se trasladan al común de las gentes por medio de los impuestos y demás cargas tributarias o con la pérdida de los ahorros de los ciudadanos que depositan su confianza en las instituciones privadas que terminan defraudándolos tal como sucede en la actualidad.
La lucha contra la corrupción demanda necesariamente del control ciudadano como premisa fundamental de la democracia participativa que hoy no deja de ser en Colombia más que una ilusión, una simple formalidad Constitucional y legal, que en el caso de la rama judicial ni siquiera existe como tal pues el acceso y el control a la misma es imposible de ejercer mientras los operadores judiciales se designen entre ellos y no estén obligados a rendir cuentas a los ciudadanos que hoy claman por una reforma democrática de la justicia y de sus instituciones.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social