Por Paloma Valencia Laserna
Senadora de la República
Ahora las regiones no tienen ningún derecho sobre sus territorios, las grandes decisiones dependerán del MinMinas. La Agencia Minera ha sido incapaz de procesar eficientemente las 8.406 solicitudes de concesiones mineras; y para superar la crisis el Gobierno opta por la ruta fácil: modificar las normas y violentar las regiones.
Nuestra Constitución dice que los recursos del subsuelo y los recursos naturales no renovables son de propiedad del Estado. Para los que no son doctos en el tema, esto significa que tales recursos pertenecen a todo el Estado, no sólo a la Nación (nivel central del gobierno). Así que municipios y departamentos también son dueños. Sin embargo, el decreto 2691 que se expidió en las épocas invisibles del 23 de diciembre pasado, de un tajo le entregó las decisiones sobre esos recursos al gobierno central.
Se trata nada menos, de un despojo de las capacidades de decisión de las regiones sobre su territorio. Grosso modo, el decreto establece que todo es territorio minero, y si las autoridades locales pretenden proteger el medio ambiente, sus cuencas hidrográficas, el desarrollo económico, social o cultural de las comunidades o la salubridad de la población de afectaciones mineras, sólo podrán hacerlo con el permiso de MinMinas. Para cualquier medida de protección el Concejo del Municipio -ni siquiera el Alcalde- tendrán que costear con sus recursos un estudio técnico que explique las causas y los fines de la protección. Luego tendrá que expedir un acuerdo municipal, y presentar la solicitud ante el MinMinas que analizará el impacto económico de las medidas de protección y podrá consultar con otras autoridades -como el MinAmbiente. Será MinMinas quien decida si concede o no la medida de protección, “con fundamento en los principios de desarrollo sostenible, fortalecimiento económico y social, propiedad estatal de los recursos naturales y aprovechamiento de los mismos”. Adiós a la ley 99 de protección ambiental.
Si un municipio quiere reservar zonas de su territorio a la agricultura, o desean preservar ecosistemas estratégicos, o quieren proteger la salud de la comunidad o cuidar una cuenca hidrográfica necesitan pagar un estudio técnico y atenderse a la decisión de un Ministro –que carece de toda representación democrática y que puede incluso desconocer el territorio afectado. ¿Qué pasa con los municipios que no tienen recursos? Mejor, la minería avanzará. ¿Qué pasa con la destrucción del medio ambiente? La asume el municipio, mientras las arcas de la Nación se llenan con las regalías -ya usurpadas a las regiones en una reforma anterior. Y lo que es mejor, es que la posibilidad de hacerlo vence el próximo 23 de marzo. Luego habrá que esperar modificaciones del POT, PBOT o EOT en cada municipio.
Que si arrasan con la agricultura o la ganadería de una zona, será culpa del Concejo, que no pidió oportunamente una medida de protección. Que si las cuencas hídricas fueron destruidas, fue la negligencia del Concejo que no procedió a tiempo. ¡No señor Ministro! La culpa de la destrucción que se avecina será de su decreto, que además de inconstitucional, hace una lectura tergiversada de la sentencia C123/14 que no le entrega, como usted sugiere, al Gobierno central y menos al MinMinas, la potestad de actuar como dueño y señor, de los recursos naturales de las regiones. Anuncio que demandaré ese adefesio. El centro puede establecer límites para proteger la comunidad y el ambiente; trazar líneas generales para el desarrollo; pero en ningún caso coartar el derecho regional de tomar las grandes decisiones sobre su territorio.