Redacción
La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por el término de entre 15 y años a tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, José Francisco Angulo Jaimes, Adriana Lucía Castro Guzmán; y Alina Martínez García, quienes habrían incurrido en serias irregularidades durante las elecciones atípicas que se celebraron el primero de julio de 2012 para elegir gobernador del Valle del Cauca.
Los servidores públicos habrían planeado un “blindaje” de los resultados electorales para favorecer al candidato Francined de Jesús Cano. Antes de ejecutar el plan fueron capturados en flagrancia en una oficina alterna en Cali, actualmente enfrenta un proceso penal.
De acuerdo con la investigación adelantada, José Francisco Angulo Jaimes, en su calidad de técnico operativo adscrito a la planta global sede central de la Registraduria, habría sido el “cerebro” de esta operación ofreciendo 2.000 votos para el candidato por medio de un centro de cómputo que permitiría acceder a la información de los resultados electorales, antes que la Registraduría y así poder alterarlos.
De otra parte, las analistas de sistemas Adriana Lucía Castro Guzmán; y Alina Martínez García,, designada como registradora municipal Ad-Hoc en la Registraduría del municipio de Jamundí habrían sido las encargadas de “filtrar” los votos.
Se cuestiona también la conducta de la señora Adriana Castro, quien colaboró en la planeación y además facilitó la reunión entre los señores Juan Carlos Martínez Sinisterra, Jairo Candelo Banguero y Luis Enrique Forero con el ingeniero José Francisco Angulo Jaimes para que éste último hiciera una propuesta y presentación del plan tendiente a modificar la votación.
El Ministerio Público se pronunció sobre la conducta de la señora Alina Martínez García y manifestó que incurrió en falta disciplinaria al colaborar en la alteración de los resultados electorales ya señalados suministrando los listados de los jurados de votación con sus datos personales direcciones y teléfonos, de la jurisdicción que le correspondía como registrador Ad Hoc del municipio de Jamundí Valle del Cauca, sobre “lo cual existía la garantía de repartir un dinero, como la de recibir otro tanto por su colaboración”.