Por Emilio Sardi
Hace cinco años, diversos ciudadanos denunciamos que la contribución de Valorización denominada Megaobras era un error, que no se tenían diseños ni presupuestos, y solicitamos que se sacara al cobro sólo después de que se determinara que las obras incluidas en ese plan eran en realidad las necesarias para solucionar el problema de movilidad de Cali y se tuvieran los diseños completos y los estimados de los costos reales de las obras. No nos oponíamos a la realización de las obras en sí, sino que advertíamos que se estaban poniendo en riesgo recursos públicos y el sistema de valorización. Pedíamos tener primero diseños y presupuestos, analizar las obras y luego sacar al cobro un paquete real. El Concejo, muchos de cuyos miembros aún pertenecen a él y aspiran a reelección o a la alcaldía, así como varios gremios y otras entidades, consideraron que esas advertencias iban contra el progreso, y las desoyeron.
Hoy, cinco años después, con menos del 50% del plan de obras ejecutado, el Secretario de Infraestructura y Valorización ha reconocido que: 1. Las obras del plan no eran las necesarias para solucionar el problema de movilidad; 2. No había presupuestos cuando se sacaron las obras al cobro por valorización; 3. En ese momento, ni siquiera había diseños; y 4. La ejecución de las obras tomará por lo menos otros 4 años y el Municipio tendrá que endeudarse o buscar otros recursos para hacerlas. En resumen, el Secretario de Infraestructura y Valorización reconoce que todo lo que dijimos en ese entonces era cierto.
Se distribuyó una contribución de valorización superior a $800 mil millones y el plan no se ha ejecutado. ¿Dónde están las responsabilidades del Concejo y de la administración que metieron a la ciudad en este enredo? La ley y el Estatuto de Valorización establecen mecanismos de control ciudadano para el uso de los recursos de valorización. Entre ellos, los representantes de propietarios y poseedores. En estos años hemos oído a Ramiro Varela pronunciarse. ¿Dónde están los otros cuatro? ¿Han cumplido el Alcalde y el Secretario de Infraestructura la obligación de convocarlos? ¿Les han informado como corresponde? ¿Han actuado y ejercido las funciones a las que están obligados?
Las declaraciones públicas del secretario de Infraestructura dan lugar a procesos fiscales y disciplinarios. ¿Dónde están el Contralor y el Personero? ¿Y los gremios y todos quienes hicieron foros y se pronunciaron respaldando el Plan 21 Megaobras: UAV, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Comité Empresarial Permanente, Cámara de Comercio, Andi, Lonja de Propiedad Raíz, etc.? Es su deber repetir el ejercicio de análisis ciudadano de este Plan, para establecer la situación real y fijar responsabilidades. Si se respaldó algo que no estaba listo, lo correcto es responder por lo que ha pasado.
Y finalmente: ¿Por qué todos los abogados que defendieron al Municipio en las demandas contra el Plan afirmaron que cuando se ordenó el cobro sí había diseños terminados y presupuestos completos, cuando no fue así? ¿Engañaron a los jueces? ¿Cómo se tipifica esta conducta?
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Cambiando de tema: los genios que mangonean el Pimu (Plan de InMovilidad Urbana) van a quitarles dos carriles a los automotores que circulan por la Avenida 2ª entre calles 15 y 25 y a cortar el flujo vehicular frente al CAM con dos semáforos y cuatro superpolicías acostados. ¡Difícil imaginar mayor torpeza!
Con información del diario El País
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/emilio-sardi/megaconejo