Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
A pesar de los ingentes recursos económicos entregados por la Nación y el municipio a METROCALI y a los operadores del MIO para “solucionar” los problemas del STM, estos han manifestado que están teniendo pérdidas superiores a los mil millones de pesos mensuales colocándolos en la imposibilidad de cubrir los costos de operación de los buses, toda vez que el sistema está movilizando diariamente un número de pasajeros inferior al que garantizaría el equilibrio financiero e igualmente con el incumplimiento de la administración municipal a los acuerdos pactados en diciembre de 2014 consistentes en las compensaciones económicas, el pago de la diferencia entre tarifa técnica y tarifa al usuario y en los controles a la informalidad siendo esto el aspecto central de la nueva presión a la ciudad para lograr excluir a los pequeños propietarios de toda posibilidad de entrar a hacer parte del sistema.
El análisis riguroso del STM-MIO debe iniciarse con el examen del costo-beneficio para encontrar una solución viable ajena a la improvisación y a la falta de planificación.
El costo económico y social del STM para la ciudad y los caleños ha sido desigual e inequitativo en la medida en que los beneficios referidos a la movilidad, descongestión vial, calidad de vida de los caleños ha sido poca, en tanto los costos económicos han sido muy elevados. Además de la sobretasa a la gasolina, el sistema se ha financiado con la contribución de valorización, aportes de la nación y del municipio. Varias obras viales necesarias para el MIO se financiaron con la contribución de valorización aunque a los caleños se les aseguró que solo se haría con la sobretasa a la gasolina y que el STM mejoraría la calidad de vida de los caleños al agilizar los desplazamientos de la residencia al trabajo y viceversa, lo cual no se cumplió demorando aun más la movilidad de los usuarios y privatizando los carriles principales de las vías a la ciudad para entregarlas al uso exclusivo de los buses articulados y padrones del MIO. Hoy se presenta un caos en el tránsito, con pocas vías para circular y en pésimo estado de mantenimiento porque la sobretasa a la gasolina no alcanza para el mantenimiento vial.
El centralismo bogotano le impuso a la ciudad el modelo de los buses articulados y el gobierno municipal de turno con el concejo de la época en una decisión improvisada con el argumento de “no se pueden dejar ir los dineros que ofrece la nación”, con estudios incipientes y precarios para la construcción de la infraestructura del proyecto sin un presupuesto acorde con la realidad, adoptaron dicho sistema aceptando recortar varias troncales como la oriental, puentes, semaforización, entre otros aspectos fundamentales que garantizarían su eficiencia, trayendo como consecuencia la disminución del número de pasajeros, no obstante que en dicho sector del oriente vive la mayor parte de los usuarios del transporte público que necesitan trasladarse a diferentes sitios de la ciudad.
Se renegociaron los contratos de los operadores de los buses, se capitalizó la empresa GIT Masivo, se obtuvieron recursos mediante el aumento de las tarifas para reconocerle a los operadores la suma de $60 pesos por cada pasajero movilizado y de esta manera lograr el equilibrio entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, etc., sin que se haya logrado la eficacia y eficiencia del sistema desde el punto de vista económico, ya que el mismo atraviesa por lo que podría calificarse como una quiebra técnica.
Las medidas tomadas en el pasado con la entrega de recursos a los operadores no han resuelto los problemas estructurales del sistema. Su situación constituye un campanazo mas de la crisis que afronta el MIO la cual no podrá resolverse con acuerdos coyunturales sino con una reforma integral de dicho sistema con participación del gobierno nacional que impuso dicho modelo de transporte, en donde han predominado la improvisación y la falta de planificación a corto y mediano plazo dejando en cabeza del municipio toda la responsabilidad del caso presentándose un conflicto de oferta y demanda que las autoridades no han podido solucionar con menoscabo unas veces de los usuarios del transporte y otras de los operadores del MIO a los cuales los está afectando la competencia en el mercado.
Los operadores del MIO no están exentos de responsabilidad en la crisis pues el modelo de transporte en las condiciones anotadas se adoptó con su concurso, en tanto que a los usuarios y caleños en general no nos escucharon ni nos permitieron participar en las discusiones y negociaciones no obstante ser un asunto de interés general.
Lo anterior descarta de plano el rifirrafe que se ha presentado entre el alcalde y los operadores en torno a los acuerdos, obligaciones de las partes que forman parte del sistema cuya responsabilidad es evidente e implica la necesidad de rendirle cuentas a los ciudadanos que en última instancia son los que sostienen con sus impuestos el sistema.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social