Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El debate de control político realizado en el Congreso de la República sobre el proceso de Paz en el cual intervinieron las fuerzas políticas que encarnan el establecimiento, se destacó en lo fundamental porque abrió el camino hacia la posible conciliación de clases entre los sectores políticos y sociales que apoyan el proceso de paz con Santos y aquellos que tradicionalmente se oponen al mismo y/ó hacen reparos y críticas ante la posibilidad de un acuerdo que según se dice generaría toda clase de dudas e incertidumbres en torno al futuro del Estado. Sin embargo después de escuchar las intervenciones del negociador Humberto De La Calle y del alto comisionado Sergio Jaramillo al igual que al ex presidente y senador Álvaro Uribe, quien ha manifestado “sentir asomos de tranquilidad frente al proceso de paz”, todo parece indicar que en buena parte se han superado las diferencias esenciales entre estos sectores políticos y sociales.
Y no es para menos pues de un lado los representantes del gobierno en los diálogos de paz que se adelantan en La Habana (Cuba), han sido claros en advertir de manera rotunda y contundente que en ningún caso se está negociando “el tamaño de las fuerzas armadas ni la posibilidad de una auditoría armada del Estado”, además de que el cese bilateral y definitivo del fuego “deberá estar precedido de la concentración de las FARC y la dejación de las armas”.
Por otra parte ha quedado bien claro que en ninguna circunstancia en La Habana se está negociando con la guerrilla el modelo económico y político del país, circunstancia ésta que deja por lo visto satisfecha a la oposición Uribista en la medida en que el gobierno Santos le garantiza a las clases dirigentes que no habrá ningún cambio sustancial de la estructura del Estado, en tanto que no tienen por qué temer en absoluto que se produzca alguna modificación de la base misma de la sociedad en que se asienta el régimen político y social. Con ésta confirmación explícita se logra en principio un compromiso con las huestes Uribistas y los demás sectores y grupos sociales que apoyan el proceso de paz para quienes el mismo es considerado “como el mejor negocio que puede hacer el país”, en momentos en que urge introducir una serie de reformas de corte neo liberal en el sector rural, de la minería y de la explotación de nuestros inmensos recursos naturales (petróleo, gas natural, coltán, agua, aire, etc.), en los cuales están interesados las grandes multinacionales a quienes se les viene entregando sistemáticamente las riquezas naturales con el argumento de que por éste camino “no solo crecerá y se desarrollará el país si no que también habrá prosperidad para todos los colombianos”.
A propósito del debate electoral de carácter regional es necesario divulgar el verdadero contenido de los acuerdos de La Habana que con sus aspectos positivos en cuanto a la terminación del conflicto, no se debe identificar con la paz en sí misma lo cual constituye un paso adelante en la aclimatación de la paz y la superación de todo un período de violencia vivida por el pueblo colombiano. No obstante lo anterior, no hay que esperar que las reformas que se anuncian por el gobierno y se tramitarán en el Congreso permitan avanzar por los senderos de la democracia, la paz y el progreso social, al tiempo que las fuerzas políticas, sociales y regionales deben estar alertas en torno a la aplicación de dichas reformas.
En el proceso de consolidación de la paz con justicia social dichas fuerzas no deben sustituir en la práctica la lucha por la conciliación de clases que tiende al apaciguamiento y a la aceptación por parte del pueblo y de los potenciales electores de un tipo de reformismo neoliberal precedido de subsidios y prebendas para los sectores pudientes y populares de la sociedad (asistencialismo); viviendas gratis, salud para todos, educación gratuita (populismo); pleno empleo y bienestar general (demagogia).
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social