Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Una vez inscritos los aspirantes a la Alcaldía, Gobernación, Concejo y Asamblea en la Registraduría para competir en la contienda electoral que concluirá el 25 de octubre con la elección respectiva, este hecho no parece despertar en los ciudadanos mayores expectativas ni sorpresas, en la medida en que los candidatos en su mayoría hacen parte de la vieja y la nueva clase politiquera que viene usufructuando del poder directamente ó a través de sus familiares y amigos, con lo cual no se genera una renovación de la política regional para beneficio de la comunidad.
Por otra parte, no es casual que se continúe con las mismas prácticas corruptas de compra de votos, trashumancia electoral, financiamiento de las campañas por fuera de los límites establecidos en la ley, a la par con el otorgamiento de avales a varios candidatos cuestionados moral y éticamente.
Desde luego que todo ello se produce en medio de una campaña electoral caracterizada por la lucha competitiva por el poder en la que se combinan los medios legales y pacíficos con los medios ilegales y violentos tal como ha sucedido con el asesinato de un dirigente político en Cartago Valle.
Así las cosas, el panorama político no augura muchas esperanzas para los ciudadanos que aspiran en el inmediato futuro a que se produzcan algunos cambios que permitan avanzar por los caminos de la democratización de la vida social e institucional ligados a la implementación de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos, atinentes al continuo trasegar de la vida en materia de seguridad, movilidad, educación, salud, vivienda, etc.
En el caso del departamento del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali la supuesta renovación de la clase política, no deja de ser más que una ficción que se reproduce en medio de la polarización política entre los Santistas y los Uribistas por el afianzamiento y/ó conquista del poder regional.
La mayor parte de las propuestas de los candidatos repiten los mismos lugares comunes de siempre convirtiendo los deberes y obligaciones Constitucionales y legales del Estado en promesas y propuestas de campaña y/ó en la repetición de los programas y proyectos de los servidores públicos que reemplazan en los cargos administrativos y políticos.
Por lo demás el contenido de las alianzas políticas que coadyuvan el acceso al poder constituyen una mezcla de ambiciones personales, desprovistas de toda ideología y principios morales y políticos, mediatizadas por el imperio del dinero que aportan a la campaña empresarios, banqueros, comerciantes, terratenientes, etc., que compiten por los negocios del Estado a través de la contratación, las alianzas públicos privadas APP y el acceso a la burocracia.
Para el departamento del Valle del Cauca todo parece estar definido por cuenta de la alianza política encabezada por la baronesa Dilia Francisca Toro, en tanto que en la ciudad de Cali la contienda política se desarrolla sin mayores contratiempos ni dificultades a cargo del candidato Angelino Garzón que representa la vieja y desueta política bipartidista y conciliadora y los empresarios Maurice Armitage y Roberto Ortiz más conocido como "el chontico", quienes han manifestado que le darán su mayor énfasis a la parte gerencial y social de su mandato en caso de ser elegidos, con lo cual se garantizará la continuidad de las políticas públicas con que se ha venido manejando la costosa y desigual ciudad de servicios que se construye en la actualidad.
De ésta manera a los potenciales electores les quedan muy pocas opciones para ejercer sus derechos a elegir el nuevo gobierno departamental y municipal, en lo que podría calificarse como la repetición de la historia a menos que los ciudadanos sean capaces de salir de su propio engaño ó del engaño de los demás, desentrañando de las palabras promesas y discursos grandilocuentes la verdadera esencia del debate electoral y de quienes dicen representar y defender los intereses comunes de los caleños y vallecaucanos.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social