Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Una mirada a la situación económica del país en éste momento, con ocasión de la puesta en marcha por el Gobierno Santos del modelo económico minero energético encargado de impulsar otros sectores de la economía, nos indica que el camino escogido para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico se ha constituido en un fracaso generador de grandes incertidumbres que hoy tienen al Estado en serios problemas económicos y financieros para cumplir con sus compromisos y obligaciones constitucionales y legales respectivamente.
La explicación de los expertos del gobierno sobre lo sucedido no puede limitarse simplemente a decir que la reducción de los precios de los denominados comodities (petróleo, carbón, oro, etc.), y la revaluación del dólar americano son los causantes de la crisis económica que padece la nación.
Si bien es cierto la política minero energética ha traído algunos beneficios a la economía del país en la medida en que una parte de la población se ha beneficiado por ejemplo con el acceso a la energía, la construcción de infraestructura de vías, puentes, etc., el hecho real es que la economía se ha estancado y debilitado sustancialmente, afectándose aun más los sectores industrial y agropecuario que en lo fundamental han decrecido desde hace algún tiempo. Y de ahí que el propio banco de la República haya modificado la tasa de crecimiento de la economía del 4.6% al 2.8% para el año 2015.
El Estado de debilidad en que se encuentra la economía nacional la hará más dependiente de los centros del poder económico y político, ligados al gran capital financiero internacional, reflejándose en la vida institucional y política del país que verá afectados los planes y programas del gobierno especialmente relacionados con las políticas sociales y de un eventual proceso de paz con la insurgencia de las FARC y del ELN.
Frente a esta situación de crisis generada por diversos factores internos y externos que se profundizarán con el paso del tiempo y contagiarán a otros sectores de la economía, el gobierno ha llamado a los colombianos a “apretarse el cinturón” como sí la responsabilidad en la dirección y manejo de la economía fuera de todos y no de la clase gobernante, que abrió la economía al mercado internacional sin tomar las medidas necesarias de protección para enfrentar la competencia, el dumping, el contrabando técnico y los abusos de la posición dominante en el mercado de los monopolios transnacionales, llevando a la ruina a empresarios del campo y de la ciudad, que hoy reclaman con justa razón protección efectiva del Estado.
Según algunos economistas la alternativa de solución debe partir de la reducción del gasto público-social, un mayor endeudamiento del Estado y la implementación de una nueva reforma “tributaria estructural” que como bien se sabe se descargará sobre el patrimonio y el trabajo de los sectores medios y populares de la comunidad, tal como ha sucedido en el pasado.
Lo que no se puede seguir tolerando es que no se haga nada ose tomen medidas tardías para recuperar la dinámica de la economía, al tiempo que los sectores democráticos y progresistas del país junto al conjunto de los ciudadanos que viven en lo fundamental de su trabajo se decidan a organizarse y movilizarse en contra de dichas políticas, en momentos en que se agudiza la lucha competitiva por un nuevo reparto del poder económico en el mundo capitalista globalizado, en tanto que se impone la necesidad de crear las condiciones económicas, políticas y sociales al interior del país que nos acerquen al cambio social a través de la lucha por la paz con justicia social y la implementación de un nuevo régimen democrático que incorpore a los ciudadanos en las soluciones de los problemas cardinales de la sociedad.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social