Editorial
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia al sancionar a directivos,el gremio y 12 ingenios por una cifra superior a los $320 mil millones, están indudablemente poniendo en riesgo la estabilidad económica e institucional de un sector que le ha aportado desarrollo social y económico al Valle del Cauca y a Colombia. El monto de la sancion que tiene recursos, es excesivamente alto, teniendo en cuenta los ingresos operacionales y utilidades de los ingenios azucareros, pero hay que verificar, si hubo daño y de que tamaño fue, por lo que el debido proceso y la celeridad de la SIC , deben protagonizar este acto administrativo, muy preocupante para la industria Colombiana. O se equivocó la SIC o los ingenios cometieron faltas muy graves contra los consumidores, que somos todos los colombianos, pero es una noticia que tiene que ver con el modelo economico, la libre competencia, el cuasi monopolio ,la equidad o mejor la desigualdad social.
El debate de fondo en el pais debe ser el apoyo a la libre competencia y la no existencia de carteles economicos, que afectan realmente al futuro del pais.
Los Ingenios Azucareros con altas sanciones son:
El Ingenio del Cauca con más de $49 mil millones, Riopaila $40.000 millones, Castilla $40.000 millones, Manuelita con $32 mil millones, Providencia con $35 mil millones, Mayagüez con $28 mil millones, Risaralda con $16 mil millones, La Cabaña con $18 mil millones, Pichichi con $13 mil millones, el Ingenio San Carlos con $5 mil millones, el Ingenio Carmelita con $7 mil millones, el Ingenio María Luisa con $2 mil millones, y el Ingenio Central Tumaco en liquidación con $1.800 millones, cifras que indudablemente ponen en aprietos económicos a unas empresas que generan empleo en la región y desarrollan una actividad económica muy importante
El sector azucarero encabezado por Asocaña y los ingenios deberán ser muy claros para demostrar que no se han constituido en un cartel empresarial
Para Asocaña hubo una sanción en primera instancia de $30 mil millones, Siamsa con $36 mil millones, lo que genera el cierre de este gremio y de esta empresa que tanto le han aportado al Valle del Cauca. Por esta razón reiteramos que el gobierno nacional y especialmente la Superintendencia de Industria y Comercio debe cumplir la ley con el valor de las cifras, teniendo en cuenta los daños causados, en el evento en que se comprueben finalmente las presuntas irregularidades cometidas por el sector azucarero.
Pero igualmente el gremio encabezado por Asocaña y los ingenios deberán ser muy claros para demostrar que no se han constituido en un cartel empresarial, que no han obstruido las importaciones como dice la Superintendencia de Industria y Comercio y que han generado una conducta anticompetitiva sancionada en esta modalidad de cartel empresarial.
No hay que olvidar que la libre competencia en el mundo fundamentan su progreso y crecimiento económico en la libertad de los mercados
Hay que tener en cuenta que en el 2010 la Superintendencia de Industria y Comercio había declarado responsables por cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores, es decir que se tuvo en cuenta como agravante que alguno de los ingenios y personas naturales sancionadas con multa habían ya sido declarados responsables en ese año.
Deben los ingenios igualmente demostrar que no han limitado la libre competencia que contextualiza la conducta que hoy les están reprochando, donde presuntamente hubo un acuerdo para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta manera evitar la caída en el precio del producto, que beneficia al consumidor colombiano.
La situación del gremio de Asocaña debe aclararse pues la sancion es mas alta que su patrimonio, aunque hay que tener en cuenta que la acusación es muy grave, cuando dice la SIC que sirvió de instrumento de coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no solo a través del intercambio directo o indirecto, si no impartiendo instrucciones de índole comercial a sus afiliados.
La defensa de varios ingenios y de Asocaña han calificado las elevadas multas como confiscatorias que le hacen grave daño a la industria y al Valle del Cauca
No hay que olvidar que la libre competencia en el mundo fundamentan su progreso y crecimiento económico en la libertad de los mercados, y es precisamente lo que se les reprocha a los ingenios azucareros y al gremio Asocaña, que han afectado el derecho de la competencia, es decir que no han creado las condiciones para que la economía funcione mejor en un refinen de libre mercado.
No podemos olvidar que el libre funcionamiento de los mercados es la mejor manera de asignar bienes y servicios, aseguran que estos sean producidos eficientemente y al menor costo, ofreciendo al consumidor final un bien de alto nivel de calidad y asequible dentro del mercado, por esta razón la libre competencia tiene una gran influencia en el desarrollo social del país, siendo el azúcar un producto muy importante para la canasta familiar de los colombianos.
La defensa juridica de varios ingenios y de Asocaña han calificado las elevadas multas como confiscatorias que le hacen grave daño a la industria y al Valle del Cauca como acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio falsas, por lo que deberá seguirse el debido proceso que tendrá que ver con el recurso de reposición y el recurso de apelación para bien de la sociedad colombiana, del Valle del Cauca, y de la industria azucarera. Es importante que Asocaña y los representantes legales den la cara, pues la acusación es muy grave y seguramente fue consultada con el Presidente de la Republica, como superior jerarquico del Superintendente.
La Andi claramente ha dicho que más allá de la culpabilidad o no de los implicados, tarea que es respetable y corresponde a los entes de control, el análisis del monto y magnitud de las sanciones puede llegar a afectar la viabilidad del sector, vital generador de empleos en el Valle del Cauca, pronunciamiento sensato que compartimos.
El comité intergremial y empresarial del Valle del Cauca han rechazado la forma sistemática y reiterada como el Gobierno Nacional ha emprendido acciones que ponen en riesgo la estabilidad social y económica del suroccidente colombiano. Adicionalmente, la bancada congresional del Pacifico Colombiano han solicitado la comparecencia de la Superintendencia de Industria y Comercio al Congreso de la República, para defender los intereses del sector azucarero, como importantes generadores de empleo en la región.
Por todo lo anterior, reiteramos que debe primar la sensatez entre todos para que los consumidores, la sociedad colombiana, los ingenios, el gobierno y los gremios, puedan quedar satisfechos en las decisiones que tome la SIC y el alto gobierno nacional, tanto en la reposicion como en la apelación que se presente. Las implicaciones que tienen las sanciones son preocupantes para la economía vallecaucana, pero también nos preguntamos si ejercer un poder dominante constituido como un cartel del azúcar, sería un monopolio, que afectaría los intereses de los consumidores. No es fácil de tomar partido en la controversia frente a la ley y la conveniencia del país, admiramos y respetamos al principal sector de la economía vallecaucana, pero seran ellos, quienes deben ahora demostrar su acatamiento a las normas legales.