Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El ejercicio de los derechos políticos no puede separarse de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano. Uno de esos derechos tiene que ver con el trabajo, base esencial de la existencia y desarrollo de la sociedad y factor determinante de la creación de la riqueza social establecido como uno de los principios y fines en que se fundamenta el Estado Social de Derecho.
Con ocasión del debate electoral que culminará el próximo 25 de Octubre, los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de alcalde de la ciudad, han dado a conocer algunas propuestas sobre dicho aspecto social en momentos en que crece el desempleo en la ciudad y no existe ninguna política municipal en esta materia, tendiente a garantizar el empleo estable y bien remunerado, en tanto se acrecienta la desocupación laboral en medio del proceso de desindustrialización, la proliferación del trabajo informal y el auge de la economía de los servicios que genera un empleo precario y tercerizado.
Frente a esta situación el candidato Angelino Garzón ha propuesto la creación de una secretaría de desarrollo económico, turístico y empleo. Con dicha propuesta de carácter burocrático se pretende resolver un problema real cuyas causas devienen del sistema económico y político de la sociedad capitalista globalizada, que se nutre del ejército de reserva de trabajadores que integran las filas interminables de desocupados, especialmente de jóvenes en edad de trabajar, que no encuentran oportunidades de trabajo, no obstante la existencia de planes y programas del Estado que no logran satisfacer la creciente demanda laboral.
Por su parte el candidato Armitage, propone apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el distrito de Aguablanca, generando con ello grandes expectativas que por cierto resultan muy limitadas, toda vez que la causa real del desempleo hay que buscarla en la insuficiente demanda de bienes y servicios que no pueden ser adquiridos por los consumidores debido a la decreciente pérdida de valor del salario, que conlleva a una baja en la producción y por ende una disminución de la actividad laboral que produce a su vez, un mayor desempleo que se agrava como consecuencia del aumento del trabajo mal remunerado, el incremento de los precios de los bienes de consumo, el aumento de los impuestos y el carácter cíclico de la producción, tal como está sucediendo actualmente con la desaceleración de la economía, del aumento de la inflación y la implementación de nuevas tecnologías, con las cuales se sustituye el trabajo masivo no calificado de miles de trabajadores. En estas circunstancias el Estado no tiene la capacidad de contener las fuerzas espontáneas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de los artículos, en tanto que los monopolios le imponen a los pequeños y medianos propietarios sus condiciones en materia de precios en medio de la competencia y el acuerdo entre los gobernantes y las organizaciones monopolistas.
Finalmente el candidato Roberto Ortiz propone la creación de un “banco de la gente” para que las personas con pequeños emprendimientos no tengan que acudir al “gota a gota”; además que asignará presupuestos por comunas para que así las gentes hagan sus obras y tengan su empleo. Semejante propuesta de corte electoral y demagógico no tiene asidero en la realidad, ya que el alcalde no puede disponer alegremente de los recursos del presupuesto para atender aquellas necesidades que rebasan las posibilidades fiscales, presupuestales y financieras de la municipalidad e incluso las propias facultades constitucionales y legales del alcalde para tal efecto.
En el evento de llevarse a cabo algunas de estas propuestas está claro que con ello no se modificarían las condiciones existentes en favor de la creación de empleo masivo y de buena calidad, a menos que dicha empresa resulta cada vez más difícil de realizar en medio de la desaceleración económica que vive el país y los problemas de inestabilidad macro-económica que afronta la ciudad, los cuales concurren con la generación de mayor desempleo, que conllevan a que las personas que están empleadas en el sector público o privado, teman perder sus puestos de trabajo, lo que es aprovechado por los empleadores para contratar personas con salarios irrisorios y sin mayores beneficios laborales.
Sobre este tema fundamental conviene que los caleños reflexionen profusamente, a fin de no dejarse seducir con falsas expectativas derivadas de las promesas de los candidatos, que son utilizadas como estrategia electoral para conseguir el respaldo y los votos de sus potenciales electores, mientras se mantienen el desempleo y la informalidad frente a lo cual se debe asumir una posición autónoma e independiente, optando por la alternativa constitucional de VOTAR EN BLANCO como la forma más racional y justificada de ejercer los derechos políticos y construir un nuevo modelo de ciudad que además de ofrecer todo tipo de servicios promueva el desarrollo económico industrial y agrario como fuente principal de la creación de empleo estable y del bienestar general.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social