Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Varios son los aspectos de carácter político y judicial pendientes de definir que hoy son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la toma y retoma del palacio de Justicia. No obstante es muy poco lo que se ha podido concretar en materia de responsabilidad política tanto del gobierno como del grupo guerrillero M-19, además de la que le cabe a la clase dirigente económica y política que avaló y justificó el proceder del gobierno Betancur.
En tratándose de los hechos y de las responsabilidades, la tendencia ha sido la de descargar sobre los hombros del movimiento M-19 la totalidad de la responsabilidad, aduciendo para tal efecto toda clase de argumentos que tienden a exculpar al gobierno de aquel entonces de toda responsabilidad a partir de la tesis peregrina expuesta por los ex ministros Jaime Castro y Nohemí Sanín, según la cual con la retoma del palacio de justicia se buscaba recuperar de manos del M-19 las instituciones democráticas y el poder del Estado que se había tomado parcialmente.
Esta versión contrasta con los hechos conocidos en virtud de los cuales el gobierno en su conjunto simplemente tomó la decisión de no negociar con el M-19, tal como había sucedido en el caso de la toma de la embajada dominicana durante el gobierno de Turbay y de proceder con la retoma del palacio de justicia a como diera lugar, en momentos en que el presidente Belisario Betancur se había convertido en un rehén de los militares a la cabeza de la cual se encontraba el general Miguel Vega Uribe otrora ministro de defensa quien participó con los ministros del despacho en la toma de la citada decisión gubernamental. De aquí se desprende la gran responsabilidad que tuvo el gobierno Betancur que facilitó la incursión a sangre y fuego de la fuerza pública al palacio de Justicia, con el único propósito de eliminar físicamente a los integrantes del M-19 y con ellos a varios magistrados, asesores y personas que se encontraban en dicho lugar.
Al cabo de treinta años de sucedidos los trágicos hechos del palacio de justicia, no solo no se conoce la verdad real sobre los mismos que reclaman las victimas ni lo que ocurrió con los desaparecidos que hoy continúa siendo objeto de nuevas investigaciones, si no que urge la necesidad de determinar la responsabilidad judicial y política de sus verdaderos autores y cómplices, particularmente de aquellos que hoy fungen como guardianes de la democracia y de la paz e incluso han salido a pedir perdón en un acto que podría calificarse como un sainete que se repite en los aniversarios del holocausto y que los colombianos no deben dejar pasar sin exigir la concreción de la responsabilidad política y judicial de quienes con sus acciones u omisiones, de manera directa o indirecta causaron tanto daño a las personas a partir de la incursión y desarrollo de este acto demencial que compromete igualmente al M-19 como al conjunto de ministros del gobierno Betancurt que asintió a su consumación.
Las decisiones políticas y militares asumidas por el gobierno Betancur en torno a los trágicos acontecimientos del palacio de Justicia se convirtieron en un grave precedente de violencia que se repite en el país bajo diversas formas y modalidades con las cuales se pretenden resolver las contradicciones que se producen en la sociedad en donde cunde el autoritarismo, el paramilitarismo, las bacrim, las guerrillas y se violan sistemáticamente los derechos humanos. En medio de esta situación de violencia los acuerdos de paz en La Habana (Cuba) son un ejemplo y alternativa de paz que demuestran que es posible una solución pacífica y negociada de la guerra indefinida e inhumana que han vivido los colombianos en los últimos sesenta años.
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