Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Con el proyecto de ley de refrendación plebiscitaria de los acuerdos de paz y la reforma constitucional que se adelanta en el Congreso de la República para la implementación del proceso de paz avalados por el gobierno del presidente Santos, se pretende a todas luces evitar de paso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, con la cual se refrendarían y ratificarían los acuerdos de La Habana (Cuba), poniéndose fin al conflicto armado e iniciándose en firme dicho proceso de paz.
Subordinar política y jurídicamente los acuerdos de La Habana (Cuba) a la aprobación del plebiscito se convierte en un riesgo que puede acabar con el proceso de paz, en la medida en que para su aprobación se requiere de la participación ciudadana (umbral) del 13% del total del censo electoral calculado en 33.8 millones de ciudadanos aproximadamente, lo que implica que por lo menos 4.4 millones de votantes tendrán que pronunciarse por el sí, ya que de hacerlo por el no, se estaría acabando con el proceso mismo de paz, tal como lo reconociera el senador Benedetti quien además señala “que si ninguna de las dos opciones (por el sí o por el no) no reúnen los mínimos legales éste no se aprobaría”.
Por otra parte, con la advertencia del presidente Santos en relación con la suerte del plebiscito en el sentido de que “si pasa él no la decisión del pueblo será acatada y seguiremos en guerra durante 20 o 30 años”, está implícita una presión indebida al pueblo, ya que la disyuntiva en este caso no puede consistir en continuar la guerra luego de haber avanzado en varios puntos de la agenda de paz.
Dicha circunstancia conllevará en la práctica un riesgo que no se debe correr a sabiendas que en el país existe una gran polarización de la opinión pública en torno a la forma como se ha venido adelantando el proceso de paz, el cual por lo demás, no necesita ser refrendado por medio de este mecanismo de participación ciudadana en aras de darle un carácter aparentemente democrático en la creencia de que de esta forma se blindará el proceso de paz y se podrán amarrar las reformas que el congresito aprobará con posterioridad a la refrendación plebiscitaria.
El hecho real es que dicha propuesta tiene un carácter unilateral pues hasta la fecha no ha sido acordada por las partes en la mesa de negociación, más allá de la cual nada puede ser tenido en cuenta separadamente por alguna de las partes salvo que se considere que el presidente puede disponer de la voluntad política del pueblo como si se tratara de un simple acto de disposición del poder de carácter autoritario o dictatorial.
La verdadera y auténtica refrendación y ratificación de los acuerdos pasa necesariamente por la convocatoria de una asamblea nacional Constituyente y Legislativa encaminada a realizar las reformas que requiere el país y demandan los colombianos a partir de la participación democrática y decisoria de las fuerzas políticas, sociales y regionales comprometidas con el cambio social que implica incorporar a los ciudadanos en la solución de los problemas económicos, políticos, sociales y el desarrollo inmediato y futuro del país en condiciones de igualdad para todos, reducción sistemática de la pobreza y garantía real de los derechos y libertades de todos ciudadanos.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social