Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Con toda razón los usuarios de los servicios públicos domiciliarios se encuentran alarmados con la noticia de que además de la cascada de alzas en la facturación de la energía y el incremento en el IPC, tendrán que pagar con la factura un billón de pesos por concepto de la deuda contraída supuestamente por EMCALI hace veinte años por la construcción de la planta de tratamiento de las aguas residuales (PTAR), que resultó a la postre insuficiente para atender dicha necesidad y no obstante las advertencias que se hicieron en su momento desde el punto de vista técnico, ambiental y financiero, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la administración de las Empresas Municipales de Cali EMCALI, provenientes de varios expertos sobre la materia.
Lo cierto es que durante el gobierno del presidente Samper se suscribió un documento CONPES mediante el cual la Nación se comprometía a pagar el 80% del total de la deuda a la banca japonesa circunstancia ésta que contó con el apoyo del alcalde de la época Mauricio Guzmán y del Concejo Municipal que respaldaron en un todo la negociación.
Posteriormente en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe se le impuso a EMCALI la obligación perentoria de asumir el pago de la deuda, al tiempo que el gobierno nacional se comprometió a devolverle a la empresa dicho valor en obras que debía realizar EMCALI relacionadas con la construcción de redes en materia de servicios públicos.
Por otra parte con ocasión de la entrega de EMCALI a la municipalidad después de trece años de intervención por cuenta de la Superservicios, el alcalde Rodrigo Guerrero, el Concejo Municipal, el gerente interventor y el bloque parlamentario aceptaron la condición de que el billón de pesos correspondiente a la deuda de la PTAR se destinaría a la expansión y reposición de redes de acueducto y alcantarillado en sectores específicos como son la zona turística de la ciudad y en la vía Cali-Jamundí, favoreciendo de ésta manera a unos pocos usuarios habitantes de las nuevas urbanizaciones, mientras se dejaba por fuera a la mayoría de los barrios del centro y de la periferia de la ciudad que continúan demandando la atención de EMCALI, debido a la obsolescencia de sus redes de acueducto y alcantarillado, que contribuyen a la pérdida de más del 50% del total del agua potabilizada.
Es insólito que siendo los servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y alcantarillado un servicio público esencial que incide en el bienestar social de la población se impongan de manera reiterada aumentos tarifarios que afectan notoriamente el presupuesto individual y familiar de los caleños, en tanto que el alcalde, el Concejo Municipal y la gerencia de EMCALI se aprestan impasibles a realizar el pago del billón de pesos impuesto por el gobierno nacional y la construcción de unas obras que más que un compromiso constituye una afrenta a los caleños que claman por una mejor calidad de los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales a que están sujetos los funcionarios públicos que por ningún motivo pueden trasladarle a los usuarios de los servicios el costo de la improvisación, la mala gestión de los negocios, la corrupción administrativa y las prácticas derivadas del clientelismo político, que han llevado a EMCALI a su marchitamiento y a la privatización de la operación y comercialización del conjunto de la gestión pública y administrativa.
A todos los usuarios de los diferentes estratos socio-económicos les hacemos una llamado desde la VEEDURIA al igual que a las organizaciones de trabajadores de la empresa con el fin de ponerle punto final a este desangre administrativo, económico y financiero y a exigirle al alcalde electo Maurice Armitage atender los requerimientos y demandas de los usuarios, sobre los cuales se pretende impunemente descargar todo el peso de la crisis por la que atraviesa EMCALI, además de la factura por los costos que genera el cambio climático anunciado frente al cual la administración no se preparó debidamente para mitigar sus efectos, tal como ha sucedido con otras empresas de servicios públicos que tomaron en serio dichas previsiones. A estas alturas del problema se imponen cambios estructurales en la empresa de carácter político, económico, financiero, administrativo, técnico, encaminadas no solo a recuperar el patrimonio público de EMCALI si no a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios con calidad, seguridad y sostenibilidad y con tarifas razonables y justas en igualdad de condiciones para todos los caleños y vallecaucanos que de alguna manera se benefician de los servicios que presta EMCALI.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social