Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La venta de ISAGEN constituye el peor desatino del gobierno del presidente Santos en contra del patrimonio del pueblo colombiano y de la economía nacional cuyos efectos negativos se verán reflejados en el mediano y largo plazo.
En este caso no se trata de establecer si el precio de la empresa que se ofrece en venta corresponde o no a su valor real o si éste se encuentra por debajo del costo de oportunidad del mercado o sí por lo demás resulta ser un magnífico negocio para las finanzas del Estado, en tanto que los recursos que se obtengan de su venta podrán ser invertidos en otros proyectos que produzcan una mayor rentabilidad a la que hoy se obtiene de su explotación económica y financiera.
El hecho real es que buena parte de los recursos serán destinados a subsidiar los créditos de los contratistas encargados de la construcción de las denominadas carreteras de cuarta generación (4G) consideradas por el gobierno nacional como la base fundamental para el desarrollo y progreso de la economía del país.
Lo que es posible prever es que una vez se agoten los recursos provenientes de la venta de ISAGEN, el gobierno de turno acudirá sin remedio a incrementar los impuestos y contribuciones para cubrir seguramente los sobrecostos de las citadas obras y con ello tapar el creciente hueco fiscal, que por cierto ha venido creciendo como consecuencia de la reducción del precio de los comodities (petróleo, carbón, minerales, etc.), y de la devaluación del peso frente al dólar, lo que terminará ahogando a la economía del país en medio del aumento desproporcionado de los precios del conjunto de bienes y servicios que se consumen en el mercado.
La venta de ISAGEN hace parte de la política neo liberal del gobierno del presidente Santos de la cual se beneficia sobre todo el gran capital monopolista trasnacional, que además de apropiarse de nuestro patrimonio se convierte en la cabeza de león para influir de consuno con el gobierno en la determinación del costo de la energía que tendrán que pagar los colombianos en el futuro mediato.
No obstante que algunos sectores políticos se han opuesto a la venta de ISAGEN, el gobierno ha logrado con el apoyo del Congreso y de la Justicia Contencioso Administrativa que levantó la medida de suspensión de la venta, convocar para el 13 de este mes la subasta pública en donde se definirá el futuro de la empresa considerada como la joya de la corona del actual gobierno.
No hay que olvidar que gracias a la resistencia del pueblo y de sus fuerzas más representativas se pudo evitar en el pasado su venta durante los gobiernos de Pastrana y de Uribe respectivamente. En esta ocasión las tres ramas del poder público de cuya división e independencia se ufanan los ideólogos burgueses se unieron en la práctica como un solo poder en cabeza de la clase gobernante para imponer la venta, tras de la cual se oculta el poder económico de los inversionistas extranjeros que compiten en el mercado, amparados por el Estado que legaliza y legitima sus acciones bajo la máxima del ministro de hacienda según la cual “las empresas del Estado hay que venderlas cuando son rentables”.
Con la adjudicación a uno de los dos inversionistas extranjeros que participarán en la subasta pública, se repite la historia de las privatizaciones de los bienes del Estado y se convierta en realidad la posibilidad de que el nuevo propietario de ISAGEN obtenga grandes utilidades con su explotación económica o su eventual transferencia del dominio a otro inversionista, después de haberse aumentado su precio de venta como producto de la valorización de sus activos.
Frente a semejante despropósito los ciudadanos no solo deben expresar su protesta airada y denuncia pública por el atropello al cual serán sometidos, sino que deben emprender toda una jornada política y social encaminada a organizar y movilizar las fuerzas políticas, sociales y regionales, capaces de realizar las acciones que conduzcan a la creación de un gran frente común contra el despojo del patrimonio público por parte de un gobierno que se dice representar y defender el interés general pero que en la práctica se comporta a la medida de un simple mercader que le pone precio a todos los bienes ya sean estos de carácter material, político, social, ambiental, cultural, etc.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social