Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
En principio se ha dicho a través de los medios de comunicación que el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria que presentará próximamente el gobierno del presidente Santos para su aprobación en el Congreso, tendrá como finalidad ampliar la base gravable con el propósito de incrementar el recaudo de los impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, etc.
Mientras tanto la comisión de expertos encargada de estudiar la nueva reforma, ya presentó al gobierno su informe respectivo con sus recomendaciones, según el cual, dada la situación de déficit fiscal y la desaceleración de la economía del país, se hace necesario elevar la tarifa del IVA del 16% al 19% y en especial la relacionada con los alimentos en un 5% para aquellos productos como la leche, los huevos, la carne, etc., y algunos otros productos y servicios como el papel y el internet popular, además de incrementar la carga impositiva a la gasolina, en tanto que tendrán que declarar renta todas aquellas personas naturales, cuyos ingresos asciendan a un millón quinientos mil pesos mensuales, circunstancia ésta que a nuestro modo de ver no impedirá para que en un futuro el gobierno de turno grave dichos ingresos.
De acuerdo con la Constitución es deber de todo ciudadano contribuir con el financiamiento e inversión que realiza el Estado en el marco de los principios de equidad, eficiencia, y progresividad de los impuestos. Sin embargo cada vez más se hace notoria la tendencia a reducir los impuestos directos con los que se gravan las rentas y las ganancias del gran capital, al paso que se extiende la base gravable respecto de aquellos impuestos indirectos que como el IVA gravan en igual proporción a ricos y pobres que ofrecen sus bienes y servicios en el mercado, vulnerándose de esta forma los principios arriba mencionados.
Por otra parte, el presidente Santos ha prometido combatir la elusión y la evasión de los impuestos, adoptando para ello una serie de medidas al respecto y con miras a lograr el aumento del recaudo en cerca de 121.8 billones de pesos para este año, objetivo este muy difícil de conseguir, mientras se mantengan ciertos privilegios que facilitan dichos fenómenos tributarios en cabeza de algunos sectores económicos y sociales específicos, relacionados con la aplicación de algunos beneficios tales como exenciones, deducciones, franquicias, estabilidad jurídica para los contratos y zonas francas, etc., con los cuales se otorga un verdadero privilegio que con todo y la nueva reforma se mantendrán o se reducirán sin que con ello se afecte significativamente el patrimonio, los dividendos y utilidades de quienes detentan detrás del Estado el poder económico y político de la nación.
Pero además, según algunos funcionarios de la DIAN dicha entidad no cuenta con la infraestructura, información y recursos técnicos para perseguir a los evasores, amén de que tampoco existe el propósito de adelantar dicha labor por lo demás mediatizada por la corrupción y los abusos que se cometen contra pequeños y medianos propietarios, comerciantes y empresarios, que en muchos casos son objeto de presiones indebidas y medidas represivas por fuera de la Constitución y de la ley.
En esta ocasión al igual que en el pasado es poco probable que las medidas que se adopten con la denominada “reforma tributaria integral”, produzcan los resultados a que aspira el gobierno y mucho menos se cumpla con lo establecido en la Constitución en lo que corresponde a la aplicación de los principios arriba mencionados, después de que el presidente Santos y su ministro de Hacienda decidieron incrementar el salario mínimo en su conjunto por debajo de la tasa de inflación, sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de los sectores de trabajadores que laboran en el país, en una clara violación de la Constitución privilegiando de esta forma a los empresarios en lo que podría calificarse como un acto de injusticia, inequidad y de regresividad, tal como se presume sucederá con la reforma tributaria anunciada.
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