Senadora de la República
La Corte Constitucional tomó dos importantes decisiones en materia ambiental; la primera, que declara inconstitucional el artículo del Plan de Desarrollo que permitía ciertas actividades mineras en los páramos, es un acierto. La segunda, que favorece la descentralización en materia de licencias ambientales, merece un análisis más cauteloso. No se debe confundir quien toma la decisión con quien debe ser el beneficiario.
El Gobierno arbitrariamente –y así lo denunciamos desde el Congreso en el debate del Plan- pretendía acumular funciones propias de los entes territoriales. Con un decreto y luego más sutilmente con el Plan, querían que el MinMinas decidiera sobre el uso del suelo en desmedro de alcaldes y concejales. Todo para que las licencias ambientales de los grandes proyectos no tuvieran más trabas a nivel regional.
Es necesario un nuevo sistema de licenciamiento y es deseable que se puedan hacer los proyectos. Para ello deben superarse las asimetrías entre la decisión y los beneficios. Hoy el gobierno nacional siempre urgido de recursos–con el afán que supone un periodo presidencial de 4 años-, toma decisiones y evalúa riesgos o daños que padecen las regiones. Lo hace rápido pues tiene interés en los recursos y los daños le son lejanos. Muchos municipios y departamentos prefieren mantener la agricultura o reservas forestales que los benefician directamente, que aceptar la construcción de megaproyectos, pues las regiones en general reciben pocos beneficios de esos proyectos; los grandes réditos van al gobierno central.
Un proyecto debe ser buen negocio desde cuatro perspectivas: suficiente para reparar el medio ambiente, significativo en las mejoras para la comunidad que lo rodea, proveer recursos para el Gobierno nacional y ser rentable para el particular. La solución requiere conservar las decisiones centralizadas sobre los proyectos y sus licencias –que permiten mayor capacidad técnica y eficiencia-, e incluir la participación en esta etapa de autoridades locales y sus exigencias. Sobre todo, debe haber mecanismos de negociación de las regiones con el Gobierno nacional, y el nivel central debe permitir que las regiones y las comunidades tengan mayores beneficios.