Por Oscar López Noguera-comunicador social-periodista
Fotografía panorámica explotación ilegal de oro en río Timbiqui Cauca.
La Defensoría del Pueblo evidenció el grave impacto de la minería ilegal en esas regiones, donde el fenómeno persiste con gran fuerza, no obstante las operaciones de las autoridades, que según cifras del Ministerio de Defensa, intervinieron cerca de 2.000 complejos de esa naturaleza durante 2015.
Los hallazgos en zonas rurales de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar, están discriminados así:
1. Despilfarro del recurso hídrico (acentuado en temporada de sequía), asociado al uso indiscriminado de 13 millones de metros cúbicos de agua al año, los cuales son devueltos en condiciones de alta toxicidad por el vertimiento de sustancias como el mercurio y el cianuro.
2. Derrame de combustibles como la gasolina y el ACPM (utilizados para el funcionamiento de dragas y retroexcavadoras), y emisión de gases de efecto invernadero por la quema de los hidrocarburos.
3. Deforestación de bosques naturales y demás ecosistemas (en promedio 16.700 hectáreas por año) para el apalancamiento de las minas, y deterioro de actividades básicas como la pesca y la agricultura, especialmente golpeadas durante el fenómeno de El Niño.
4. Carencia de medidas de higiene, seguridad (respecto al uso de explosivos, por ejemplo) y excavación técnica para el trabajo al interior de los socavones. (Se encontraron personas hospitalizadas por intoxicación con los químicos utilizados).
5. Ausencia general de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.
6. Injerencia de los grupos armados ilegales, quienes generan extorsiones mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción y el uso de la maquinaria, sin contar aquellos casos donde las mismas organizaciones criminales patrocinan la explotación para financiar sus acciones delincuenciales.
7. 350 títulos que pese a ser fiscalizados por la Agencia Nacional Minera, no cuentan con licencia ambiental.
Lo anterior hace que no sólo se causen muertes por accidentes asociados a los riesgos que implica la minería en condiciones de campo absolutamente precarias (las cuales al superarse el fenómeno de El Niño podrían ocasionar graves emergencias por la remoción de enormes volúmenes de tierra), sino que adicionalmente se producen asesinatos selectivos y amenazas contra los líderes de las comunidades resistentes al ingreso de la maquinaria, o que son desplazadas de la extracción aurífera artesanal.
Y es que en el tema de la minería, las actividades ilegales (incluyendo aquellas asociadas a la criminalidad) representan el 56 por ciento del sector, razón por la cual además del esfuerzo de las Fuerzas Armadas, resulta fundamental el concurso de los nuevos alcaldes y gobernadores en los territorios, así como la expedición de un marco regulatorio especial, dado que los controles administrativos son insuficientes.
En medio de este panorama, agravado por las actuales circunstancias en materia de cambio climático y sequía, son alentadores los anuncios del Gobierno respecto a un plan de formalización con plazo a 2 años, a fin de que esta actividad entre en cintura y exista un monitoreo estricto a los complejos de extracción, para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales a la salud, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad pública de los colombianos. La Defensoría estará atenta a los resultados de la estrategia.
Tal como lo había advertido desde junio de 2014, la Defensoría del Pueblo comprobó una vez más los devastadores efectos de la minería ilegal en el departamento del Chocó, donde la Corte Constitucional alertó sobre la muerte de 37 niños, presuntamente asociada a la contaminación por mercurio como consecuencia de esta actividad.
Funcionarios de la Defensoría Delegada de las Minorías Étnicas, y la Delegada para los Derechos Colectivos, acompañaron a los magistrados del alto tribunal durante una visita de inspección a varios sectores ubicados sobre la margen del río Quito, donde la intervención de draga, retroexcavadoras y otros elementos vienen ocasionando serios perjuicios para el medio ambiente.
Cabe recordar que la Defensoría había advertido sobre el impacto de la extracción aurífera en estas condiciones en localidades como Quibdó, Condoto, Lloró e Istmina. Los antecedentes planteados por la Entidad daban cuenta de las afectaciones en al menos ocho fuentes hídricas como el Atrato, San Juan, Andágueda, Bebaramá y Dagua, entre otros.
A propósito de la preocupación de la Corte Constitucional respecto al tema de infancia, la comisión independiente del ombudsman había señalado en su momento que la exposición permanente del ser humano a los químicos utilizados por la minería ilegal deriva en situaciones como la diarrea, edemas pulmonares, dermatitis, fracaso reproductivo y malformaciones genéticas.
Como resultado de las primeras visitas realizadas por la Defensoria a Chocó, se constató la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buenavista, Bajogrande y Quiparadó, precisamente por la contaminación de los ríos a propósito de este fenómeno enquistado en varios regiones del país.
La institución realizará nuevas visitas y estará atenta a las disposiciones de la justicia, y muy especialmente de la corte constitucional, a fin de auditar la labor de las autoridades y territoriales concernidas, y reclamar la garantía de los derechos fundamentales para las poblaciones más golpeadas por este flagelo.