* Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la medida en que nos acercamos a los cien días del gobierno de Armitage, no parece advertirse la posibilidad de un cambio sustancial en el manejo de los asuntos de la administración, ligados a los intereses y necesidades de los ciudadanos que esperan soluciones a sus problemas sociales, frente a los cuales continúan primando las improvisaciones y el desorden en la aplicación de las políticas municipales.
Todo ello se debe en buena parte a que la actual administración no está dispuesta a realizar un balance de la anterior gestión y de cierta manera repite los errores al momento de tomar las decisiones administrativas, ligadas a los compromisos, trabas burocráticas y clientelistas que hacen que la gestión pública sea lenta y paquidérmica en el desempeño en el cumplimiento de la misma.
Entretanto se aumentan los problemas en la ciudad sin que se avizore en el tiempo una solución previsible en materia de movilidad, déficit de vivienda, mala calidad de la salud y la educación, inseguridad, etc., para los cuales se ofrecen paliativos que poco o nada aliviarán los males que aquejan a los caleños desde hace varias décadas.
A la espera de que el alcalde Armitage presente su plan de desarrollo y ponga en marcha la denominada reforma administrativa del Municipio, los ciudadanos del común creen que tanto el plan como la reforma serán más de lo mismo, cargados de nuevas contrataciones con sus respectivos sobrecostos, nuevas mega-obras que se cobrarán por el sistema de valorización, más burocracia que aumentará los gastos de funcionamiento, además de algunos programas sociales destinados a atender las necesidades de los sectores mas vulnerables de la ciudad, los cuales servirán para ilustrar las estadísticas oficiales con la nueva cara de la pobreza y la desigualdad social.
Los ciudadanos deben reflexionar y exigir un cambio del modelo de administración de la ciudad, que garantice en la práctica la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en materia económica, política, social, cultural, ambiental, etc., tal como lo exige la Constitución Política y no como se ha procedido en el inmediato pasado en que solo se escucha y se toman las decisiones conjuntamente con los gremios económicos, empresariales, cámaras de comercio, de la infraestructura y de la construcción, etc., las cuales son avaladas por los partidos y movimientos políticos que respaldan los gobiernos de turno.
En este caso se trata de acercar el ciudadano a la administración municipal, con el fin de que participe en todas aquellas actividades de interés general logrando que la gestión pública no se convierta como hasta ahora en una simple instancia de comunicación y socialización de las decisiones que toman los gobernantes, desconociéndose de esta forma el principio de la soberanía popular que le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones.
El cambio de modelo administrativo debe estar precedido del desarrollo de nuevas ideas y de la acción cívica y política de las fuerzas democráticas y progresistas de la ciudad, encargadas de combatir los efectos negativos de las administraciones anteriores además de introducir nuevas formas y procedimientos acordes con las verdaderas necesidades de la ciudad y los intereses comunes y prioritarios de sus habitantes.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL