En las últimas semanas muchos colegas de opinión han abordado el tema de la renovación de las licencias de conducción. Estamos ante una típica improvisación donde el mismo estado es incapaz de atender la gran demanda que por decreto generó el caos del trámite de renovación del documento. El volumen que deben ser renovados, según las mismas autoridades es de 240,000, pero la capacidad de expedición de la ciudad no supera las 600 diarias, con lo cual se necesitaría más de año y medio para realizar su renovación. Ante esta realidad, la amenaza a la ciudadanía de imponer comparendos en el corto plazo, generaría igual número de procesos judiciales por cada comparendo, pues se podría argumentar que la improvisación e incapacidad del mismo estado imposibilita realizar el trámite en los plazos concedidos, congestionando el aparato judicial que debía ocuparse de descongestionar los miles de procesos que tienen por resolver.
Sin embargo lo que nos debemos preguntar es el destino de los miles de millones de pesos que generan esta imposición. Históricamente la ciudad de Cali se le ha medido con una equivalencia del 10% dentro del contexto nacional. Así las cosas, sí la demanda local es de 240,000 licencias, la nacional es de aproximadamente 2,400,000 documentos por renovar. Traducidos en cifras, y sobre un promedio de $180,000 por trámite, el recaudo local es de $ 43 mil millones y el nacional es la no despreciable cifra de $ 430 mil millones de pesos.
La Secretaría de Tránsito y Transporte, que en verdad debería llamarse de Movilidad, no se ha pronunciado sobre el plan de inversión que acometerá con los recursos que esta imposición genera. ¿O será que la cifra fue incorporada al presupuesto y ante la caótica situación no va a cumplirse el ingreso esperado y consecuentemente las inversiones previstas quedarán desfinanciadas? Sería importante conocer que porcentaje le queda al municipio y cual es el porcentaje destinado a los operadores autorizados por el Ministerio de Transporte. ¿O será que lo que se ha fraguado es un multimillonario negocio que favorece a los particulares que hábilmente, han venido desarrollando, operando, modernizando y tecnificando los arcaicos procedimientos, introduciendo herramientas como el RUNT y las fotomultas? Sería interesante que el Secretario de Transito se pronuncie sobre estas inquietudes e ilustre al ciudadano que el valor que esta aportando al realizar el tramite de renovación será reinvertido en el mejoramiento de la infraestructura de movilidad de la ciudad.
Más allá de poner en duda la efectividad de la medida, los plazos concedidos, las sanciones que se impondrán, debemos reflexionar sobre el beneficio que la renovación de la licencia le genera a la convivencia ciudadana. Sería interesante que además de los exámenes médicos de rigor, y mientras se espera pacientemente, se realizaran charlas sobre las normas de transito, el Código Nacional de transito, con sus 170 artículos, los mas comunes errores del conductor, la importancia de las cebras, el cruce a la derecha permitido, la importancia de dar vía a las ambulancias y las mas recurrentes faltas. Una charla sobre estos aspectos podría mejorar, no solo la movilidad, sino la intolerancia de los conductores por desconocimiento de la norma.
El juicioso análisis que sobre el tema hace el arquitecto Benjamín Barney Caldas, deja claridad con la inquietud del caótico resultado de la movilidad caleña “sumida en un total desorden de huecos y “policías acostados”, una “organización” del tránsito incorrecta e incompleta, y tan improvisada como la renovación de las licencias, pues no hay un plan vial. “
Ese anhelado “plan vial” debe ser la prioridad del destino de los ingresos correspondientes al tramite de renovación. Esa sola inversión, como lo han planteado repetitivamente y a lo largo de varias décadas, los estudiosos en procesos de urbanización, sería el mejo resultado y nuestro aporte se vería reflejado en una mejor convivencia entre el peatón y el invasivo automóvil.