Metrópoli
*Ramiro Varela
El mes de Enero que pasó, tuvo la ciudad de una serie de alarmas públicas que generaron mucho ruido, pero que finalmente logramos entender entre todos los ciudadanos, la grave situación de violencia que vive la ciudad.
Han sido varias las noticias nacionales que originaron diferentes reacciones públicas, como la publicada por El Espectador donde se hizo una alerta por Cali ante el incremento de los homicidios en la ciudad el año pasado; posteriormente la cadena Caracol hizo un programa donde se reiteró que el mayor problema de la ciudad es la violencia. Ambas publicaciones fueron desafortunadamente criticadas por la Alcaldía, lo que originó una controversia sobre la realidad social de la ciudad.
La semana pasada arrancó con las declaraciones públicas de una misión humanitaria internacional quien revisó los problemas de miseria, pobreza, derechos humanos y homicidios de la ciudad. Especialmente focalizaron su análisis en el barrio Potrerogrande de la Comuna 21, como uno de los sectores de menor protección social de la ciudad, mayor marginalidad urbana, hacinamiento y por supuesto alto volumen de asesinatos en el barrio y generados desde el mismo.
El Personero Municipal Andrés Santamaría fue uno de los personajes que describió esta problemática, lo que le generó la rectificación del Alcalde.
El viernes pasado el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, públicamente presentó esa misma preocupación y ante la jerarquía Constitucional del denunciante, la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Guerrero, acertadamente decidió implementar una mayor acción en inversión social y seguridad ciudadana.
Santiago de Cali, ahora si se ha unido por lo menos en el diagnóstico y en aceptar las soluciones urgentes de una problemática que no tiene porque afectar al Gobierno Municipal, es un problema de ciudad, cuya solución entre debe ser proyectada con la participación de la comunidad y la Nación, como sucedió en Medellín en los 90.