Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Después de realizado el foro organizado por la Contraloría Municipal sobre lo que se conoce de las 21 mega obras y su alcance urbanístico e incidencia en la movilidad, han surgido una serie de inquietudes que es preciso dilucidar en interés de todos los ciudadanos y particularmente de los contribuyentes que pagaron la totalidad o parte de la contribución de valorización. En este caso se trata de saber en primer lugar, quien pagará los sobrecostos que hasta el momento han generado su construcción y cuándo se terminarán de construir las que faltan. En segundo lugar si de acuerdo con la ley el gobierno municipal procederá a liquidar el proyecto atendiendo los costos y sobrecostos del mismo devolviendo a los contribuyentes los dineros cancelados por las obras no construidas. Todas estas inquietudes deberán ser tramitadas y resueltas por el gobierno municipal a la mayor brevedad posible, pues de no hacerlo los funcionarios responsables estarían incurriendo en una omisión con consecuencias disciplinarias y penales respectivamente.
Otro de los asuntos que preocupan a los ciudadanos, tiene que ver con la posibilidad anunciada de entregar anticipadamente a los operadores del MIO el denominado subsidio a la demanda equivalente a 320 pesos por pasajero sin que se hubiere dictado el decreto que reglamenta el fondo respectivo en donde se depositaran dichos recursos y sin que de otra parte los operadores hayan cumplido estrictamente con las exigencias derivadas de los compromisos adquiridos en materia de incrementar el kilometraje de 55.000 a 90.000 kilómetros y mejorar el servicio.
Así mismo existe la inquietud en torno a la manera como se atenderá la obligación de proveer cuanto antes los 53 nuevos comedores comunitarios hasta llegar a 100 que tan solo atenderán diez mil personas de un total de cien mil que según informes de prensa se “acuestan con hambre”, lo cual constituye todo un reto que no se puede resolver con simples promesas, en lo que se podría calificar como un paliativo ante la magnitud de este problema social.
Por otra parte nos inquieta la situación de los habitantes del jarillón y muy especialmente de aquellos con quienes según el gerente del proyecto, no ha sido posible llegar a un acuerdo formal y que en este momento son objeto del desalojo por parte de las autoridades policiales, en una acción aparentemente ajustada a la ley, pero que en el fondo atenta contra los derechos humanos, a la vida digna, la salud, la vivienda, etc., circunstancias ésta que pone en duda la política social del mandatario de turno que no cuenta con un plan integral de reubicación que satisfaga la demanda poblacional del sector, amén de las promesas, los requisitos formales y la tramitología para acceder a una vivienda o al pago de una compensación o a una suma irrisoria para los arrendatarios de viviendas en el jarillón a quienes se les está dando un trato deshumanizante.
Por último nos preocupa sobremanera la decisión tomada por el gobierno departamental y quienes están al frente de la reestructuración del HUV decididos a convertir dicho centro de salud en un hospital de alta complejidad, motivados por el propósito de incrementar su rentabilidad económica a costa de limitar su función social en relación con la prestación de otros servicios en favor de la población de Cali y de otros municipios del departamento, que demandan con urgencia la atención médica, quirúrgica, radio y quimioterapia, etc., en medio de la precaria situación que afronta la red hospitalaria regional y el propio sistema de salud. De llevarse a cabo en la práctica dicho propósito se estaría causando un grave perjuicio a los ciudadanos que tradicionalmente acuden al HUV al cual llevaron a la quiebra sus administradores en desarrollo de las políticas neo liberales que convirtieron la salud en un negocio con anuencia del gobierno nacional y departamental.
Las autoridades municipales y departamentales tienen la palabra en estos casos para responder las inquietudes de los ciudadanos, las cuales deben ser resueltas sin mayores dilaciones y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y el derecho que tienen los caleños y vallecaucanos de exigir a sus autoridades que actúen en torno al cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y su obligación de rendir cuentas a la comunidad cuando esta así lo considere conveniente y ajustado a sus intereses y necesidades esenciales ligadas a su existencia social.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social