Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La declaración universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en donde se fijaron los principios y derechos básicos aplicables a todos los individuos independientemente de su origen racial, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, etc., constituyó un paso adelante para su formalización y eventual aplicación en todos los países que suscribieron dicha declaración, la cual se complementó con la declaración de los derechos económicos, sociales, culturales de segunda y tercera generación.
Esta circunstancia memorable no ha impedido sin embargo para que en el mundo globalizado se presente un profundo abismo entre la situación jurídica del individuo establecida formalmente en las Constituciones de los países y la posibilidad real de materializar la realización de sus derechos Humanos.
Y aunque en la defensa de los Derechos Humanos se ha logrado la materialización de algunos de ellos, subsiste sin embargo la pretensión de impedir o dilatar su aplicación, en tanto se profundiza un gran desequilibrio entre los derechos económicos, políticos y sociales de los cuales se apropian algunos individuos pertenecientes a las clases dirigentes, y los deberes cuyo cumplimiento se descarga sobre los individuos que viven fundamentalmente de su trabajo y hacen parte de las clases populares y medias de la población. Este hecho ha generado un quebrantamiento de la unidad entre los derechos y los deberes que integran las relaciones jurídicas y sociales respectivamente.
que los gobernantes no cumplen con el deber de garantizar los derechos socio económicos y socio políticos de los individuos en igualdad de condiciones para todos
Esta circunstancia tiende a complicarse en la medida en que se intensifican los reclamos y las protestas de los ciudadanos contra la vulneración de sus derechos especialmente en aquellos regímenes autoritarios en donde el ejercicio de los derechos se reduce a su mínima expresión aumentando los deberes de manera injustificada. Por lo demás habrá que decir que los gobernantes no cumplen con el deber de garantizar los derechos socio económicos y socio políticos de los individuos en igualdad de condiciones para todos, al tiempo que aseguran su ejercicio en favor de quienes consideran sus aliados en la lucha política por el acceso o afianzamiento del poder del Estado en donde no faltan la demagogia y el populismo que hacen que dichos gobernantes aparezcan como abanderados de los Derechos Humanos, de la causa de la Paz y del Humanismo.
Las dificultades existentes desde el punto de vista de la aplicación de los derechos y deberes conforme a las normas consignadas en las Constituciones y en los tratados universales muy poco han contribuido a acabar con la desigualdad económica y social producto de la concentración de la riqueza social en pocas manos, circunstancia esta que se hace mas evidente en el seno de la comunidad, no obstante que en algunos Estados ha sido posible reducir los índices de pobreza y desigualdad, a partir de una mejor distribución de los ingresos y la prestación de ciertos servicios básicos en educación, salud, vivienda, etc., que por lo demás se han venido deteriorando con el paso del tiempo, en tanto que los individuos y grupos familiares que han ascendido en el escalafón social temen ser despedidos de sus trabajos y a volver a los niveles de pobreza anteriores en la medida en que se acentúan las crisis económicas, financieras, hipotecarias, políticas, sociales, que hoy se extienden a todo el planeta.
Un capítulo especial dentro del análisis de los Derechos Humanos lo constituye el trato inhumano que se le da a los desplazados por la violencia étnica, religiosa, política, y de todas aquellas minorías que migran a los países desarrollados en busca de mejores condiciones de vida y a quienes no solo se les violan sus derechos fundamentales sino que son convertidos en mercancías cercanas a la esclavitud.
Por otra parte, los derechos y libertades a la huelga, asociación sindical y contratación colectiva están sometidos a toda clase de restricciones y limitaciones a la par con el derecho al trabajo el cual se encuentra condicionado por el mercado laboral sujeto a la oferta y a la demanda de trabajadores que hoy no reciben la garantía real de protección efectiva de este derecho por parte del Estado.
Así mismo el ejercicio de los derechos políticos está interferido por las prácticas del soborno, la infracción de las leyes electorales, la violencia y la corrupción sistemáticas que se emplean antes y después de los debates y comicios electorales, cuando no es que los electores son tratados como simple masa electoral disponible por los dirigentes de los movimientos y partidos políticos que los manipulan con el ofrecimiento de toda clase de promesas económicas y electorales.
La situación de la mujer merece una mirada especial en tanto que muy poco ha significado entregarle por ejemplo los derechos políticos sin haberse creado las condiciones para que pudiera ejercerlos participando en los asuntos del Estado y de la sociedad. Igualmente se deberá levantar un reproche contra las leyes que de alguna manera colocan a la mujer con respecto al hombre en desigualdad de condiciones en el trabajo, la política, la familia y en general en todas las actividades de la vida social.
En varios países desarrollados las mujeres son discriminadas en relación con la ocupación profesional, la remuneración del trabajo, la educación y su profesionalización, todo lo cual es todavía más crítico en los países emergentes en donde se impone la necesidad de luchar por construir una política incluyente que permita a las mujeres avanzar por el camino de su emancipación.
amerita un cambio de actitud en defensa de los Derechos Humanos que debe pasar necesariamente por la construcción de una sociedad en paz y con justicia social
De todo esto no es ajeno nuestro país que ha vivido por décadas la violación de los Derechos Humanos por parte de las disputas partidistas, la cooptación de las instituciones por el narcotráfico, el imperio de los paramilitares y el desarrollo del conflicto armado entre los diferentes grupos guerrilleros y el establecimiento que hoy parece tocar a su fin, lo cual amerita un cambio de actitud en defensa de los Derechos Humanos que debe pasar necesariamente por la construcción de una sociedad en paz y con justicia social en condiciones de igualdad, libertad y solidaridad, derrotando con la fuerza de la paz las formas violentas que han persistido en nuestro país, lo que no obsta para continuar haciendo las denuncias contra la violación de los Derechos Humanos, advirtiendo que el goce de los denominados derechos civiles individuales y colectivos, resulta totalmente imposible de realizar sin la satisfacción de los derechos económicos y sociales y el mantenimiento del equilibrio entre derechos y deberes iguales.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social