Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los representantes del Consejo Nacional gremial le entregaron al presidente electo Iván Duque un paquete de propuestas económicas, encaminadas a generar una nueva situación social en el campo de la contratación laboral, la salud, pensiones, educación, infraestructura y fuentes de energía renovables, más allá de las cuales sus mayores beneficiarios serán los empresarios ligados al gran capital financiero nacional e internacional que opera en el país.
Es sabido que con la participación de los representantes de los gremios en el gabinete del presidente electo, se materializan en la práctica la unión personal, económica y política entre el gobierno y los empresarios mediante el intercambio de funciones que pasan del ejecutivo al sector privado y viceversa, convirtiéndose el aparato del Estado en un apéndice orgánico del gran capital.
Dichas propuestas presentadas conteniendo una variedad de aspectos económicos y sociales de puntos, deben ser examinadas con cuidado por todos los colombianos quienes, deben estar vigilantes de su desarrollo pues no cabe la menor duda de que las mismas se incorporarán posiblemente en las leyes que debe aprobar en este semestre el Congreso de la República.
Por otra parte es previsible que en la medida en que se acrecienta dicha fusión, se comienza a utilizar el poder para restringir los derechos y libertades de los ciudadanos, de los partidos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales que luchan por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales, circunstancia esta que lleva a una mayor tensión y confrontación social y política, en tanto que las propuestas presentadas pueden convertirse en un puntal estratégico de la política del nuevo gobierno que buscará por todos los medios imponerlas al pueblo colombiano con la aquiescencia de los partidos de la coalición representados en el Congreso de la República.
Las propuestas en materia tributaria tienen por objeto imponer nuevos tributos a quienes reciben entre 2.5 y 3 salarios mínimos legales, mientras que se les reduciría a las empresas la carga tributaria en virtud de los contratos de estabilidad jurídica que les permiten gozar del privilegio de no ser gravadas con nuevos impuestos durante un tiempo prolongado. Así mismo, tratándose del régimen pensional se busca subir la edad para pensionarse y el valor de las cotizaciones, particularmente de las mujeres quienes por lo demás únicamente tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes entre un 70 y un 80%, no obstante que en la actualidad es del 100%.
Igualmente se prevé la posibilidad de conceder pensiones por debajo del salario mínimo, además de proponerse que su liquidación se realice a partir del promedio de los salarios de toda la vida laboral y no de los últimos diez años, y con lo cual se reduciría considerablemente el monto de la misma. Además se considera que es necesario eliminar el sistema público de pensiones y aquellos regímenes especiales como el de los maestros, los jueces y el de las fuerzas armadas.
En torno a la salud se propone eliminar la responsabilidad de las empresas de la obligación de reubicar a los trabajadores enfermos y de revisar las incapacidades por diferentes enfermedades, haciendo hincapié de que el Estado debe cumplir en su totalidad con los riesgos de aquellas enfermedades consideradas como de alto costo.
En cuestiones de educación se propone el establecimiento de una educación adecuada a los estándares y funciones que se aplican en las empresas, lo que conlleva a combinar el aprendizaje en las escuelas con la requerida en el puesto de trabajo a fin de dotar de competencias a los trabajadores y empleados en general ligadas a las nuevas tecnologías que imperan en la actualidad, circunstancia esta que de hecho aísla al aprendiz del conocimiento general sobre el mundo real en que vive, convirtiéndolo en un apéndice de la tecnología y de los procesos de robotización en la producción.
Finalmente existe la pretensión de que de una parte se mantenga por ejemplo la estructura de la tenencia de la tierra, garantizándose de esta manera la concentración de la propiedad en el campo y la explotación económica del trabajo que contribuyen a la desigualdad social de la población campesina. Así mismo se aboga por la aprobación de la ley estatutaria para las consultas previas que giran en torno a los proyectos que se adelantan en materia en infraestructura, minería, generación de energía y explotación en general de los recursos naturales, limitándose la participación de los ciudadanos y de los municipios en donde tiene lugar dicha explotación, coartando de esta forma las decisiones que se toman en torno a la defensa del patrimonio económico, ambiental, hídrico, paisajístico, etc.
Todas estas propuestas están precedidas de la voluntad de modificar las actuales reglas de juego que rigen para dichas materias con miras supuestamente a incrementar la productividad del trabajo, la competividad y el crecimiento económico conjuntamente con el bienestar y la ampliación de la clase media en expansión en el país. Dicha estrategia hace parte de la retórica con que se pretende apaciguar los ánimos de las clases trabajadoras y ciudadanía en general que se verán seriamente afectados en su parte económica y social con dichas reformas en caso de ser aprobadas y aplicadas en el país.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social