Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la ciudad de Cali deben realizarse cambios desde el punto de vista económico, político y social, con ocasión de los efectos generados y los que se generarán con la presencia y expansión de la pandemia del COVID-19.
Pasado el primer semestre de este año se notan varios cambios en la vida social, familiar y en general del conjunto de las relaciones sociales.
Uno de los aspectos mas impactados con la crisis es sin lugar a dudas el empleo a todos los niveles de la actividad laboral con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, el comercio y la economía de los servicios.
Está claro que tendrán que cambiar aquellas políticas públicas en materia de seguridad, movilidad, infraestructura entre otras, que antes de la pandemia fueron objeto de la improvisación y de un inadecuado manejo casi siempre dirigido a favorecer a determinados grupos económicos, que en el caso de la infraestructura están ligados con la contratación oficial y la politiquería que caracterizan a los gobernantes de la ciudad.
Ahora que la crisis económica y sanitaria imponen la necesidad de introducir varios cambios, es menester pensar en revisar el plan de Desarrollo Económico y Social dadas las nuevas condiciones en que quedó sumergida la ciudad con la cuarentena por la pandemia. Además debe tenerse en cuenta que el presupuesto municipal para la realización de las obras del Plan está totalmente desfinanciado y en este caso el gobierno municipal difícilmente podrá adelantar varios de los proyectos y programas contenidos en dicho Plan. Circunstancia a la cual se suma la limitada capacidad de inversión del Municipio para la realización de las obras debido entre otros aspectos a la reducción de los impuestos que debían recaudarse durante el mandato del alcalde Ospina y que no se podrán suplir con la adquisición de nuevos créditos con los bancos aumentándose con ello el abultado endeudamiento, con lo cual se comprometerían significativamente las finanzas del municipio para atender sus necesidades en materia de funcionamiento y de gasto social.
Y aunque hay una deuda por saldar en materia de infraestructura vial además del propósito de construir espacios públicos de encuentro de los ciudadanos como la casa del Pacífico o el Parque Tecnológico –Smart- en el predio del antiguo Club San Fernando, la administración debe priorizar otras obras aplazadas como el reforzamiento del Jarillón del río Cauca y el traslado de la comunidad que lo ocupa, a otro sitio en condiciones dignas de vivienda y de salubridad.
Pero además, se requiere cambiar fundamentalmente la forma como se viene financiando el STM MIO que presenta un déficit estructural y una deficiente prestación del servicio público de transporte. Esto sin contar con la necesidad de introducir cambios en la movilidad en la ciudad en donde predominan el caos y la anarquía en varios sectores, lo cual no se podrá resolver con la simple construcción de más kilómetros de ciclovías, zonas de parqueo o de estacionamiento regulado que por lo demás no cuenta con los recursos para su financiación.
Igualmente sucede con la seguridad en la ciudad que demanda de nuevas estrategias para combatir la proliferación del delito y de la violencia generalizada en comunas y barrios de la ciudad y para lo cual tampoco existen los recursos suficientes para hacerle frente a este problema y garantizarles a los ciudadanos su vida, honra y bienes conforme lo ordena la Constitución Política.
La idea de crear una especie de banca de oportunidades para entregar créditos a microempresarios hace parte de las propuestas que contiene el Plan de Desarrollo por cierto muy ambiciosa pero que no deja de ser mas que una simple promesa desligada de la realidad económica, financiera y fiscal del Municipio que como se dijo anteriormente posee una deuda creciente con los bancos, en tanto sus ingresos provenientes de los impuestos municipales se debilitan en medio de la situación actual.
Otro aspecto esencial que debe cambiar en la ciudad consiste en hacer efectivo el mandato constitucional en torno al cual los funcionarios públicos tienen la obligación de facilitar la participación de los ciudadanos en aquellos asuntos que los afectan, lo cual no se cumple en la práctica, al tiempo que se toman decisiones de manera autoritaria que se dan a conocer en las reuniones que se realizan con los habitantes de las comunas y barrios de la ciudad, decisiones que nunca son consultadas con los ciudadanos pero que terminan adoptándose en contra de sus intereses generales.
Desde el punto de vista social la administración debe procurar por la unidad de los caleños, la preservación a la vida, la convivencia social, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro del marco jurídico del Estado Social y democrático de Derecho que garanticen un orden económico, político y social justo, ajeno a la posición ideológica y política del mandatario y que no sea contraria al pluralismo y a los principios, valores y derechos de los ciudadanos que aspiran a que el destino de la ciudad esté ligado al progreso material y espiritual y al bienestar social en igualdad de condiciones para todos los caleños.
ADENDA 1: El funcionamiento de la nueva clínica “Unidos por la Vida” para atender a las personas contagiadas con el COVID-19, constituye un buen logro con recursos bien invertidos en beneficio del interés general.
ADENDA 2: Es necesario que las autoridades municipales faciliten la participación de los ciudadanos con sus observaciones y propuestas en relación con los cambios que se pretenden introducir a la Plazoleta Jairo Varela que hasta el momento no presta ningún servicio a la comunidad conforme a lo que se dijo por la administración Ospina en la exposición de motivos del acuerdo de las megaobras en el 2008, ni invita a los caleños al encuentro y disfrute de su entorno físico abandonado por las anteriores administraciones.
ADENDA 3: La utilización del medicamento IVERMECTINA debe hacerse conforme a las indicaciones del INVIMA y de la comunidad médico-científica que no lo recomiendan para el tratamiento del COVID-19, advirtiendo “que los datos clínicos sobre la eficiencia de tal medicamento aún son limitados y no existe evidencia científica que demuestre su utilidad y seguridad para disminuir la carga viral y las complicaciones causadas por la enfermedad”.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social