La semana pasada se llevó a cabo en el Cabildo Municipal el segundo intento para debatir la problemática social, técnica, económica y financiera de la contribución de valorización para la construcción de las 21 Megaobras, pero el punto de arrancada fue que no hubo quórum decisorio, y salvo dos cabildantes, las intervenciones fueron muy pobres y realmente no hubo debate. Y qué decir de la Administración Municipal representada por el Ing. Miguel Meléndez Secretario de Infraestructura y Valorización, en donde solo trataba de cumplir y salir corriendo, pues su intervención fue de bajísimo perfil y no tuvo quien le hiciera la réplica.
Podríamos rescatar lo manifestado por la Concejala Audry María Toro “La construcción de las Megaobras por el sistema de concesión, no se estaría cumpliendo, hay un retraso en el recaudo que superaría los 75 mil millones de pesos, de ahí que los cronogramas no se cumplan”, llamó la atención del gobierno caleño para que adopte medidas, mire de qué forma se podrían mejorar los tiempos de entrega de obras versus los pagos a los concesionarios.
Así mismo la Concejala Patricia Molina, solicito se explicara la diferencia entre el valor de las obras y el contrato firmado. “A eso no se ha dado respuesta a la fecha”. Igualmente consideró que las 21 Megaobras afectan socialmente a la comunidad, especialmente en el tema del recaudo, porque los más atrasados son los predios residenciales. La Concejala también cuestionó la legalidad de las 21 megaobras, sobre la base que el plazo dado en el Acuerdo 297 de 2010, para dicha construcción se venció y a la fecha no tendrían piso jurídico.
Todo se quedó sin respuesta en el Cabildo y ha perdido 6 meses, sin defender la comunidad en la amenaza del cobro coactivo (jurídico), que ha informado la Administración Municipal, pero que no se ha atrevido a realizarlo. Pareciera que el Alcalde habría dado instrucciones de suspender el cobro jurídico, pues fue una de las ofertas de su campaña electoral.
El Concejo se abstuvo de darle la palabra al representante de los propietarios de predios gravados por Valorización Ramiro Varela, y para justificar su negativa, lo sometió a votación, cuando sabía que no había quórum. El “hábil” Presidente Fernando Tamayo logró la respuesta fue 6 por el SI y 1 por el NO, pero previamente había colocado al Secretario General del Concejo Hebert Lobatón a pedirle a los Cabildantes que se levantaran y no dejaran hablar al vocero de la comunidad.
Lo único cierto, es que el Cabildo Municipal ha sido inferior a su responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos contribuyentes y no ha sacado ni una conclusión, de las múltiples irregularidades ya demostradas en los juzgados sobre la contribución de valorización para las 21 Megaobras.
Inclusive tiene el “elefante” dentro del hemiciclo, como es el Acuerdo 297 del 2010 y sólo lo ha querido entender la Concejal Patricia Molina, los demás hacen caso omiso sobre lo decidido en noviembre del 2010, de ordenar el inicio de las Megaobras hasta el mes de septiembre del 2011, so pena de devolver los dineros pagados sobre obras no construidas y no contratadas.
Flaco servicio le presta a la municipalidad ésta “omisión” del Cabildo de Cali, pues ante la falta de decisión jurídica del Gobierno Municipal para hacer cumplir las normas municipales y nacionales en cuanto a que las obras se debe iniciar a los 2 años siguientes al cobro de las mismas, el Concejo no obliga al ejecutivo a superar los escollos legales del proyecto y reorientar las Megaobras, con una ejecución acorde con la realidad técnica del proyecto.
Por estas razones, la contribución de valorización y las Megaobras siguen a la deriva, los contratistas financiando las obras atrasadas a cuenta gotas, el Gobierno pidiéndoles más crédito y convocando nueva licitación, obligando a una financiación total por parte de los concesionarios, dejando obras tan importantes sin construir como la Av. Circunvalar del Sur y la carretera al mar. Por ello ni el Concejo, ni el Gobierno le encuentran el rumbo a las Megaobras, por lo que el señor Alcalde Rodrigo Guerrero le debe a la ciudad un informe completo, jurídico y técnico, al proyecto que representa el mayor dolor de cabeza para su administración.