María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El Covid-19 no solo ha provocado graves efectos sociales y económicos en el mundo entero, sino que ha sido una amenaza para la seguridad alimentaria de muchos países en vías de desarrollo. Colombia no ha sido la excepción. Entre otras cosas porque cuando hablamos de seguridad alimentaria consideramos tanto la oportuna y suficiente oferta de alimentos, como la capacidad de adquisición de la canasta nutricional mínima por parte de los ciudadanos para su desarrollo. Esto no es otra cosa que disponer de los ingresos necesarios para acceder a esos alimentos que se requieren.
Durante la pandemia el país no ha tenido problemas de oferta de alimentos ni de su distribución, ello gracias al trabajo dedicado y constante de nuestros productores agropecuarios, en especial de los campesinos; y a las oportunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para dar prioridad al transporte intermunicipal de alimentos en condiciones favorables. Pero donde sí hemos tenido inmensos riesgos es en el otro componente fundamental para la seguridad alimentaria: que los hogares cuenten con ingresos que les permita adquirir la canasta nutricional mínima para vivir.
Para enfrentar este panorama han sido claves y oportunas las medidas implementadas por el gobierno del presidente Iván Duque. En esa línea quiero destacar el decreto 471 de 2020, con el cual el Ministerio de Agricultura asumió el control de la política de precios de los insumos agropecuarios, poniendo fin a la especulación y apoyando a nuestros campesinos para que pudieran acceder a los suministros necesarios para continuar con su trabajo. Cabe señalar que, dentro de las decisiones y esfuerzos impulsados por el Ministerio de Agricultura para mantener la oferta de alimentos, está la línea de crédito “Colombia Agro Produce”. Se entregaron más de $311.000 millones en créditos: 55% para pequeños, 28% para medianos y 17% para grandes productores.
Igualmente hay que hablar del decreto 470 de 2020, el cual ordenó a las entidades territoriales garantizar que los estudiantes matriculados en colegios públicos, más de seis millones de estudiantes, recibieran en su casa los alimentos contemplados en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Sin duda, este gran esfuerzo logístico ha sido fundamental para minimizar los riesgos de una mala alimentación y de desnutrición infantil.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el principal efecto negativo de la pandemia fue el confinamiento obligatorio al que nos vimos abocados para evitar la propagación del Coronavirus, así como la pérdida de empleos o primera actividad fuente de ingresos en gran parte de la población, lo que disminuyó ampliamente el acceso al suministro regular y adecuado de los alimentos en muchos hogares.
En materia de ingreso de los hogares en condición de pobreza y de vulnerabilidad, las mejores decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para la seguridad alimentaria han sido la transferencia monetaria no condicionada del Ingreso Solidario, con un giro mensual de $160 mil para tres millones de hogares; y los giros extraordinarios de los programas con transferencias monetarias condicionadas como ‘Familias en Acción’, que ha beneficiado a 2.6 millones de familias, ‘Jóvenes en Acción’ que ha llegado a más de 300 mil jóvenes, y ‘Adulto Mayor’ con 1.7 millones de adultos cubiertos. Se estima que, gracias a estos programas, el ingreso del 10% más pobre de la población se ha incrementado en cerca de un 30%, permitiéndoles disponer de capacidad de gasto.
En paralelo, y para preservar el empleo formal y el ingreso, y apoyar a las empresas y personas independientes con tres o más trabajadores a cargo, se ha beneficiado a 3.1 millones de trabajadores de salario mínimo con el 40% del salario, desde mayo del presente año, y se ha extendido hasta marzo de 2021, y con el 50% de la prima de junio que se ha extendido también a la de diciembre. Cerca de $7 billones será el valor de este programa desde su inicio.
Todas estas estrategias han evitado una emergencia alimentaria en nuestro país, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que la ONU advierte que como consecuencia del Covid-19, el número de personas en situación de hambruna crítica en el mundo aumentaría a 270 millones antes de terminar el 2020, lo que ocasionaría un aumento del 82%, comparado con 2019. En Colombia según el DANE, antes de la cuarentena, el 88,9% de las familias podían consumir tres comidas al día, pero tristemente hoy sólo lo pueden hacer el 68%. Impacto dramático que afecta la buena nutrición y por lo tanto la dignidad del hogar.
El mejor antídoto contra la inseguridad alimentaria por la carencia de ingresos suficientes y permanentes es el trabajo formal. Por ello, todos estamos llamados a contribuir con los esfuerzos públicos nacionales y locales para reactivar la economía, en especial a los sectores más intensivos en mano de obra como los sectores: textil, confecciones, calzado, agroindustrial, turismo y servicios ampliados (que será lenta su reactivación), y los servicios TIC. Reactivar la infraestructura y la vivienda son fundamentales como medidas de choque para rápidas oportunidades de empleo.
La pandemia ha servido no sólo para adoptar medidas audaces en materia de salud y de atención a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, sino para incrementar la solidaridad ciudadana. La pobreza monetaria para este año puede estar rondando el 40% de los hogares, lo cual es una tragedia social y una responsabilidad moral su atención. Por ello el retroceso social en bienestar y seguridad alimentaria exige no sólo que el gobierno mantenga en el 2021 estos programas, sino que apostemos a menos paros y marchas y más actividades productivas operando.