Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La creación de empleo masivo a partir de la reducción del salario mínimo de los trabajadores, constituye un acto de violencia que contradice los fines esenciales del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en particular los relacionados con la obligación que tienen las autoridades de proteger en su integridad el “derecho al trabajo como fuente principal de creación de riqueza de los colombianos”.
Al respecto un grupo de “connotados economistas”, le propusieron recientemente al presidente Duque la posibilidad de crear en un año un millón de puestos de trabajo, contando para ello con el apoyo del Estado con base en la construcción de un conjunto de pequeñas obras públicas en las ciudades y en las zonas rurales, que incluirán el pago del 80% del salario mínimo a los trabajadores con lo cual se lograrían reducir los índices del desempleo en todo el país. De implementarse dicha política se desmejorarían las condiciones de vida individual y social de los trabajadores generándose un grave precedente que se convertiría en una regla general aplicable a todo el mercado de trabajo.
El crecimiento del desempleo y el pago de un salario mínimo que se encuentra muy por debajo del costo de la canasta familiar es un fenómeno recurrente que limita la demanda de bienes y servicios de los consumidores derivada del aumento del grado de pobreza y desigualdad social que tiene Colombia.
Todo esto se encuentra estrechamente ligado con diversos factores como la concentración de la riqueza en pocas manos, el proceso de desindustrialización del país, el bajo rendimiento de la producción, la pobreza en el campo, la baja tasa de productividad del trabajo y los reducidos índices de competividad, además del déficit comercial y de la balanza de pagos que aumentan la dependencia de la economía nacional de la de otros países particularmente de los EE.UU.
Y de ahí que no sea tan fácil recuperar y reactivar la economía en donde regularmente crece la informalidad según cifras provenientes del DANE y del RUES de las cuales el 81% de los 7.2 millones de empresas que existen en Colombia son informales y el 97% tienen menos de 3 trabajadores y, el 59% del empleo se concentra en empresas de menos de 5 trabajadores.
No hay que olvidar que la causa real y directa del desempleo y de los bajos salarios hay que buscarla en la insuficiente demanda de bienes y servicios que no podrán adquirirse por los consumidores debido a la decreciente pérdida del valor del salario, que conlleva a una baja en la producción y por consiguiente a una disminución de la actividad laboral que tiende a generar un mayor desempleo, que se agrava aun más con el aumento de los precios de los bienes de consumo, los impuestos, tasas y contribuciones, de la compra y venta de trabajo barato y de la implementación de las nuevas tecnologías con las cuales se sustituye el trabajo masivo, no calificado de cientos de miles de trabajadores.
Por su parte el incremento del salario mínimo no corresponde a un aumento real del mismo en proporción al aumento de los precios de los bienes y servicios sino con la recuperación parcial de la capacidad de compra de los trabajadores que siempre está por debajo del valor de la canasta familiar. En tanto que con el día sin IVA y el “Black Friday” se promueven la adquisición de toda clase de bienes y servicios, estimulando aún mas el consumismo en medio de la crisis económica y social.
En este momento el debate del salario mínimo para el año 2021 ha llevado a los representantes de los gremios empresariales a afirmar que el aumento propuesto por las centrales obreras no solo perjudica a los desempleados e informales sino a las empresas de todos los tamaños. En este mismo sentido también se afirma que es necesario congelar los salarios como una manera necesaria para evitar el aumento de la inflación que afectaría a los empresarios que verían disminuidas sus ganancias por el aumento relativo de los costos laborales. Así mismo se plantea la necesidad de estabilizar los precios con miras a que el incremento salarial conserve su valor, lo cual resulta imposible de cumplir ante el influjo determinante de las fuerzas espontáneas del mercado y la incapacidad del Estado para lograr que los monopolios impongan los precios de los bienes y servicios que ofrecen en el mercado.
No es improbable que el gobierno fije el aumento del salario mínimo después de llegar a ciertos acuerdos con el sector empresarial y con algunas organizaciones sindicales proclives a conciliar los intereses de los trabajadores del sector privado con el gran capital, con miras a minimizar el impacto social con la aplicación de las políticas neoliberales y así poder garantizar en medio de la crisis económica y sanitaria el retorno de las inversiones acompañadas de jugosas ganancias obtenidas en esta ocasión a costa de la implementación de nuevas formas de explotación económica del trabajo, en lo que podría calificarse como el “retorno al trabajo esclavo” con la reducción del salario mínimo y el no pago de los parafiscales y reducción de aportes para pensión, lo cual no va a reactivar la economía ni a generar los miles de empleos formales que el país requiere, en tanto que mucha gente desempleada y sin ingresos para sostener a su familia, terminan vendiendo su fuerza de trabajo a cualquier precio, empeorando aun mas su condición laboral y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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