María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Colombia revive uno de los capítulos más dolorosos de su historia: el secuestro. Hablar de esa práctica escabrosa y deleznable reabre las heridas de quienes vivieron en carne propia o en la de sus familiares, la crueldad y sevicia de las Farc, grupo narcoterrorista que usó sus vidas como escudo humano y en la mayoría de los casos, como fuente de financiación. La degradación humana en su estado más puro.
Hay un avance, aunque tardío, en la imputación de cargos que anunció con bombos y platillos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de la cúpula de las Farc, máximos responsables de la planeación y ejecución del vil secuestro de 21.396 personas, entre los años 1.990 y 2016 (según información de ese tribunal). Pero eso no es suficiente. La impunidad y la burla a la que han sido sometidas las víctimas es inaceptable y vergonzosa. No solo tienen que ver a sus victimarios ostentando curules en el Congreso de la República, sino que además deben escuchar como niegan su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, al tiempo que sin un ápice de dignidad y con cinismo dan cátedra de moral sin haber pagado un solo día de cárcel y mucho menos sin haber reparado a una sola de sus víctimas.
Con profundo dolor recuerdo hoy los relatos de la barbarie que fue engañar a la muerte y sobrevivir al cautiverio de muchos de los secuestrados, a quienes las Farc encerraron con sevicia en jaulas, casi como animales en medio de la espesa selva, donde la inclemencia del terreno y el clima, no dan tregua. Sólo recordar el caso del general (r) Luis Mendieta, quien tuvo que desprender garrapatas de sus partes íntimas, lidiar con graves infecciones por hongos en todo su cuerpo, sobrevivir al paludismo y leishmaniasis , arrastrarse para seguirle el ritmo a sus captores en medio de extensas caminatas, conocidas como “marchas de la muerte”, y hasta hacer sus necesidades delante de los demás cautivos. Tratos inhumanos que de solo recordar causan escozor y repudio.
Por eso, en señal de rechazo a estas conductas, siempre dijimos en el Centro Democrático que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad no podían llegar al Congreso de la República. Entre otras cosas porque la Constitución Política, por sólo citar dos artículos, es clara en que “nadie que haya sido condenado en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio público puede participar en política” (artículo 122) o “no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos” (artículo 179). Así las cosas, muchos de las Farc, por tener condenas y ser responsables de crímenes de lesa humanidad, no pueden ejercer cargos públicos como ser congresistas.
Pero eso no se está cumpliendo. Catatumbo, uno de los cinco senadores de las Farc que hoy está en el Congreso fue condenado por la justicia ordinaria colombiana a 130 años de cárcel, y Lozada, otro de los imputados por la JEP, está sindicado por la Fiscalía por homicidio y secuestro, y por la DEA por narcotráfico.
Preocupa y sorprende además que ese tribunal de “paz” hiciera referencia a que los ocho cabecillas de las Farc imputados la semana pasada, no solo cometieron crímenes de lesa humanidad, sino crímenes de guerra, lo cual les abre la puerta al estatus político y al reconocimiento de que en Colombia hubo una guerra, cuando lo que existió fue un grupo narcoterrorista -Farc- (uno de los tres mayores carteles de cocaína del mundo) atentando contra la población civil y los funcionarios del Estado. Por ello rechazo que Lozada y Catatumbo, y por supuesto Israel Zuñiga y Victoria Sandino, que tanto le deben a la justicia, y que no han aportado verdad y reparación, estén en el Congreso como ‘honorables senadores’; y con el máximo cinismo, legislan sin tener autoridad moral ni dignidad para ello. Su presencia en el Legislativo es una burla y revictimiza a sus víctimas.
Pero el secuestro es solo una de las tantas conductas ilegales que perpetraron las Farc. No se nos olvidan los abortos, las violaciones, el reclutamiento forzado, las extorsiones, los homicidios y los atentados terroristas, todas graves pero que al sol de hoy siguen siendo solo un renglón más en los cientos de documentos y expedientes que reposan en la JEP, un tribunal que tristemente parece haber sido creado para buscar salidas y exculpar los crímenes atroces de las Farc.
Las cadenas de la selva quedaron en la memoria de todos los colombianos. La máquina del secuestro solo es una página del libro del horror que vivimos por cuenta del narcoterrorismo y la sed de violencia y poder de las Farc. Por eso hoy exigimos que los exguerrilleros imputados con delitos de lesa humanidad como Lozada y Catatumbo, y los otros que también estén condenados por la justicia ordinaria, renuncien o los renuncien del Legislativo.
Esta imputación no solo debe servir para exigir justicia sin impunidad y reparación para las víctimas, sino para que los responsables de la infamia y el horror del secuestro y de otros crímenes atroces, sean condenados con firmeza y que ello se represente en verdaderas penas privativas de la libertad (sin beneficios) y sanción social.
¡Les llegó la hora de responder! Quiero creer que ese viejo adagio que reza: “la justicia llega tarde, cojeando, pero llega”, aplicará en este caso.