Editorial
La explosión de un carro bomba el viernes 26 de marzo frente en el Norte del Cauca (frente a la alcaldía de Corinto) con 19 personas heridas es una situación de orden público que debe generar una respuesta del gobierno nacional convincente ante hechos muy delicados que permanentemente suceden en el norte del Cauca.
El problema del Norte del Cauca, con municipios donde unos días suceden movimientos guerrilleros, toma de tierras por parte de indígenas, actos terroristas, secuestros, asesinatos de líderes sociales, etc, es algo muy delicado (Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Villa Rica, Puerto Tejada, Miranda, Padilla, Corinto, Toribio, Caloto, Jambaló, Guachené, etc)
Según las informaciones iniciales el acto terrorista es un acto militar y político de los disidentes de las FARC, perpetrado por la columna móvil Dagoberto Ramos, en aniversario del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, y también como reacción a las actividades del ejército nacional, ante las actuaciones debida a la alerta por acciones de terroristas del movimiento guerrillero y narcotraficante.
En el caso de Corinto y estos municipios como Caloto y demás estar en la ruta de la comercialización de la droga de los grupos armados y por eso se disputan los territorios en el Norte del Cauca, donde hay 2 líderes guerrilleros denominados alias “Cejas” y alias “David” que fueron los que originaron el atentado de la explosión del carro bomba. En Corinto llevaban año y medio sin atentado con explosión, el ejército con 280 hombres y 8 pelotones persigue a los facinerosos. Hubo 43 afectados, de los cuales 6 personas están estado crítico. Es una acción terrorista indiscriminada contra la población civil.
El ministro de defensa dijo “sin tregua contra la delincuencia, narco criminales no seguirán sembrando terror en la población. Di instrucción a @policíacolombia y @fuerzasmilitaresdeColombia no descansar hasta encontrar responsables”
Y como hecho alterno otros disidentes de las FARC hostigaron en el municipio de Caldono, en la subestación de policía a los policías, hecho que también se vivió al comenzar la tarde en Toribio, en Argelia donde hubo combates de disidencias del ELN y la fuerza pública, con la muerte de un soldado con una bala de fusil.
Y como si fuera poco en la vía Panamericana entre Cali y Popayán en varios postes y árboles se pegaron la foto de Tiro Fijo con el mensaje del día internacional del derecho de los pueblos a la rebelión armada (26 de marzo).
Todos estos actos terroristas realizados en el norte del Cauca demuestran la situación grave de una guerra política que se vive en las goteras de Cali, Caloto a una hora, cuatro minutos en avioneta.
El gobierno a través de los años dice que la situación en el Norte del Cauca es muy delicada, el tema del narcotráfico, y la pelea permanente por las tierras, ha originado que mejore la presencia de la fuerza pública, se ha aumentado las recompensas para que la comunidad pueda denunciar con los ciudadanos, en municipios donde hay índices de violencia que son aterradores.
En el tema de conflicto de tierras con comunidades indígenas donde el ministerio del interior, la agencia de tierras donde hay un permanente choque entre el sector empresarial cañero, y los terrenos de vocación agrícola estadio, especialmente las fincas que cultivan caña.
Se volvió común en varios municipios del norte del cauca, retenes por parte de organizaciones de narcotraficantes y de minería ilegal, que se ha convertido en secuestros.
Permanentemente los hechos de violencia ocurren con secuestros en estos municipios, masacres, lo que origina que el gobierno desde Bogotá llegue a hacer Consejos de Seguridad, señalando al narcotráfico como el generador de violencia, con grupos armados que se dedican a esta actividad, con asesinatos selectivos, pues es un área de estos municipios que van sus alcaldes a reuniones con el ministerio del interior, de defensa y a las diferentes comisiones del Congreso de la República y denuncian las disputas de las economías ilegales hasta la tenencia de la tierra, donde hay alianzas de sectores armados, económico y políticos en la región que lo convirtieron en estructurar el conflicto social y armado.
Indudablemente se requiere la intervención integral del Estado, para fortalecer iniciativas sociales y comunitarias de la protección a la vida, con un detalle muy delicado que el 60% de las masacres en el país son del Cauca en una guerra también entre grupos armados al margen de la ley. Solo en el año 2020 ocurrieron 13 masacres y 70 líderes y lideresas asesinadas; allí se concentra el 70% de los cultivos ilícitos del país. Y como si fuera poco la justicia no está en esos municipios y la violencia sigue adelante.
No hay derechos humanos en el Norte del Cauca, brilla la impunidad, con tres guerras simultáneas entre las disidencias de las FARC, un grupo denominado EPL y dos estructuras del narcotráfico.
Y quien está sufriendo es la población civil a quien le toca ser leal a cada uno de los delincuentes que llegan, donde el narcotráfico es el combustible de la tierra, fortalecidos durante la pandemia y especialmente desde el post conflicto. No más anuncios de compromiso con la seguridad del Norte del Cauca, de articulación del gobierno, la fuerza pública y las autoridades locales y de intervención integral. Lo que se requieren son resultados y el gobierno nacional debe responder.