Editorial
En un lapso de los últimos 10 años hemos visto que la justicia en todos los niveles, no solamente se han vuelto corruptas, politiqueras e inmorales y con la condena del ex Magistrado de la CSJ, Francisco Ricaurte, quedó demostrado judicialmente y una vez más, el gravísimo problema de la rama.
Que el ejercicio de la magistratura en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, tenga bajo el mando de sus instituciones a magistrados como los involucrados Gustavo Malo, Leónidas Bustos y Ricaurte con 19 años de sanción de privación de la libertad.
Por supuesto que el cartel de la toga no es solamente ellos, también existe en todos los niveles o funcionarios de la Corte constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura (existe aún), en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía, etc.
Se llegó a demostrar la existencia real del cartel, con actos de corrupción probados y el derrumbe de la justicia por la solidaridad de cuerpo, en la Corte Suprema de Justicia para deslindar el nivel delincuencial de algunos, con la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y no ha tenido el valor de su alta magistratura, para responder como institución.
Y todo logrado gracias a las rebajas con la delación del ex Fiscal Luis Gustavo Moreno por los delitos cometidos en EEUU, sumado al maridaje entre la justicia y la política también demostrado en el mismo proceso
Hasta ahora la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes sigue estando en deuda con el país, juzgando a magistrados de altas cortes y políticamente también le cabe a los ex magistrados que han pontificado de lo bueno, lo divino y lo humano alrededor de la justicia colombiana, fueron compañeros de Ricaurte, Malo y Bustos, y no han sido capaces de señalarlos públicamente, no se sabe porque intereses.
Y hay que decirlo, lo mismo que al sistema político , el narcotráfico, la corrupción y la politiquería se ha tomado a muchos magistrados de las cortes, incluyendo la institución mejor reputada en el país como la Corte Constitucional, donde un ex Presidente ( Jorge Ignacio Pretelt ) recibió dinero por fallar una tutela.
Y las Universidades que han sido cantera precisamente de estos magistrados para sus postulaciones y ascensos con fundamento en apoyos políticos, y tampoco han sido capaces de separar la actuación de esos “juristas”, que en el ejercicio de sus cargos, han deshonrado la justicia.
Desde el 2014 hubo consenso para acabar con el Consejo superior de la Justicia , se votó en 8 debates y la misma corrupción lo salvó.
Y desde nuestra línea editorial hemos sido enfáticos en señalar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para darle solución al tema de la justicia, incluyendo volver a tener una gran Corte con una sala de cierre constitucional.
El país no ha podido entender que muchas veces la Corte Constitucional dice una cosa y la CSJ mira para otro lado (choque de trenes) y con sentencias totalmente contradictorias el país tiene que aguantarse esa situación irregular y anómala de la justicia colombiana. (Caso sistema UPAC). Y todo finalmente son intereses particulares, no conceptuales,