Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La Organización de Estados Americanos (OEA) creó en 1959 la organización de observancia de derechos humanos conocida como Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Curiosamente su primer director fue el escritor venezolano Rómulo Gallego, país donde se presencia la mayor violación de derechos humanos del continente.
Paralelamente a este organismo fue creada, veinte años después (1979), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tribunal para aplicar e interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre adoptada desde 1948.
Por otro lado, no siendo organismo oficial, existe una organización no gubernamental (ONG) fundada en 1978, mejor conocida como Human Rights Watch (HRW), alcance limitado como observatorio de Derechos Humanos.
En la División de Las Américas de HRW funge como director el abogado chileno José Miguel Vivanco, quien hábilmente y en virtud a la exposición mediática brindada por los medios colombianos se ha convertido en una especie de guarda faro de la diosa mitológica griega Veritas, única palabra contenida en el sello universitario de Harvard, donde realizó su maestría en derecho.
Tanto el Sr. Vivanco, como los organismos de la OEA, encontraron en Colombia el objetivo perfecto para enfilar sus retóricas armas acusando y tildando al estado de profanador de derechos humanos. Han transgredido, en sus declaraciones y actuaciones contra la soberanía constitucional del estado social de derecho nacional.
En una de las más recientes declaraciones, Vivanco rechazó la expulsión de una ciudadana alemana, por la autoridad migratoria colombiana, quien había llegado en marzo como turista, pero se había integrado a la “primera línea de resistencia” caleña de los paros de abril y mayo.
Fueron precisamente estas “protestas sociales”, las mismas que destruyeron la infraestructura de movilidad urbana de las ciudades, incendiaron puestos de policía, atacaron la fuerza pública, amenazaron la estabilidad económica de cientos de miles de empresas y violaron los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población, a quienes los organismos pusieron el ojo avizor y protector exigiendo al gobierno observancia de “abusos” contra la horda de vandálicos y salvajes manifestantes.
Aprovecharon la nobleza de la dirigencia nacional, para solicitar la visita de una comisión de la CIDH, que pese a su falta de imparcialidad ideológica, no encontró fundamentos probatorios de violación de derechos humanos en el actuar del estado.
La serenidad con la cual el estado ha actuado, en defensa de los derechos plasmados constitucionalmente, no debe permitir, que organismos internacionales califiquen errónea y equivocadamente su proceder.
Indudablemente el actuar de estos organismos es lo más parecido al acoso escolar del “bullying” donde el agresor intimida la víctima abusando de su efímero poder.
No se entiende porque estos organismos no se enuncian con similar vehemencia contra los cotidianos abusos de derechos humanos de la indefensa población venezolana, sometida a la hambruna, devastación y forzado desplazamiento. Tampoco se concibe la falta de pronunciamiento contra el régimen esclavista cubano, que salió a atacar los miles de manifestantes, que solamente clamaban “libertad” después de más de sesenta años de privación.
¿Porque el silencio ante el atropello de Ortega en Nicaragua quien abusivamente priva de libertad a sus contendores del democrático proceso electoral? Tampoco se escuchan sus voces de rechazo ante la autoridad haitiana que somete a ciudadanos colombianos a inhumanas condiciones carcelarias privados de garantías procesales y defensa jurídica.
Es hora de enfrentar con altura y argumentos a estos Cerberos, de espantosos ladridos y con víboras de cola, que pretenden desestabilizar nuestros principios fundamentales de libertad democrática republicana.