Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Las contradicciones y conflictos que han surgido entre el gobierno del presidente Petro y diversos sectores económicos, políticos, gremiales, empresariales, han exacerbado el ambiente de tal manera que no parece viable la suscripción de un acuerdo nacional propuesto por el gobierno.
Lo cierto es que a pesar de que el presidente Petro insiste en dicho acuerdo condicionado a la aprobación de ciertas políticas contenidas en varias reformas que se tramitan en el Congreso de la República, esta circunstancia ha generado una mayor polarización en medio de un clima retador y desafiante que ha complicado hacer las transformaciones que requiere el país y la sociedad en su conjunto.
Esta circunstancia obedece en buena medida a que el gobierno ha optado por imponer una serie de condiciones que los grupos empresariales y demás organizaciones sociales no comparten, generándose con ello una situación de enfrentamiento que se ha convertido en un obstáculo para que se avance en un posible acuerdo, particularmente en aquellos casos en que se discute el contenido de las reformas, las tarifas de los servicios de energía, los derechos laborales de los trabajadores, la participación de los ciudadanos en la protesta social, etc., entretanto se consideran una afrenta las movilizaciones ciudadanas estimuladas por el gobierno como una forma de presionar el trámite y la aprobación de las reformas en curso, agravándose la polarización existente en el seno de la sociedad.
La oposición de los intereses de los gremios empresariales y demás organizaciones sociales con los intereses del gobierno, ha puesto en tela de juicio los intereses generales de la sociedad ligados a sus necesidades materiales y espirituales relacionados con su existencia y desarrollo económico y social.
Y de ahí que la base fundamental de dicho acuerdo no debe ser otro que el ascenso y progreso de las fuerzas que impulsan el crecimiento y desarrollo económico, político y social de los colombianos y no de una minoría que terminó apropiándose de la riqueza social que se produce con la participación de millones de colombianos que viven de su trabajo.
Desde luego, no se trata de desconocer ni obstaculizar los intereses de determinados grupos económicos y sociales en cuanto al reconocimiento del nivel alcanzado en torno a sus posibilidades y condiciones para satisfacer sus necesidades, alegando para ello la defensa del interés general o social o viceversa, es decir, ocultando el interés general en favor de una minoría.
En tal caso se deben conjugar ambos intereses, lo que conlleva a la necesidad de organizar y dirigir dicho proceso sin permitir adulteraciones subjetivas de ningún género, con lo cual será posible llegar al acuerdo que está esperando el pueblo colombiano; en tanto que las contradicciones que surjan en diversos aspectos deben ser resueltas apelando al principio justo e ineludible consistente en darle prioridad a los intereses más amplios sobre los más estrechos, subordinando unos a otros, lográndose de esta forma la armonía entre la sociedad y los intereses de grupo, clase social o individuales.
Así las cosas, el gobierno podrá contribuir al cambio social en correspondencia con los intereses de la inmensa mayoría de colombianos que hoy sufren los rigores de la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades de trabajo, la deficiente calidad de la educación y de la salud, de la inseguridad, etc.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social