Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
La nueva constitución marchó en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, a la par con la apertura económica para el agro, que indudablemente no era la protección al sector; creyeron los constituyentes que se había entregado un marco de referencia para avanzar en la reforma agraria y no lo lograron, podría decir que los campesinos se sienten desestimulados, por muchas razones, empezando por la económica: La franja de precios ha sido un escenario cambiante, porque la competencia internacional es la que finalmente prima. Por ello el sector siempre se ha sentido desprotegido, aunque la constitución precisó que debe tener protección, un paso adelante y uno para atrás , origen de un consenso tripartido: Gobierno ( liberal ), M19 izquierda y Salvación Nacional derecha.
Indudablemente hemos tenido una producción del agro importante, se asegurado el autoabastecimiento alimentario, salvo algunos renglones en determinados momentos, pero si no se ha podido lanzar con fortaleza todos los productos agropecuarios a competir internacionalmente.
Las leyes están influenciadas por un volumen de congresistas que defienden el statu quo y eso también ha afectado el desarrollo, similar a la constituyente del 91.
La apertura económica comenzó casi que a la par de la nueva constitución 1990-1991 donde Colombia el volumen de importación era menor (400,000 toneladas de productos primarios alimenticios y 150.000 de productos procesados, en total 600,000 toneladas), pero 30 años después la importación se ha multiplicado, precisamente por la misma apertura a más de 12 millones de toneladas.
Aumentó la siembra de cultivos permanentes pero se dejaron de sembrar más de 1 millón de hectáreas, con reducción de la siembra de cultivos transitorios y su reemplazo por cultivos tropicales permanentes, es una crisis del sector agropecuario. La constitución del 91 precisó en tres diferentes artículos sobre el agro en general el artículo 64 que dice “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la sociedad de la tierra a los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
El artículo 65: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de la actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras” y el artículo 66: “Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales de crédito agropecuario, teniendo en cuenta el ciclo de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad de las calamidades ambientales”.
La realidad es que los tratados de Libre Comercio TLC generaron que la producción de alimentos no tenga la especial protección del Estado, hay desigualdad con los productores de la Unión Europea o de Estados Unidos, cuando allá si le dan una gran protección en sus estados.
Y en su artículo 333 la C N dice: “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, entre los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”
Adicionalmente el artículo 100 de la carta constitucional: ” Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley”.
La corte constitucional en sus diferentes sentencias ha declarado la constitucionalidad del acuerdo comercial de Colombia con Estados Unidos y otros TLC, con el argumento que los artículos 13 y 100 de la constitución, no deriva un trato discriminatorio a los productos y servicios extranjeros. Los TLC con patente constitucional han generado un gran daño a la producción agropecuaria nacional, y los gobiernos no han corregido mediante otros modelos de desarrollo, que no se desproteja al sector.
En campaña los candidatos presidenciales se rasgan las vestiduras por el agro, pero este no es competitivo y todos los analistas han coincidido en que las políticas macroeconómicas han tenido un fuerte impacto negativo, , incluyendo los gobiernos, que buscan corregir el problema, por lo tanto se requieren indudablemente unas políticas sectoriales a favor del sector agrario.
La liberalización de los mercados y apertura al exterior, con una menor intervención del Estado y sus respectivas reestructuraciones y políticas de ajuste estructural al medio rural han reconfigurado el campo colombiano.
Colombia lucha por aumentar la competitividad de la economía y la productividad, que el sector agropecuario es siempre un sector con alto potencial de crecimiento para impulsar el desarrollo económico de Colombia, pero seguimos con un PIB de US$1006 millones de dólares, muy pequeño, el número 39 en el país y un PIB per cápita de U$5.738 dólares ( DANE 2020) , la situación es muy delicada.
Debe existir una verdadera planificación estratégica en el sector agropecuario para apalancar la política del sector y aunque suene repetitivo, dar mayor apoyo en ciencia y tecnología en materia agropecuaria.
El sector agropecuario debe reorientarse para ponerle al servicio de los productores nacionales y de la soberanía alimentaria, convertirlo en un negocio global, darles capacidad educativa y tecnológica para un mejor desempeño, volver eficiente los sistemas de producción, transformación y distribución y así mejorar la capacidad de competencia frente al mundo.
Debe ser una política estratégica de Estado y eso requiere un ajuste legal del sector del agro.