Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Qué le espera al pueblo colombiano en el gobierno del presidente Duque? La respuesta a esta pregunta aunque genera muchos y nuevos interrogantes seguramente no tendrá respuesta alguna en medio de su materialización en un conjunto de medidas económicas, políticas y sociales, a través de las cuales se revelará la verdadera esencia de los compromisos adquiridos en la campaña electoral, casi siempre oculta a la simple percepción de los sentidos, que restringe el juicio y predispone el ánimo de quienes se dejaron ilusionar con las palabras y promesas del otrora candidato a la presidencia de la república.
Es cierto que el presidente electo ha dicho que el primer desafío es recuperar la economía del país, para lo cual presentará entre otras iniciativas un nuevo proyecto de reforma fiscal que permitirá compaginarlo con un sistema tributario simple en materia de trámites, incluyendo grandes incentivos a la inversión nacional y extranjera como reducción del impuesto a la renta y devolución del 100% del IVA sobre la inversión de bienes de capital, etc., lo cual deberá contar con un gran consenso del Congreso de la República y del sector privado.
Al mismo tiempo propone a manera de compensación por la disminución de los ingresos del Estado, derivada de la reducción de los impuestos y del mantenimiento de ciertos subsidios al gran capital, ampliar la base tributaria lo que significará que un número mayor de colombianos entre pequeños y medianos empresarios tendrán que pagar más impuestos, contribuciones, tarifas, etc., en tanto que para aquellas personas naturales pertenecientes a la clase media, habrá una nueva ley de financiamiento para la adquisición de vivienda, cuyo objetivo principal es contribuir a la reactivación de la industria de la construcción; política esta que como se sabe terminará afectando el patrimonio familiar que quedará hipotecado por dos o tres veces más del valor inicial en favor de las entidades financieras, que en tiempos de la desaceleración económica afecta directamente al deudor hipotecario que no puede cumplir con sus obligaciones crediticias.
Aunque existe el propósito de disminuir los gastos de funcionamiento del Estado que se han incrementado sustancialmente, se propone hacer una reforma a la administración pública, reducir la evasión del impuesto de renta y del IVA en un 50% en los próximos cuatro años lo que según dice el presidente electo, le permitirá al gobierno obtener veinte billones de pesos adicionales que utilizará para rebajar la carga tributaria, estimulando la inversión, mejorando la contratación de personal y aumentando el salario a los trabajadores. Sin embargo nada de esto parece tener fundamento en la realidad en un país en donde al lado de la inestabilidad cambiaria, déficit fiscal, inflación y desequilibrio en la balanza comercial sea posible crecer de manera sostenida y confiable, mientras deberán pagarse -según el informe de la Contaduría General- doscientos setenta y cinco mil millones de pesos en menos de un año, correspondientes a casi el 89% del PIB nacional que tuvo un aumento cercano al 7% frente al año anterior, además de las deudas resultantes al 31 de diciembre del año pasado que superaron los 811.5 billones de pesos relacionados con las cuentas por pagar y las que tienen que ver con la deuda externa con la banca multilateral.
En estas circunstancias resulta muy poco creíble que se puedan impulsar el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional como aspira el presidente electo para Colombia. Además es muy poco probable por ejemplo que se puedan canalizar los recursos provenientes de las regalías con destino a las regiones productoras de petróleo para la ejecución de proyectos que tengan por finalidad la formación de capital de largo plazo y de gran impacto económico y mucho menos que se pueda entregar anticipadamente a alcaldes y gobernadores dichos recursos antes de que se produzca la extracción efectiva del petróleo o del gas natural.
Por cierto esta propuesta constituye en cierta forma una manera de presionar indebidamente a las comunidades para que depongan su lucha por la defensa de los recursos naturales que hoy se libra en varias zonas del territorio nacional, en donde es mas importante mantener y salvaguardar las fuentes hídricas que apostarle a la explotación de nuevos yacimientos de petróleo, de gas o de minerales con los cuales se causa un gran daño a la comunidad y tan solo beneficia económicamente a las grandes empresas multinacionales.
En cuanto a la propuesta sobre el régimen pensional, el presidente Duque considera que el reto más grande es ampliar la base de cotizantes pues en la actualidad existen 22 millones de personas ocupadas y tan solo 8 millones cotizando a pensión y salud, además de que buena parte de los subsidios van a parar a manos de la población mas rica del país.
Como alternativa de solución el presidente electo radicará un proyecto de ley mediante el cual se establecerá un régimen de transición con eventuales cambios en la edad de jubilación y de cotización al tiempo que se respetarán los derechos adquiridos y las meras expectativas con lo cual supuestamente se piensa que de esta manera se garantizará la sostenibilidad del sistema pensional.
Esta reforma desligada de la realidad económica y social poco o nada servirá en la práctica para que los ciudadanos que viven de su trabajo puedan pensionarse, quedando sometidos a recibir del Estado la solidaridad mendicante derivada de los planes asistencialistas que cada vez se extienden a un mayor número de habitantes y para lo cual se creará un fondo de ingreso mínimo que le garantice a quienes nunca podrán pensionarse un salario mínimo y de esta manera, en la sociedad colombiana continuarán acentuándose la división y la desigualdad económica y social entre pobres, muy pobres y ricos.
No obstante las diferencias de forma entre Santos y el presidente electo Duque, ambos dirigentes coinciden en mantener la gran propiedad capitalista y estimular la inversión extranjera, en la creencia de que por este camino la economía nacional crecerá y con ella el empleo, el bienestar general y el progreso social.
La existencia de una realidad aparente e ilusoria como la colombiana sumergida en una especie de letargo mediatizada por la demagogia, el populismo y el reformismo enmarcados en las políticas del régimen, no tienen otro propósito que apaciguar los ánimos de las clases y grupos sociales explotados que finalmente tendrán que reflexionar y actuar en defensa de sus derechos y libertades y en la construcción de una nueva realidad de carácter económico, político y social.
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